Informe de Finanzas Públicas

La publicación del Informe de Finanzas Públicas (IFP) del primer trimestre de 2026 da cuenta de la muy deteriorada situación fiscal que la actual administración heredó del gobierno anterior. En efecto, en 2025, el déficit fiscal efectivo fue de 2,8% del PIB, y el déficit estructural, de 3,7% del PIB, lo que refleja un significativo incumplimiento de las metas que ese mismo gobierno se había autoimpuesto. De este modo, tomando en cuenta la sobreestimación de ingresos que se utilizó para la elaboración del Presupuesto 2026, así como los gastos comprometidos que no fueron adecuadamente incorporados en esa ley, las proyecciones para este año no son particularmente auspiciosas. Por el contrario, el déficit efectivo sería de 2,4% del PIB, y el déficit estructural igualaría en 3,7% al del año pasado, aun después de incorporar las reducciones de gasto que el actual gobierno ya ha implementado, equivalentes a 0,4% del PIB, y los altos precios del cobre que se han registrado.
Y es que, en definitiva, la paupérrima gestión fiscal de la administración Boric arrastra las cifras de este ejercicio y condiciona de manera importante su política fiscal. El informe entregado ayer, el primero emitido por las actuales autoridades económicas, establece una convergencia hacia un balance cíclicamente ajustado de -1,8% del PIB en 2030, cifra significativamente superior a la idea preliminar de déficit cero que el Gobierno había comunicado como uno de sus objetivos. Este desvío obedece fundamentalmente a que el punto de partida es mucho peor al esperado. De hecho, con esta proyección, la deuda pública sobrepasaría marginalmente el nivel de 45%, alcanzando un 46,5% del PIB en 2030. Pero incluso concretar este escenario implica un crecimiento del gasto entre 2026 y 2030 de apenas 0,9% real anual.
El retraso de algunos días en la publicación de este informe se debe a una inconsistencia en las cifras de crecimiento de la deuda pública que contenía el último IFP emitido por el gobierno de Gabriel Boric. En efecto, en ese documento, mientras los déficits fiscales para los años venideros se acumulaban, las proyecciones de deuda lo hacían a un ritmo mucho menor. La detección de este error explicaría la revisión de las cifras y el sinceramiento de un escenario de deuda pública más estrecho que el anteriormente considerado. El punto es particularmente delicado, tanto por sus obvias implicancias económicas como por su alcance político, considerando que la administración Boric reivindicó insistentemente como uno de sus logros el supuestamente haber estabilizado la deuda. Hoy queda claro que ello no fue así. En ese contexto se entiende la decisión de impulsar una investigación administrativa destinada a establecer el origen de este grueso error y las responsabilidades involucradas. En cualquier caso, a la luz de esta nueva inconsistencia, la afirmación de que durante el gobierno anterior el país contó con "la mejor" conducción al frente de la Dirección de Presupuestos, si antes parecía una mala frase, hoy resuena como una ironía rayana en el mal gusto.
Resulta importante notar que las estimaciones del presente IFP no incorporan el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional, precisamente por no tratarse aún de una ley que haya sido aprobada por el Congreso, ni tampoco futuras reducciones adicionales de gasto que hoy están siendo evaluadas por parte del Ejecutivo. De ser en definitiva sancionada esa iniciativa, sus efectos deberían ser incorporados en el próximo informe, de igual manera que futuros ajustes en el gasto público. Con todo, luego de conocerse los lapidarios números de este IFP, cabe preguntarse desde ya si en algo cambiará la actitud de la oposición frente a esos ajustes, la que hasta ahora se ha limitado a demonizarlos cual si se trataran de un capricho ideológico y no de una medida ineludible ante el lamentable estado de las finanzas públicas legado por el gobierno que ellos encabezaron.