En el marco del análisis del proyecto de ley del Frente Amplio para la reestructuración de deudas de personas de bajos ingresos y nuevos topes de usura, el Ministerio de Economía y Finanzas compareció ante la Comisión de Hacienda de Diputados.
Eso lo expresó el subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, según la versión taquigráfica de la reunión, en la que dijo que el MEF y el Banco Central (BCU) trabajan en el tema.
"Uno de los riesgos potenciales que podemos tener es que estamos resolviendo el problema del endeudamiento formal -y de la tasa de usura en los créditos formales- de las familias, en particular, que es a donde apunta el proyecto, dejando de lado a las empresas, pero con el costo de limitar severamente el acceso al crédito y, por lo tanto, empujando a las familias al mundo del crédito informal", advirtió Vallcorba.
"El crédito es un instrumento muy útil tanto para la producción como para el consumo" ya que "contribuye al desarrollo económico y social, y el principal problema que tenemos refiere a las condiciones en las cuales accedemos al crédito y el uso que se le da a él", puntualizó el subsecretario. "Debemos dejar claro que el crédito como tal no es una mala palabra. El objetivo no es tratar de que haya menos crédito en la sociedad; al contrario", aseguró.
De hecho, en su reciente disertación en el Almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM), el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone recordó que en Uruguay el crédito alcanza al 30% del Producto Interno Bruto (PIB), un guarismo que definió como "impresentable" a nivel internacional, cuando en economías de un nivel de desarrollo similar la penetración del crédito alcanza (y en algunos casos supera) el 50% del PIB.
Vallcorba puntualizó que el proyecto de ley del FA analiza el problema del endeudamiento de las personas, y si bien "es cierto que hay un conjunto de compatriotas que está con una situación de sobreendeudamiento y problemas de endeudamiento importante, también tenemos que partir, como diagnóstico, diciendo que nosotros no identificamos un problema de sobreendeudamiento generalizado en la economía uruguaya ni a nivel de la producción ni a nivel de las familias".
"Los problemas focalizados de sobreendeudamiento y los problemas también de acceso se dan con un foco muy centrado en los sectores más vulnerables. Allí es donde tenemos peores condiciones de acceso al crédito y donde esas peores condiciones de acceso al crédito muchas veces terminan también degenerando problemas de sobreendeudamiento", agregó.
Para Vallcorba "reconociendo que acá tenemos un problema, tanto a nivel de los topes de tasa de usura como de los problemas de endeudamiento, debemos tratar de evitar el riesgo de los atajos o las soluciones voluntaristas".
"Esas soluciones que muchas veces pueden estar muy bien inspiradas y que persiguen objetivos loables pueden terminar generando consecuencias que son exactamente las opuestas a las que uno busca, en particular si el resultado es que desplazamos a los sectores más vulnerables del mercado formal del crédito al mercado informal", alertó.
Los préstamos "gota a gota"
El subsecretario de Economía y Finanzas dijo que "hay una realidad que, por suerte, en nuestro país todavía está relativamente poco desarrollada, pero que cuando uno mira otros países latinoamericanos comprueba que está muy desarrollada" que son "los denominados préstamos 'gota a gota'". Este tipo de crédito informal se mueve "en el mundo del delito, muy vinculados al narcotráfico, y que son una tendencia que ha estado presente y creciente en la mayoría de los países latinoamericanos y que en Uruguay todavía es incipiente".
¿Por qué planteó esto Vallcorba en el debate sobre el proyecto de ley de deudores? Señaló que es una "referencia" que hay que "tener presente" porque es "el peor desarrollo del mercado de crédito que podemos tener: un mercado de crédito que da espacios a que estas actividades crezcan".
Y puso ejemplos "de ofertas de crédito real" de préstamos "gota a gota". Son "créditos de pago diario -por eso la idea de 'gota a gota'- y que muchas veces tienen un diseño que es el más adecuado para la necesidad, por ejemplo, de determinadas personas que tienen un emprendimiento, que tienen un puesto que lava autos en la calle, se les rompió la hidrolavadora, y si no la reparan no pueden trabajar", explicó.
