Aeropuertos revertidos: más allá del debate entre lo público y lo privado

La infraestructura aeroportuaria colombiana atraviesa un momento de reflexión silenciosa, pero profundamente relevante para la competitividad del país. En los últimos años, varios aeropuertos cuya operación estuvo bajo esquemas de concesión o Asociación Público-Privada (APP) han revertido nuevamente al Estado, a través de la Aeronáutica Civil. Más allá de los debates jurídicos o ideológicos, esta realidad obliga a formular una pregunta incómoda pero necesaria: ¿qué modelo necesita Colombia para garantizar aeropuertos eficientes, sostenibles y seguros? El debate no debería centrarse en satanizar lo público ni lo privado. Colombia ha tenido concesiones exitosas que permitieron modernizar terminales, atraer inversión y mejorar la conectividad regional. Pero también existen experiencias que dejaron lecciones importantes en materia de estructuración contractual, priorización de inversiones y sostenibilidad. Hoy el país observa con preocupación la situación de algunos aeropuertos revertidos al Estado. En el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz persisten retos operacionales asociados a sistemas de drenaje, redes eléctricas, franjas de seguridad, mantenimiento de equipos críticos y continuidad operacional. A ello se suman problemáticas visibles para el usuario, como fallas en aire acondicionado, filtraciones, sistemas de equipaje y deterioro del parque automotor aeroportuario. Las recientes intervenciones de la Aerocivil evidencian que parte de la infraestructura aún requiere procesos de estabilización y correctivos operacionales. En el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, la transición operacional también ha generado inquietudes sobre mantenimiento, continuidad de inversiones y capacidad institucional para atender un aeropuerto estratégico para el suroccidente colombiano. Ello, sumado a la gestión de los espacios comerciales, con grandes dudas en cuanto a su procedencia. Mientras tanto, en el Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla, históricamente operado por el Estado, persisten cuestionamientos relacionados con intervenciones fragmentadas, mantenimiento reactivo y ausencia de una transformación integral acorde con la relevancia turística y logística del archipiélago. La discusión de fondo va mucho más allá de construir terminales o ampliar pistas. Un aeropuerto es un sistema complejo donde convergen seguridad operacional, facilitación, logística, turismo, comercio exterior y competitividad regional. Su función principal no es únicamente movilizar pasajeros, sino garantizar la continuidad de un servicio público esencial y proteger la vida humana. Cuando falla la operación aeroportuaria, el impacto trasciende la incomodidad del viajero: se afectan cadenas productivas, conectividad empresarial, percepción internacional y desarrollo económico regional. Una ciudad sin un aeropuerto eficiente pierde competitividad y atractivo para la inversión. También resulta evidente que varios proyectos aeroportuarios en Colombia se concentraron históricamente en ejecutar obra física sin consolidar modelos robustos de sostenibilidad operacional y comercial. Los aeropuertos modernos dependen cada vez más de ingresos no regulados asociados a comercio, carga, logística, servicios al pasajero y aprovechamiento inmobiliario. Allí Colombia todavía enfrenta una brecha significativa, sobre todo en aquellos operados por el propio Estado. Otro aprendizaje importante tiene que ver con la gestión contractual. Algunos contratos terminaron atrapados en controversias, procesos arbitrales y decisiones tardías que afectaron la continuidad de las inversiones. En infraestructura, la inacción suele ser mucho más costosa que actuar oportunamente. Pero tampoco puede asumirse automáticamente que la operación directa estatal resolverá los problemas estructurales del sistema. La Aerocivil cumple simultáneamente funciones regulatorias, técnicas y operativas, lo que incrementa la presión institucional sobre una entidad que ya enfrenta enormes desafíos en supervisión, modernización y seguridad operacional. La verdadera discusión no debería ser quién administra un aeropuerto, sino qué modelo garantiza mejor seguridad operacional, eficiencia, sostenibilidad y competitividad. Ello exige gestión integral de activos aeroportuarios, mantenimiento predictivo, modernización tecnológica, capacidad de respuesta rápida ante contingencias y fortalecimiento del capital humano técnico especializado. También requiere evitar modelos fragmentados de gestión y avanzar hacia esquemas con indicadores reales de desempeño operacional y experiencia del pasajero, articulados con estándares internacionales. Algunos aeropuertos requerirán esquemas concesionados robustos; otros, modelos mixtos o enfoques regionales diferenciados, no podemos quedarnos con las visiones de siempre. Lo fundamental es que las decisiones se soporten en planeación técnica, estabilidad institucional, visión de largo plazo, equilibrio entre inversión física y sostenibilidad operacional/comercial, así como una adecuada articulación entre autoridades, políticas públicas y necesidades de usuarios nacionales e internacionales. Porque al final, lo que está en juego no es únicamente infraestructura. Es la capacidad de Colombia para conectarse competitivamente con el mundo mediante aeropuertos seguros, eficientes y sostenibles, concebidos como verdaderos motores de desarrollo económico y territorial.
Olga Lucía Ramírez
Exviceministra de Transporte.