La constituyente no es el camino

En las últimas semanas se abrió de nuevo el debate sobre la cacareada constituyente, un tema que ha estado en el debate público desde hace varios años y al que el presidente Gustavo Petro regresa una y otra vez. Hay que decirlo con claridad: hoy el camino de la constituyente no es el más adecuado para impulsar las reformas institucionales, económicas y sociales que necesita el país. La razón es sencilla: en lugar de unir a los colombianos, como en 1991, profundizaría las divisiones y, lamentablemente, se convertiría en la imposición de un sector político sobre otro. Basta revisar la normativa vigente y los procedimientos necesarios para convocar una constituyente —y hacerla realidad— para entender que el país no puede distraerse en un largo y complejo proceso que consumiría, en la práctica, el periodo de gobierno de Iván Cepeda. Las energías nacionales deben concentrarse, más bien, en enfrentar los grandes desafíos nacionales que hoy requieren respuestas urgentes: enfrentar la inseguridad y a los grupos criminales, estabilizar las finanzas públicas y superar la crisis en la salud. Repasemos las normas vigentes. Hoy se recogen firmas para impulsar un proyecto de ley de iniciativa ciudadana que abriría la puerta a la convocatoria de una constituyente con el temario previsto en este proyecto. La primera etapa exige el apoyo de más del 5 % del censo electoral, es decir, poco más de dos millones de firmas. Hasta ahora no se conoce cuántas ha recolectado el comité promotor. Una vez concluida esa etapa y radicado en Congreso, el proyecto deberá surtir los cuatro debates reglamentarios en Senado y Cámara. Si es aprobado, tendría que pasar a revisión previa de la Corte Constitucional, encargada de avalar, modificar o rechazar la convocatoria. Solo después de ese trámite sería la ciudadanía, como constituyente primario, la que decidiría en las urnas si convoca o no una constituyente. El día de esa votación deberá participar, como mínimo, una tercera parte del censo electoral: casi 14 millones de ciudadanos. Si la propuesta obtiene el respaldo mayoritario, el Gobierno tendría entonces que convocar una nueva jornada electoral para escoger a los constituyentes encargados de redactar las reformas constitucionales contempladas en el temario definido por la propia ley. Como se ve, esto no se trata de soplar y hacer botellas. Todo este procedimiento, establecido sabiamente en la Constitución de 1991 —precisamente para rodear de seguros, candados, controles y límites el uso de este mecanismo extraordinario para reformar la Constitución—, evidencia la inconveniencia y la inoportunidad de abrir un proceso constituyente en medio del clima de polarización que atraviesa el país. Durante los próximos cuatro años, Colombia terminaría metida en una interminable discusión, profundizando tensiones políticas y desviando la atención a problemas urgentes que no admiten más aplazamientos. El gobierno del presidente Petro tiene todo el derecho a respaldar la iniciativa ciudadana que impulsa la recolección de firmas y a expresar su simpatía por una constituyente. No se está saltando la institucionalidad. Pero hay que ser claros con el país: la campaña de Iván Cepeda no apoya la recolección de firmas ni promueve la convocatoria de una constituyente, que no hace parte de su programa de gobierno. La Alianza por la Vida —una convergencia amplia, plural, incluyente, socialdemócrata, reformista y progresista que acompaña la candidatura de Cepeda, más allá del Pacto Histórico— considera que el mejor camino para avanzar en las reformas que necesita el país pasa por la construcción de un gran acuerdo nacional que permita tramitarlas a través del Congreso de la República, con participación de distintos sectores sociales, políticos, ciudadanos, gremiales y empresariales. Ese es el camino más viable y responsable con Colombia.
Profundizaría las divisiones
Juan Fernando Cristo Bustos