La urgencia de modificar la Tasa Máxima Convencional

La regulación financiera suele nacer de una buena intención. Este fue el caso de la reforma de 2013 (Ley 20.715) que, después del caso La Polar, modificó la forma de cálculo de la TMC para créditos de hasta $8 millones. El resultado fue una TMC menor, pero también generó la exclusión de miles de personas y pequeñas empresas del financiamiento formal.
Esta exclusión fue advertida por el Banco Central antes de la aprobación del proyecto y fue estimada por la Superintendencia de Bancos de la época en más de 200 mil clientes. Las advertencias no fueron escuchadas y la ley fue promulgada. Estimaciones preliminares apuntan a que el número de clientes excluidos se habría duplicado en la última década.
Para ilustrar el efecto del cambio legal de 2013, vale mencionar que la fórmula vigente para el cálculo de la TMC equivale a aplicar un factor multiplicativo de 1,07 sobre la tasa de interés corriente (TIC) en el tramo de 0-50 UF y de 1,15 en el tramo de 50-200 UF. Para el resto de los créditos, en cambio, el régimen general sigue operando con un factor de 1,5. Esta diferencia debe corregirse, porque implica tratar créditos pequeños, con mayores costos fijos por peso prestado y mayor riesgo promedio, como si fueran créditos de mayor monto.
Por otra parte, la revisión de la evidencia internacional muestra que, con los cambios introducidos a la TMC, Chile quedó con tasas de interés comparativamente más restrictivas que varios países de referencia. Además, alrededor de 60% de los países no aplica algún tipo de techo a las tasas de interés y el Banco Mundial ha propuesto que Chile elimine la TMC.
Después de una década de funcionamiento de la modificación de la TMC, el país ha cambiado en diversas dimensiones. El alto desempleo tiene características estructurales y afecta el acceso al crédito formal. Por su parte, la delincuencia y el crimen han aumentado, transformándose en una de las mayores preocupaciones de la población. El crédito informal es una línea de negocio más del crimen organizado y, por lo tanto, avanzar en estos cambios no es solo un tema financiero, sino una prioridad de la agenda de seguridad.
La TMC se debe modificar buscando un equilibrio entre tres objetivos: protección del consumidor, inclusión financiera y competencia. Chile necesita una evaluación actualizada de la Ley 20.715 y una reforma técnica de la fórmula de cálculo de la TMC. Proponemos avanzar en tres líneas: (i) reemplazar el ancla de 200-5.000 UF por la tasa del propio tramo crediticio en los segmentos hasta 200 UF, (ii) aplicar un factor multiplicativo mayor al actual, por ejemplo, volviendo al régimen general y (iii) crear un tramo específico para créditos de montos hasta un millón de pesos, que reconozca las características de este tramo y permita avanzar en el desarrollo del microcrédito, la formalización y la seguridad de los clientes.