Fotomultas: los expertos critican tinte político en anuncio de devoluciones

El anuncio del Gobierno Nacional sobre la devolución de más de $1,05 billones a ciudadanos por fotomultas irregulares enfrenta cuestionamientos jurídicos que ponen en duda su viabilidad. Fuentes consultadas por Portafolio advierten que la promesa de reembolsos es "jurídicamente imposible" porque la Ley 2251 de 2022, que sustenta las sanciones, no puede aplicarse retroactivamente a hechos ocurridos entre 2018 y 2020. Además, señalan que la Superintendencia de Transporte carece de facultad legal para ordenar devoluciones directas y que el proceso administrativo podría tardar entre dos y tres años antes de llegar a una decisión definitiva. Es decir que, según los consultados, el anuncio se habría dado entonces como una jugada política o como dirían coloquialmente "por hacer bulla" para tratar de ganar votos para la campaña del candidato Iván Cepeda, que promueve abiertamente el presidente Petro. El abogado César Lorduy, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, fue contundente al señalar que "no hay la más mínima posibilidad jurídicamente hablando que hoy, ni mañana, ni pasado, y creería que dentro de los próximos tres años, de que exista una orden que permita decirle a una autoridad de tránsito de cualquier lugar de Colombia que empiece a devolver recursos obtenidos como consecuencia de que se pagaron unos comparendos". El jurista explicó que en este momento no hay nadie sancionado y que la Superintendencia apenas está abriendo investigaciones administrativas contra los 37 organismos de tránsito señalados. Lorduy detalló que primero deben ser sancionados como consecuencia de una investigación y que ese proceso administrativo sancionatorio puede durar dos o tres años. "Las autoridades de tránsito se van a defender y en mi opinión pueden decir primero que la posibilidad jurídica de poder modificar una condición que ya está consolidada en términos de tiempo se perdió, porque ya pasaron más de tres años", afirmó el exmagistrado. El marco legal El artículo 158A de la Ley 2251 de 2022, conocida como Ley Julián Esteban, establece que las autoridades de tránsito serán sancionadas con multa equivalente al doble del valor recaudado por concepto de las multas impuestas con ayudas tecnológicas que no cumplan con los criterios de seguridad vial para su instalación y operación. Esta ley fue promulgada el 14 de julio de 2022, cuatro años después de que se iniciaran los hechos hoy investigados. El principio de irretroactividad de toda ley, especialmente en materia sancionatoria, prohíbe aplicar una norma a situaciones o hechos surgidos antes de su entrada en vigor. Lorduy explicó que el Gobierno está intentando "imponer una sanción por parte de la Superintendencia de Transporte, basado en una normatividad reciente sobre hechos que ocurrieron bajo la vigencia de otra ley". Calificó el anuncio como una ilusión, sin ninguna sustentación que permita actualmente asegurar que las autoridades de tránsito están obligadas a devolver los ingresos obtenidos por fotomultas cuando apenas están siendo notificadas de una investigación y no de una sanción. Además, señaló que para él se trata de "un acto que puede tener connotaciones electorales, de anunciarle a los ciudadanos un beneficio que no van a obtener". El experto también aclaró que cuando un ciudadano paga una multa, no lo hace de manera voluntaria sino como consecuencia de un proceso sancionatorio. ¿Qué dice la norma? Héctor Cáceres, experto en tránsito y transporte, explicó la normativa detrás de una cámara de fotodetección: "Dentro de esos requisitos, el principal es que esté debidamente señalizada y notificada y que donde se coloca que sea porque hay alguna causa, motivo o razón para colocarlo". Además, aclaró que "la ley es muy clara. El comparendo no debe ir a las placas, los comparendos deben ir directamente a la cédula de la persona". Sin embargo, el experto reconoció que "aquí ha habido es un abuso respecto a esa implementación de esas cámaras", particularmente en municipios pequeños. A pesar de señalar irregularidades, Cáceres defendió el uso de las fotomultas. "Las cámaras sí son fundamentales, por ejemplo, en el caso de aquí de Bucaramanga, en el cual los motociclistas, concretamente, eso es una cosa desastrosa porque hacen lo que quieren, como quieren, donde quieren", afirmó. Cuando se le preguntó si la investigación prosperará, fue tajante: "Eso es más para hacer bulla que cualquier cosa, no va para ningún lado. Es más político que cualquier otra cosa", aseguró. Por su parte, el Comité de Representación del Capítulo Técnico de Autoridades de Tránsito dijo el viernes: varios de los organismos anunciados públicamente aún no han sido notificados formalmente de dicha actuación administrativa". El Comité enfatizó en que el anuncio de la Supertransporte y el Ministerio de Transporte no implica, bajo ninguna circunstancia, que las órdenes de comparendo emitidas recientemente pierdan validez, ni que los ciudadanos estén exentos de pagarlas o ejercer los mecanismos legales de impugnación establecidos en la ley".