Nuevo ataque institucional

Como no fue suficiente con el ataque al sistema previsional orquestado por el diálogo social, por estos días los legisladores del Frente Amplio descargaron una andanada de cuestionamientos contra la Fiscal de Corte por una decisión administrativa que entra de lleno dentro de sus competencias: disponer un cambio de fiscal a partir de su propia solicitud. La ofensiva, lejos de ser un episodio aislado, se inscribe en un patrón cada vez más nítido de desprecio institucional que debería preocupar a cualquiera más allá de las simpatías partidarias.

Empecemos por lo obvio. La designación, rotación y reasignación de fiscales en causas concretas es una potestad propia del Fiscal de Corte. No es un favor que se le hace a los partidos políticos ni una concesión sujeta al humor del oficialismo de turno, forma parte de la conducción de la Fiscalía General de la Nación, organismo autónomo cuya independencia fue uno de los pilares institucionales que el país se dio para alejar la persecución penal de los vaivenes de la política. Cuando un legislador en ejercicio se siente con derecho a interpelar públicamente al Fiscal de Corte por una decisión interna del organismo, no está planteando un reparo técnico; evidentemente, está planteando una amenaza poco disimulada.

El problema se agrava al advertir cuáles son las causas en cuestión: expedientes que tocan sensibilidades del propio Frente Amplio, en medio de la debacle en las encuestas que encendieron todas las alarmas. Seamos claros: el actual gobierno tiene una mayor desaprobación a la misma altura del período que la administración de Jorge Batlle. Y los dirigentes del Frente Amplio no están nerviosos, sino en la siguiente parada. De allí los cuestionamientos iracundos, los ataques a los analistas, periodistas, fiscales o comentaristas deportivos. Están pasando por el momento más crítico y lo dejan sentir.

Lo más serio es que esto no es una excepción. Empieza a ser, lamentablemente, un patrón. La rescisión apresurada del contrato con el astillero Cardama, el desmantelamiento del proyecto Arazatí, el regreso a la discrecionalidad en los combustibles tras enterrar el mecanismo de paridad, la pretensión de revisar por ley lo que la ciudadanía ratificó en las urnas en materia previsional, la subordinación de la política exterior a Itamaraty y las propuestas irresponsables en materia de seguridad social tienen un mismo hilo conductor: los frenos institucionales -contratos, reglas, organismos autónomos, fallos populares- son obstáculos a sortear antes que marcos a respetar.

A los legisladores frenteamplistas conviene recordarles algunas cosas elementales. La Fiscal de Corte no le rinde cuentas al partido de gobierno. Las causas penales no se reasignan ni se mantienen para complacer a los berrinches del partido oficialista. La división de poderes no es una pieza de museo que se exhibe en los discursos y se ignora en la práctica cuando se llega al poder.

El daño que estos episodios provocan es difícil de mensurar en el momento, pero es acumulativo y persistente. La confianza en las instituciones se construye en décadas y se pierde en meses. Uruguay tiene un prestigio internacional asentado sobre la previsibilidad, la independencia de sus órganos de control y el respeto a las reglas. Esos atributos no son adornos ni berretines de juristas apolillados: son los que explican que aquí lleguen inversiones, que los organismos multilaterales nos miren con respeto y que los ciudadanos sigan confiando en la Justicia. Embestir contra el Fiscal de Corte porque una decisión suya incomoda al oficialismo es, lisa y llanamente, dilapidar ese capital con una brutalidad muy poco uruguaya.

Lo más preocupante es la mezquindad del cálculo. Se compromete un activo central del país por un presunto rédito político que, además seguramente no existen porque no tienen la menor idea de cómo puede impactar en las causas el cambio de fiscal. Pequeñísimo botín con un enorme costo institucional sólo explicable por la desesperación que desató la encuesta de Equipos Consultores de la semana pasada.

El gobierno haría bien en marcar distancia con sus propios legisladores, defender públicamente la independencia de la Fiscalía y recordar que ningún Fiscal de Corte está para responder al humor del partido de turno. Si en cambio prefiere el silencio o el encubrimiento, firmará un capítulo más de esta deriva preocupante. Uruguay no puede darse el lujo de seguir acumulando atropellos cuyo costo será difícil de revertir.