"Por lo tanto, para poder seguir trabajando necesitan rápido tener un capital de poca cantidad de plata. Entonces, llega una oferta que, por ejemplo, les dice: '$ 15.000 en 30 cuotas de $ 600'. Son 30 cuotas diarias, o sea, en un mes lo devuelvo; son $ 600 por día. Si yo puedo seguir trabajando de repente eso yo lo puedo pagar y me resuelve el problema", ejemplificó.
Vallcorba analizó que "$ 15.000 en 30 cuotas de $ 600, con un costo total del crédito de $ 18.000 son $ 3.000; uno dice: 'En definitiva, no es tanto tampoco lo que le están cobrando de intereses', pero tiene una tasa efectiva anual implícita de 8.232%".
"¡Y tenemos casos peores!", añadió y puso otro ejemplo de una oferta de un préstamo "gota a gota" de $ 5.000 en 20 cuotas de $ 300 (es decir se devuelve de a $ 300 por día). El costo total del crédito son $ 6.000, pero la tasa efectiva anual es de 67.906%".
"Esta es una realidad que todavía, por suerte, en Uruguay no se ha expandido, pero que tenemos latente, y que da respuesta a sectores que no acceden a créditos", advirtió el subsecretario.
"Uno puede decir: 'Si yo le estoy cobrando una tasa de interés anual del 68.000%', -redondeando- 'el mercado formal debería tener muchísimas oportunidades de poder dar respuesta a esto'. Estamos hablando de un crédito a 20 días con pagos diarios", añadió.
Vallcorba insistió en que "cuando pensamos la regulación también tenemos que pensar que estas actividades muchas veces dan respuesta a necesidades, y que nuestra regulación de tasas debería dar espacio a que operativas de este tipo en el mercado formal existieran y se pudieran desarrollar para evitar estas modalidades, que no solo se mueven en la informalidad, sino que no respetan ninguna tasa de usura y además tienen mecanismos de cobro bastante poco ortodoxos".
"Eso genera dificultades en la convivencia social y en el entramado de convivencia en los barrios. Esta es un poco la problemática general que está como telón de fondo en todas estas discusiones", afirmó.
El crédito formal y la usura
El jerarca del MEF mencionó otro aspecto a tener en cuenta cuando se quieren modificar topes de tasa de interés para considerarlas usura. "Desde el punto de vista legal, uno puede aterrizar y dar una definición a lo que es la usura, pero esencialmente, por detrás, lo que estamos diciendo es que la tasa que se cobra es un disparate", señaló.
Para evaluarlo en forma razonable, se "debe tener en cuenta el impacto que tiene el plazo y el impacto que tiene el monto de la operación en los intereses cobrados tanto de la perspectiva de quien da el crédito como de quien lo recibe", dijo Vallcorba. Para quien otorga el crédito si este es "de muy corto plazo, los intereses que se me generan son tan pocos que, de repente, no me permiten compensar los costos o el riesgo en que estoy incurriendo cuando presto, si cobro o no cobro", pero "para quien requiere de financiamiento también es relevante considerar el monto y el plazo" porque "si yo quiero un crédito por 15 días porque tengo que hacer una reparación ahora y la voy a poder pagar dentro de 15 días, que es cuando cobro la plata, me va a importar mucho más si lo tengo cerca, si me lo dan rápido, si no me exigen muchas cosas porque, en definitiva, el monto del crédito que yo voy a pagar por 15 días es relativamente poco en relación al capital prestado", explicó.
"Todos esos elementos son cuestiones que hay que considerar y, en particular, tener en cuenta por la influencia que tienen el plazo y el monto en el costo del crédito", añadió.
El jerarca puso dos ejemplos al respecto. "El primero, un crédito a muy corto plazo: si tenemos $ 9.000 a 15 días de plazo, con una tasa de interés del 100% -acá estamos a años luz de los ejemplos que veíamos recién de las tasas de los créditos 'gota a gota'-, deberíamos pagar $ 9.260; si la tasa fuera del 35% deberíamos agar $ 9.112. La diferencia del pago sería de $ 148. ¿A qué voy con esto? A que cuando el crédito es muy corto la tasa termina siendo un atributo relativamente poco importante, frente a otros, para quien toma el crédito", explicó.
"Y segundo, si tengo un crédito de bajo monto, por ejemplo de $ 3.000 a 12 meses, con una tasa de interés del 100%, la cuota mensual a pagar sería de $ 357; si la tasa de interés fuera del 35%, la cuota sería de $ 293. O sea, la diferencia del valor de la cuota sería de $ 64", añadió.
