Regasificadora SPEC, multada por falta de veracidad en reportes
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios multó con $427 millones a la empresa Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC LNG) de Cartagena, tras detectar información financiera inexacta reportada al Sistema Único de Información (SUI)
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios multó con $427 millones a la empresa Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC LNG) de Cartagena, tras detectar información financiera inexacta reportada al Sistema Único de Información (SUI). Dijo que la conducta de la compañía compromete la capacidad de la autoridad para realizar análisis regulatorios y garantizar transparencia en el sector de servicios públicos, afectando el control sobre actividades vigiladas. El proceso sancionatorio determinó que SPEC LNG reportó datos correspondientes a 2022 con falta de veracidad, calidad y confiabilidad, al clasificar ingresos por $2.601 millones derivados de la "disponibilidad de la terminal" como actividad no vigilada. La Superservicios dijo que estos ingresos están directamente vinculados a la actividad de regasificación, y por lo tanto, debieron registrarse como actividad vigilada, pues la disponibilidad no es un servicio autónomo, sino la garantía de capacidad operativa para prestar el servicio. El SUI es la plataforma oficial donde todas las empresas de servicios públicos domiciliarios reportan información financiera, técnica y comercial. Señaló que la falta de veracidad en los reportes "compromete la capacidad de la autoridad para realizar análisis regulatorios sectoriales y garantizar la transparencia en el mercado". Esta plataforma constituye un insumo fundamental para la inspección, vigilancia y control del sector, siendo indispensable para evaluar la eficiencia y confiabilidad de las operaciones. Spec dijo que sus reportes financieros fueron presentados de manera completa, oportuna y con veracidad y que acudirá a las instancias administrativas y judiciales pertinentes para impugnar la resolución. Enfatizó que la sanción no refleja irregularidades en la entrega de información financiera y que los ingresos cuestionados se encuentran dentro de los parámetros de la normativa vigente.