Planes de seguridad

Gran revuelo sigue causando la polémica acerca de si el Gobierno tiene o no un "plan" de seguridad y, ahora, sobre si los dichos del ministro Arrau, en cuanto a que la política de seguridad del gobierno anterior sería "suficiente", implican una suerte de continuidad y, por lo tanto, eran injustas o gratuitas las críticas a la gestión del Ejecutivo anterior por parte de la entonces oposición.
Nada de esto tiene sentido. Hay pocas materias más complejas que la seguridad pública, pues son innumerables los factores que inciden en ella. Estos factores son, por un lado, difíciles de controlar y, por otro, dependen de personas y órganos variados, con frecuencia celosos de su autonomía e institucionalmente distantes. Ante un desafío de la magnitud que enfrenta hoy el país, solo una política de Estado construida sobre vastos consensos y sostenida en el tiempo, tal como ocurre o debe ocurrir con los ejes centrales de una política exterior, podría estar a la altura de las circunstancias. En el diseño de una política semejante existe muy poca controversia acerca de los objetivos y las principales prioridades. Las universidades, centros de estudios e instituciones vinculadas a la seguridad pública coinciden en que al menos se debe combatir con una estrategia clara la informalidad -desde las tomas de terrenos hasta el comercio callejero-, implementar efectivamente un sistema de identificación de indocumentados, mejorar sustancialmente los mecanismos de prevención y detección de actividades ilegales -desde los controles fronterizos hasta el lavado de activos-, reformar el sistema carcelario actualmente colapsado y con niveles de hacinamiento inhumanos, controlar mejor la internación y el comercio de las drogas legales, establecer y operar eficazmente cárceles de alta seguridad para los miembros de organizaciones criminales, crear instituciones que realmente contribuyan a la reinserción social de los condenados, fomentar la cooperación público-privada para el acompañamiento de personas en situación vulnerable y para la intervención en barrios complejos, disminuir sustancialmente la cantidad de niños y adolescentes que no asisten al colegio.
En esta materia no existen las varitas mágicas ni las balas de plata. Sobre todo, no sirve de nada seguir endureciendo las penas y aumentando las facultades de las policías; por el contrario, esto solo servirá para amparar abusos e implantar una represión desproporcionada que terminará por socavar aun más la cohesión social. Lo que se necesita es robustecer e implementar las instituciones pertinentes -Gendarmería, el Servicio Nacional de Reinserción Juvenil, el Servicio Nacional de Migraciones, el Servicio Nacional de Aduanas, entre otras- y aplicar las leyes ya existentes.
Por lo tanto, es una buena noticia que el actual gobierno renuncie a "inventar la rueda" y evite volver a fojas cero, para concentrarse en definir las prioridades y encarar los desafíos operativos y de gestión que permitirán lograr avances concretos. Aquí sí existe muy poco margen para la improvisación y las dilaciones, pues el gobierno del Presidente Kast fue elegido principalmente para esto.