La propuesta del MEF y el mecanismo para evitar al "garronero"
Vallcorba dijo que el proyecto de ley que elaboró la diputada Julieta Sierra (FA) "para el Poder Ejecutivo, en particular para el Ministerio de Economía, es bienvenido; es una discusión necesaria porque, efectivamente, tenemos un problema".
Señaló además que sus planteos no son porque "tengamos posiciones diferentes en la esencia respecto del proyecto que está a consideración. Sí entendemos que hay posibilidades de mejorar varias disposiciones, de incorporar nuevas y, específicamente en lo que hace a los topes para la tasa de usura, tener un criterio diferente de la clasificación de los créditos".
En ese sentido, dijo que la propuesta que están trabajando con el BCU respecto a la clasificación de créditos al momento de definir los topes de usura, "pasa por definir un criterio sobre qué entendemos por un crédito de bajo riesgo".
Un préstamo de ese tipo sería aquel que "en primer lugar, que durante un período de tiempo relativamente extenso no se haya tenido mala calificación, expresó Vallcorba y agregó que "por ejemplo, uno podría pensar que durante los últimos 24 meses nunca haya sido categoría 4 o 5; o sea, que haya un período de dos años en el cual no tenga historial negativo de crédito y que, además, tenga un período reciente de cumplimiento sistemático de las obligaciones de crédito, como que en los últimos seis meses haya sido siempre categoría 1 y 2".
Para esos créditos de bajo riesgo "creo que nosotros tenemos que ser mucho más exigentes en cuanto a tener un tope bajo de usura, porque ahí tenemos un crédito que, claramente, es de bajo riesgo", afirmó.
Luego estarían los créditos de riesgo normal o alto, con otros topes de usura más altos.
El jerarca, también apuntó que para definir los topes de usura hay que tener en cuenta el plazo del crédito y el monto del mismo.
Ejemplificó que un "crédito a 15 días, lo que me genera de interés una tasa del 100% es tan bajo que, seguramente, no haya ninguna institución formal que esté interesada en dar ese crédito con esos topes. Por lo tanto, si alguien precisa un crédito a ese plazo, sea para un emprendimiento productivo, un microemprendimiento familiar o para reparar un electrodoméstico en la casa hasta que cobre el salario, la alternativa que le estamos dando es mandarlo al mercado informal de peor calidad, que es lo que hoy funciona como crédito 'gota a gota'".
Por eso en el MEF "pensamos que hay que complementar ese tope general a la usura con un tope que se vincule con el monto del crédito. Por ejemplo, si voy a sacar un crédito de $ 1.000 -repito: los parámetros son cosas que tenemos que seguir pensando y trabajando- podemos decir: 'Bueno, se puede cobrar hasta un 10% por encima de eso"; lo digo por poner un ejemplo; podrá ser 10, podrá ser 15. Doy un crédito de $ 1.000 y, si es de 10%, el máximo que cobro es $ 1.100. Esto hace que si el crédito es a 10 días va a tener una tasa determinada (de tope de usura); si es a 15 días tendrá otra", expresó el subsecretario.
"Definimos una tasa que va variando en función del plazo del crédito, hasta que converja con el tope general. Entonces, de alguna manera logramos generar un criterio que dé flexibilidad para operaciones de muy corto plazo y algo similar para operaciones de bajo monto", añadió.
Otros aspectos del proyecto
Vallcorba se refirió a otros aspectos del proyecto de ley del FA, como el que baja el tope del interés moratorio que se puede cobrar para créditos chicos, mantiene que el plazo máximo sea por 24 meses y elimina la excepción de la acción judicial (actualmente si el acreedor interpone un procedimiento judicial el plazo máximo no aplica).
"Respecto al plazo, pensamos que 24 meses puede seguir siendo excesivo; si lo pensamos como una penalización y si hay un sobrecosto importante, eventualmente 12 o 18 meses podría ser un plazo de penalización suficiente", indicó.
