Voto en paz, libre y responsable

Este 31 de mayo se llevarán a cabo en Colombia las elecciones en primera vuelta, con miras a la escogencia de quienes habrán de desempeñar la presidencia y la vicepresidencia de la República durante los próximos cuatro años, según corresponde a las normas que rigen nuestro sistema democrático. Un evento demasiado importante, no solamente porque se trata del ejercicio de la soberanía popular sino porque está en juego el futuro del país en muchos campos: en el ejercicio de los derechos fundamentales, individuales y colectivos, y en las garantías sociales; en la búsqueda de la igualdad real y efectiva a la que propende el artículo 13 de la Constitución; en las políticas de protección a valores esenciales, principiando por la vida, la salud, la justicia, el trabajo, la familia, la vivienda, el conocimiento, la cultura, la seguridad, la libertad y la paz —tan anhelada y tan lejana—; en los lineamientos de la política económica, social y ecológica; en la cristalización de los objetivos propios de la justicia social; en la lucha contra el delito, la violencia y la corrupción; en las urgentes e indispensables reformas que se requieren y no han podido ser tramitadas por causa de la intolerante polarización política; en las relaciones internacionales de Colombia. En fin, se trata de una elección trascendental, cuya importancia tiene que ver con los asuntos de fondo, que tocan con el interés público y, por tanto, van mucho más allá de la propaganda y de las insustanciales disputas, ofensas y mutuos agravios que han predominado en redes y medios de comunicación. El 31 de mayo habrá de pronunciarse el pueblo, titular de la soberanía. Tendremos la palabra todos los ciudadanos, en ejercicio de un derecho político que nos confiere la Constitución. Es también un deber, que compromete la conciencia y la responsabilidad de todos y cada uno, toda vez que es mucho lo que está en juego, en un momento histórico y muy difícil. Colombia es un Estado democrático, soberano e independiente. Lo que se decide durante este proceso electoral importa al pueblo colombiano, en una democracia participativa y pluralista. El primordial mecanismo de participación es el sufragio. He ahí el poder y el interés fundamental. No se trata de satisfacer el querer o la voluntad de Donald Trump, de Netanyahu, de Milei, de Noboa, del expresidente de Honduras —condenado e indultado— Juan Orlando Hernández; tampoco el de los guerrilleros, paramilitares o narcotraficantes; ni el de los compradores de votos; ni el de nuestros actuales o pasados gobernantes, que ya ejercieron el poder. Se trata del interés público, el de los colombianos; el de nuestra colectividad; el de los ciudadanos, a lo largo y ancho de nuestro territorio; el de las actuales y las nuevas generaciones. Al tenor del artículo 40 de la Constitución de 1991, todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Elegiremos al próximo presidente de la República, jefe de Estado, jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa, quien, como señala el artículo 188 de esa Constitución, "simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos". Cada uno, en ejercicio de su derecho, votará por el candidato que lo convence, en democracia, con plena libertad, pensando en Colombia, sobre la base de haber conocido y entendido las distintas propuestas, programas y propósitos de gobierno. La invitación que formulamos, desde la opinión imparcial, es a votar en paz, autónomamente, a conciencia, con criterio propio, con responsabilidad; con la mira puesta en el bien colectivo, no en la desinformación proveniente de algunos parcializados medios de comunicación, ni en lemas carentes de contenido, y, menos aún, en el vergonzoso pago del delincuente que compra votos.
Punto de referencia
José Gregorio Hernández Galindo