Costo para muchos, beneficio para pocos

Durante el año pasado y en lo que va de 2026 hemos asistido a la discontinuidad de la actividad de algunas empresas privadas de tamaño importante, debido a sus resultados negativos. Por otro lado, existen encuestas que muestran que las expectativas de inversión de empresas privadas no van mucho más allá de lo necesario para cubrir lo depreciado o para la sustitución de mano de obra por factores de producción alternativos, más eficientes cuando se compara su rendimiento en unidades físicas del producto que elaboran y el costo para obtener esas unidades. También se observa que hay actividades de empresas estatales que, pese a sus resultados negativos, se les mantiene en actividad.

Realidad privada

Existen muchas razones que conducen a una empresa al fracaso, reflejado en una situación de pérdidas permanentes que llevan, en definitiva, al cierre de su actividad. Las diversas causas pueden existir tanto por el lado de la oferta de la firma costos de origen público o privado en alza por encima de los ingresos por ejemplo, como por el lado de la demanda que enfrenta, por ejemplo cuando el producto que elabora y vende se vuelve obsoleto o superado por otro en precio y calidad. En el caso de una empresa privada quien soporta las eventuales pérdidas como quien recibe la ganancia cuando existe es el grupo de sus propietarios, sus dueños o accionistas. Si los resultados negativos perduran, tras esfuerzos de cierta duración para revertirlos, los propietarios decidirán cerrarla, no siempre con el pago previo de las obligaciones que correspondan con organismos estatales, acreedores privados y sus propios empleados.

La decisión de cerrar es cuando, a pesar de esos esfuerzos por el lado de los ingresos como por el de los costos para mejorar los resultados y hacerlos positivos, factores de la propia empresa o externos impiden ganancias de la gestión. Con pena, con desilusión y con la frustración por no alcanzar lo pensado y deseado que fue lo que llevó a la inversión de recursos pecuniarios para obtener las ganancias no logradas, la opción de cerrar es también la de terminar con la inversión de fondos en algo ya probadamente sin futuro. Vale la pena recordar que quienes invierten en una empresa buscan un retorno que aumente su patrimonio personal. Nadie invierte para derruirlo, ni el suyo ni el de quienes le sostienen.

Realidad diferente

En el caso de una empresa estatal no ocurre lo mismo y eso es así por una única razón: porque por más que se quiera imponer que los accionistas somos todos los uruguayos, ninguno de nosotros lo es. La evidencia empírica no la que se quiere imponer con argucias poco convincentes desde el punto de vista económico muestra que las empresas estatales no tienen esos dueños. Si ellos lo fueran, las pérdidas dejarían de existir ante la ausencia de su cobertura a través del pago de los usuarios o consumidores del bien o del servicio.

Si una empresa estatal como ocurre hoy con varias de ellas (i.e. Ancap) y algunas de sus empresas anexas (i.e. portland) tiene pérdidas que son permanentes, sus administradores todos políticos según la evidencia empírica de muchos años, y sus empleados o sus representaciones sindicales tratan siempre de convencer a sus dueños supuestamente la población del país, que hay razones para mantenerla viva. Entre las más comunes se invoca al empleo como motivo para continuar su actividad o la zona que favorece su actividad o los excesos que evitan de competidores monopólicos privados en la provisión de similar producto o servicio. Agregan que con más inversión en ellas los resultados se pueden revertir y elaboran otros argumentos por el estilo. Razones comprensibles, pero solo muy poco atendibles cuando se considera el costo económico y social que implica aceptarlas y mantener en actividad a empresas con pérdidas permanentes que reciben el financiamiento y el sustento de muchos en beneficio de pocos.

Se trata de argumentos realizados directamente por los interesados y que no deberían pesar significativamente en la decisión de cerrarlas definitivamente, lo que no sucede pues se debe esperar siempre la oposición de quienes trabajan y gestionan la actividad estatal. Una negativa que implica indudables castigos, explícitos precios más altos o mayores obligaciones financieras futuras por endeudamiento, y otros castigos implícitos, como impuestos más altos para transferir ingresos financieros a la actividad estatal.

Pero al margen del claro interés de quienes se oponen al cierre de actividades de empresas estatales que solo agregan peso a la población en general, existe generalmente encubierta otra razón: la ideológica. Un motivo que subyace de manera persistente, sin siquiera un atisbo de seriedad para su justificación. La evidencia empírica muestra que puede ser buena la intención de mantenerla en actividad, pero que ello no alcanza cuando el costo de hacerlo es mayor que el beneficio de preservarla. Ante la indiferencia de muchos, a algunos les pesa que se prefiera cerrar la actividad pública y dejar que la actividad privada se encargue de sustituirla.

En definitiva, todo pasa por un problema económico y social. Y como tal se debe analizar en un marco de costo beneficio para toda la sociedad. El beneficio lo captarán los administradores, los trabajadores involucrados en la actividad y el fisco, y el alto costo lo soportarán todos los uruguayos por minúsculo que sea, individualmente, para cada uno de ellos. No debe pesar ninguna de las razones expuestas para aceptar lo que se intenta justificar, pues tan pronto se las analiza con cierta profundidad, se observa que benefician mucho a muy pocos, exigiendo mucho esfuerzo y sacrificio a muchos más.