Gobierno y generadoras chocan por el cargo de confiabilidad

El debate sobre el manejo de los recursos del cargo por confiabilidad volvió al centro de la discusión energética en Colombia luego de las declaraciones del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y del presidente Gustavo Petro, quienes cuestionaron el papel de las generadoras hidráulicas y el destino de los recursos recaudados por casi dos décadas bajo este esquema. La controversia se intensó después de que Palma aseguró en su cuenta de X que el sistema actual del cargo por confiabilidad favorece a las hidroeléctricas sin garantizar plenamente el respaldo energético durante eventos climáticos extremos como el fenómeno de El Niño. Según el funcionario, el país ha pagado cerca de $48 billones a las generadoras hidráulicas mediante este mecanismo y persiste la discusión sobre si esos recursos realmente se han traducido en confiabilidad para el sistema eléctrico. "Lo dice el exasesor regulatorio de Acolgen, lo reitero yo y es lo que callan los medios y los gremios. Este es el gran debate sobre el cargo por confiabilidad: ¿los $48 billones que hemos pagado a las hidroeléctricas realmente se traducen en confiabilidad para el sistema?", escribió el ministro. Palma explicó que desde su llegada al Ministerio propuso revisar el esquema del cargo por confiabilidad para que únicamente se incluyan las plantas cuya vocación sea respaldar el sistema en momentos de escasez energética. Según dijo, más del 5% de la factura de energía que pagan los usuarios termina destinado al parque hídrico, aunque en los episodios de sequía el sector suele quedar "a puertas del desabastecimiento". El ministro sostuvo además que las generadoras hidráulicas mantienen sus ofertas de energía por debajo del Precio Marginal de Escasez porque en esos escenarios se verifica si cumplen las Obligaciones de Energía Firme derivadas del cargo por confiabilidad. También señaló que las penalizaciones por incumplimiento no se calculan sobre el Precio Marginal de Escasez, sino con base en el Precio de Escasez definido en la resolución Creg 071. "La sola activación de la penalización ya los pone a devolver al menos $360 por kilovatio hora por haber llevado un pago de la prima más alto durante años. Claramente, los primeros interesados en no tener que honrar estos compromisos con la demanda son el gremio de las hídricas", afirmó Palma. Las declaraciones del ministro se dieron en medio de las advertencias del Gobierno sobre los efectos que podría tener un nuevo episodio de sequía prolongada durante el segundo semestre del año y sobre el impacto que esto podría generar en las tarifas de energía y en la estabilidad del sistema eléctrico. El presidente Gustavo Petro respaldó públicamente las afirmaciones del ministro y vinculó la discusión con el manejo de las tarifas de energía y la necesidad de acelerar la transición energética. En un mensaje publicado también en X, el mandatario rechazó los llamados para encender anticipadamente las termoeléctricas con el objetivo de enfrentar un eventual "superniño". Según dijo, esa medida tendría como consecuencia un incremento en las tarifas para los usuarios. "La petición de prender las termoeléctricas desde ya para enfrentar el superniño es una petición para elevar tarifas", señaló el jefe de Estado. Petro indicó que ha solicitado a las empresas generadoras privadas acogerse a la nueva fórmula tarifaria impulsada por el Gobierno, una medida que calificó como necesaria para contener el costo de la energía. El mandatario fue más allá y aseguró que el cargo por confiabilidad, al que definió como un "ahorro forzoso" de los usuarios de energía eléctrica, ya suma cerca de $50 billones. Según afirmó, esos recursos deberían utilizarse en situaciones de emergencia para financiar infraestructura de generación solar que complemente la capacidad hídrica del sistema. De acuerdo con el presidente, durante los periodos de sequía la energía solar puede convertirse en una alternativa más eficiente y de menor costo frente a la generación térmica. Petro sostuvo además que el Gobierno ha logrado que "uno de cada cuatro usuarios" tenga acceso a energía solar y planteó la necesidad de duplicar ese esfuerzo para enfrentar los efectos del fenómeno climático. El mandatario también pidió al Ministerio de Minas abrir un diálogo con las empresas del sector eléctrico para discutir las medidas necesarias frente al escenario climático previsto para el segundo semestre. En medio de la discusión pública, expertos del sector eléctrico han salido a explicar el funcionamiento técnico y financiero del cargo por confiabilidad y a cuestionar la idea de que exista una bolsa acumulada con $50 billones disponibles. Uno de ellos explicó que el mecanismo fue creado para garantizar que el sistema eléctrico tenga capacidad suficiente para responder en momentos de alta demanda o de escasez hídrica, aun cuando algunas plantas permanezcan inactivas durante buena parte del tiempo. Según indicó, la capacidad instalada del país ronda los 22.000 megavatios, mientras que la demanda promedio se ubica cerca de los 12.000 megavatios.