"Estamos de acuerdo con eliminar la excepción de la acción judicial, pero consideramos que, inclusive, podríamos evaluar la posibilidad de eliminar el tope y que esto no solo aplique para créditos de bajo monto porque, en definitiva, hace a la lógica de lo que son los intereses moratorios. Esa lógica de que es una penalización pero que no me tiene que generar un problema imposible de resolver aplica para créditos chicos, pero también para créditos grandes", añadió.
El último aspecto del proyecto es el de establecer un mecanismo de reestructuración de deudas de personas físicas. "En ese caso entendemos que tenemos un problema y que el proyecto avanza en la búsqueda de una solución. ¿Cuál es el problema? Hoy tenemos una falla de coordinación entre los acreedores", apuntó Vallcorba
Recordó que "uno de los problemas que nosotros tuvimos en la crisis de 2002 fue que no teníamos un mecanismo que nos facilitara la negociación con todos los acreedores" de bonos uruguayos cuando en 2003 se quiso realizar un canje (finalmente exitoso).
"Teníamos que acordar uno a uno, y si con alguno no acordábamos quedaba por fuera. Los países, ya desde antes y Uruguay a partir de esa experiencia del 2002, incorporaron en sus emisiones de deuda cláusulas de acción colectiva. ¿Qué implican? Que bajo determinadas mayorías que se alcanzan con los acreedores, los acuerdos son obligatorios para todas las partes", añadió.
"Lo que esto evita es el comportamiento que en economía llamamos free rider, que podemos traducirlo como el típico 'garronero', situación por la cual, yo como acreedor, de repente no mayoritario, espero a que el resto de los acreedores acuerde, que dé quitas al deudor, que lo tornen viable, que el resto asuma el costo de la reestructuración y yo después que el deudor es viable cobro todo el crédito", resumió Vallcorba.
El proyecto plantea la idea de generar un mecanismo que habilite la negociación con los acreedores y que permita la reestructuración de las deudas de personas físicas. "Esa idea para nosotros es importante, está bien y va en la dirección correcta para resolver una falla de mercado", afirmó el subsecretario de Economía y Finanzas.
No obstante, Vallcorba dijo que tienen un par de dudas de cómo es ese mecanismo. "Es importante buscar mecanismos que simplifiquen la operativa" y "el procedimiento que está hoy planteado es complejo, genera un conjunto de obligaciones en particular a la Unidad de Defensa del Consumidor del MEF en la tarea de asesoramiento, mediación entre las partes, y la realidad es que hoy no estaríamos en condiciones de cumplirlas", reconoció.
El otro aspecto que genera dudas en el MEF es que el proyecto establece que en caso de que todas las etapas previas fracasen, un juez puede decretar una reestructuración forzosa de la deuda obligatoria para todas las partes, con el acuerdo del deudor. Eso se puede hacer una sola vez en la vida.
"Es como darle una única oportunidad a las personas de equivocarse. Yo me equivoqué o tuve un problema y hay una oportunidad en la vida y puedo tener un tratamiento muy favorable", expresó el jerarca.
"La principal objeción o duda que nosotros tenemos es el diseño de ese camino judicial que termina con un acuerdo decretado por el juez sin ninguna participación de los acreedores. Nos parece que sería razonable pensar algún grado de acuerdo de acreedores, aunque sea minoritario", planteó Vallcorba.
"Es decir, que haya dos grandes instancias: una vía administrativa de acuerdo entre partes, con ciertas mayorías calificadas de acreedores, que sea obligatoria para todo el mundo y, si eso fracasa, una vía judicial que no requiera mayorías de acreedores, pero sí algún grado de acuerdo, por decir algo: un tercio de los acreedores, pero por poner un ejemplo nomás, y en la medida en que no haya un acuerdo de la mayoría de los acreedores está el aval del juez que termina siendo obligatorio y aplica una única vez en la vida", explicó.
"Creemos que se puede refinar -tenemos que ser conscientes de que violenta un acuerdo entre las partes porque acá hay un contrato; cuando yo tomo un crédito tengo un acuerdo entre partes, y estamos previendo un mecanismo que lo violenta- a los efectos de tener algunas garantías de que eso se da con intervención judicial y con algún grado de acompañamiento de una parte de los acreedores, precisamente para facilitar la reestructuración y evitar estos problemas de coordinación o esa falla de coordinación que he comentado", concluyó.
El País, Uruguay
16 de mayo de 2026
