La Confederación de Sindicatos Industriales se reunió con la vicecanciller, Valeria Csukasi, para plantear cambios en el acuerdo y "proteger más a los puestos del trabajo del país".
Danilo Dárdano, presidente de la confederación, en rueda de prensa luego de la conversación que mantuvo con la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, en Cancillería, afirmó: "Lo que nos preocupa de la adhesión al (Tratado) Transpacífico es que no se mejoran las salvaguardas y, por ejemplo, si no hay un blindaje de compras públicas, vamos a tener perjuicios muy importantes".
"Los perjuicios los veremos en especial en unos sectores, que no nombraré porque no queremos ser los sepultureros, donde podríamos tener cientos de puestos de trabajos perdidos cuando el acuerdo se implemente", agregó sin dejar de mencionar algunos ejemplos, como familias del interior que trabajan "a fasón" (a destajo) para algunas fábricas. "A nuestro entender, con el Transpacífico, fábricas van a ir cerrando paulatinamente y se acabarán trabajos directos y también los fasoneros", advirtió.
"Hay que cortar con la sangría de cierres de producción y de fábricas, y cuando suceden, ubicar a la gente. Del cierre de Yazaki, el 95% (de los empleados) sigue sin trabajo. Es la realidad cruel de nuestro país", destacó. En el caso del Transpacífico, las vulnerabilidades estarían -según la confederación- en la industria manufacturera liviana (calzado, vestimenta, etcétera), ya que ese tipo de productos son muy baratos en Asia. A su juicio, será "un golpazo a lo poco que queda de la industria nacional en esos sectores". Además, existen trabajadores informales que se podrían ver perjudicados con el acuerdo, en lugar de incentivarlos a la formalización.
El dirigente sindical dijo estar preocupado ante la "inundación de productos" que llegará de los países asiáticos que forman parte del Cptpp (entre ellos, Singapur, Vietnam, Malasia). "Nos preguntamos: ¿hay trabajadores sobrantes en Uruguay? ¿Quién se va a hacer cargo de ese impacto negativo? ¿Quién le va a dar sustento a esas familias?", preguntó.
Según manifestó, el texto actual del acuerdo determina que las empresas públicas están obligadas a tratar igual a la empresa multinacional que al proveedor nacional, pudiendo estos últimos quedar relegados. También piensa que, en ese sentido, la protección a las pymes podría verse vulnerada.
"Hasta podría acontecer que el Estado uruguayo, en el caso de las compras públicas, sea demandado por discriminar o apoyar a las empresas uruguayas. Es una alerta que estamos colocando como sindicatos industriales", señaló. "Si estamos todos enamorados de la idea de la estrategia nacional de desarrollo, el Transpacífico es contradictorio si no logramos revertir lo que dice el acuerdo", insistió.
Consultado por El País sobre hasta qué punto están realmente a favor o en contra del acuerdo, aclaró: "Si nos adherimos al acuerdo del Transpacífico así como está, estamos en contra, así de claro, porque nos va liquidar cientos de puestos de trabajo. Ahora, si hay voluntad como dijo la vicecanciller de trabajar en conjunto y de que podamos mejorar los impactos, para que sean menores, y garantizar que nuestros compatriotas que quedan por el camino van a ser reinsertados en trabajos dignos, decentes y con salarios decorosos, vamos a acompañar", puntualizó, acotando que también se requiere la voluntad política y de otros ministerios para ello.
En tal sentido, la confederación anunció que la semana próxima solicitará formalmente una reunión con el presidente de la República, Yamandú Orsi. Asimismo, un equipo técnico de la confederación se pondrá en contacto con Cancillería para nuevas discusiones.
El País se comunicó con Cancillería, pero dijeron no querer dar declaraciones por el momento.
Capítulos específicos en debate
La confederación plantea que las exigencias de "neutralidad competitiva" (capítulo 17) y "trato nacional" (capítulo 15) "anulan la capacidad del Estado y de las empresas públicas de liderar la transformación productiva hacia bienes de mayor valor agregado o intensidad tecnológica en el país".
Específicamente, entiende que el capítulo 17 del acuerdo, tal como está planteado, significa un debilitamiento del rol programático y territorial, en la medida en que "la exigencia de operar bajo consideraciones comerciales, limita la capacidad de los entes para otorgar o recibir subsidios o apoyo no comercial que distorsione el comercio, restringiendo su rol de fomento en el interior y su función social" (ejemplo, tarifas subsidiadas de UTE, Ancap, Antel, etcétera).
Actualmente, existe autonomía para fijar umbrales y para la aplicación en las contrataciones por parte de la Agencia Reguladora de Compras Estatales (Tocaf), pero la confederación considera que el capítulo 15, en tanto establece umbrales específicos y aplicación obligatoria en la materia, restringirá los procedimientos habituales en el país, limitando la potestad del Estado uruguayo.
De hecho, existen otros capítulos en los que la confederación interpreta que se vulnera a la Tocaf y pone en riesgo las pymes, al anularse, por ejemplo, los regímenes de preferencia nacional que hoy protegen a este tipo de empresas en las compras estatales (también capítulo 15).
Como otros riesgos potenciales, la confederación destaca los mecanismos de solución de controversias inversor-Estado (ISDS) que establece el texto del acuerdo como una restricción del espacio de políticas. "La amenaza de demandas multimillonarias por parte de transnacionales (mediante ISDS) restringe la capacidad soberana del Estado para aplicar futuras regulaciones (ambientales, sociales o laborales)", dice el documento que presentó la confederación a Cancillería.
Entre otros puntos, propone solicitar una moratoria de implementación de 36 a 60 meses para los capítulos más controversiales, entre los que se incluye uno sobre propiedad intelectual, además de los ya mencionados.
En tal sentido, insta a que se negocien excepciones específicas para las empresas públicas, a fin de que Ancap, UTE, Antel, entre otras, puedan "preservar su rol actual".
También propone que se "excluyan los servicios públicos esenciales de las obligaciones de neutralidad comercial absoluta". Y que se negocie una reserva de mercado del 30% para las pymes nacionales en compras públicas.
Tal como en el acuerdo Mercosur-Unión Europea, la confederación es afín a que se negocien canastas de desgravación arancelaria gradual de entre 15 y 20 años para la manufactura, en especial para la manufactura liviana.
El País, Uruguay
23 de mayo de 2026
