Fallo reabre tensiones sobre política fiscal y la monetaria

Ante el fallo del Consejo de Estado, que suspendió provisionalmente la norma que exigía la presencia del ministro de Hacienda para que la junta directiva del Banco de la República sesione y tome decisiones, expertos señalan positiva la medida. La decisión modifica una condición que incidía directamente en el funcionamiento formal del principal órgano de decisión del banco central colombiano. La junta del Banco de la República se reúne una vez al mes, pero solo en las sesiones de enero, marzo, abril, junio, julio, septiembre, octubre y diciembre toma decisiones de política monetaria. Así, desde la decisión de abril, en la que se mantuvo estable la tasa de interés en 11,25%, se está a la expectativa de lo que pueda ocurrir en la reunión de junio. Dado que se trata de una "suspensión provisional", la norma no queda anulada, sino que deja de producir efectos mientras avanza el análisis correspondiente. Así, el alcance de la decisión no es una conclusión final sobre la legalidad de la norma, sino como una medida temporal que afecta su aplicación. Para Henry Amorocho, profesor de la Universidad del Rosario, todas las sesiones deberían realizarse con la presencia de todos los miembros, es decir, los siete integrantes. "Lo que originaría es algo de fondo que se cumpla la función pública de velar por el poder adquisitivo de la moneda de la junta directiva del Emisor, como órgano y autoridad monetaria, cambiaria y crediticia en todo el tiempo; sin que sea posible paralizar esa función y que desde luego se deje de cumplir una función tan importante como es la de velar por el mantenimiento del poder adquisitivo de la moneda. En fin, las nuevas sesiones deberán seguir con los siete miembros que conforman la Junta Directiva del Banco de la República, incluido el ministro de Hacienda", señaló. Resaltó que, en caso de que en algún momento el Minhacienda tenga que excusarse de asistir, el fallo permitiría que la junta continúe su funcionamiento normal sin su presencia. "Para la política monetaria lo importante de esto es la claridad que deja de que va a haber un órgano autónomo independiente funcionando con la modalidad del servicio público de manera continua y permanente y que desde luego velar por el poder adquisitivo de la moneda, que es una función de continuidad, se garantiza. Los efectos son positivos porque se elimina la incertidumbre de que el Banrep pierda la autonomía e independencia y que siga siendo ese órgano independiente que respeta las decisiones constitucionales, respeta la presencia del ministro y también atiende sus decisiones de acuerdo con la política económica", mencionó Amorocho. A su turno, Lorena Gutiérrez, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de San Buenaventura, Bogotá, aseguró que, con la suspensión, el quórum se conforma con el resto de codirectores, lo que elimina el riesgo de parálisis institucional que había advertido el tribunal. "En la práctica inmediata, el efecto puede ser más simbólico que operativo: el Ejecutivo no piensa, por ahora, abandonar la mesa. Pero el fallo cambia el equilibrio de poder de fondo. La asistencia del ministro deja de ser una herramienta de presión —la ‘ausencia deliberada’ como mecanismo de chantaje institucional que denunciaron los demandantes— y pasa a ser lo que siempre debió ser: la participación de un miembro más, con voz y voto, dentro de un órgano colegiado", aseveró Gutiérrez. Advirtió que la aritmética de la junta no cambia, ya que las decisiones siguen requiriendo un mínimo de cuatro votos favorables, argumento que esgrimió Hacienda para sostener que la tesis del veto debía discutirse en el fondo del proceso. El ministro conserva su capacidad de influir y de votar; lo que pierde es la llave para cerrar la puerta de la sala. El Gobierno sostiene que tasas altas frenan el crecimiento y destruyen empleo y el Banco de la República responde que mantener la inflación baja y estable, lejos de ser una posición política, es el consenso de los principales bancos centrales del mundo para estimular crecimiento y empleo. "En esa pulseada, blindar la autonomía evita que la política monetaria quede subordinada al calendario electoral —no sobra recordar que 2026 es año de elecciones— o a la presión coyuntural del Ejecutivo, que ha llegado a amenazar con un nuevo decreto de salario mínimo si el Banco vuelve a subir tasas", añadió la académica.