"Los contratos sociales requieren de una transformación continua"

La Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile -que preside Jaime Antúnez- tiene desde ayer un nuevo miembro de número: el economista e investigador Harald Beyer, en el marco de la sesión pública solemne efectuada en el salón de honor, se incorporó en el sillón N° 20, sucediendo a Jorge Cauas Lama.
El nuevo numerario fue recibido por el también académico de número Cristián Larroulet, quien destacó la trayectoria marcada por "la disciplina intelectual, rigor analítico, aprecio por la excelencia y temprana convicción acerca del papel decisivo que la educación puede desempeñar en la vida de una persona y en el destino de una nación".
"Su elección constituye un reconocimiento justo a una vida dedicada al estudio, a la docencia, a la reflexión sobre los asuntos públicos y al servicio de Chile", agregó.
Durante la sesión, Beyer pronunció el discurso "Disquisiciones sobre el contrato social chileno", en el que comenzó agradeciendo "el inmenso honor que me ha sido conferido por esta Academia. No puedo, además, dejar de mencionar el orgullo que siento de ocupar el sillón que dejara don Jorge Cauas. Fui su estudiante en la universidad. Dictaba el curso de Política Económica y lo hacía con una pasión y energía envidiables. Aprendí mucho en esa experiencia, pero sobre todo en mi desempeño en el Centro de Estudios Públicos, del cual Jorge era consejero. Cada vez que publicaba algo había una probabilidad elevada de recibir su llamado y siempre sus comentarios eran agudos y sinceros. Se extrañan esos llamados".
El exministro de Educación y actual académico de la Escuela de Gobierno de la U. Católica puso el foco en el desarrollo económico de Chile: "Entre 1990 y 2012 nuestro país creció a una tasa promedio de 5,4%, para pasar a expandirse en el período 2013-2026 a una tasa de tan solo 2,2%. Sabemos a partir de las teorías de crecimiento económico que los países a medida que elevan su nivel de ingreso per cápita comienzan a desacelerarse, pero la convergencia no es tan aguda como la registrada en nuestro país en los últimos años. Instituciones clave de nuestro orden político muestran también un debilitamiento relevante que se aprecia, entre otras dimensiones, en la confianza que generan en la población".
Con todo, sostuvo que "el ritmo de decrecimiento en la desigualdad es menor y ello requiere de una mayor investigación, pero seguramente las menores oportunidades de empleo en los últimos años y un esfuerzo redistributivo marginal más acotado, como consecuencia del menor incremento en la disponibilidad de recursos públicos, han jugado un papel en esta realidad. Pero también diversas incapacidades que hemos tenido en el país para mejorar, por ejemplo, el funcionamiento de nuestro sistema educacional y de nuestro mercado del trabajo".
Instituciones a la altura de los tiempos
El académico también efectuó "algunas precisiones sobre el contrato social en Chile": "Una interpretación habitual de la crisis de octubre de 2019 estuvo directa o indirectamente ligada a la existencia de un contrato social superado o tensionado por el carácter de nuestro modelo económico, la elevada desigualdad que, a pesar de los avances, seguía caracterizando al país o las rigideces institucionales que generaban algunas de nuestras normas constitucionales. En algunas de estas visiones, estas rigideces han impedido moverse a un Estado de bienestar a la europea o en otras no han permitido resolver las tensiones que se generaban entre las nuevas exigencias en las relaciones sociales que promovía el modelo económico (neoliberalismo) y la presión por la democratización de las relaciones sociales, traducida, entre otros aspectos, en nuevas formas de relacionarse con instituciones y ciudadanos. Son hipótesis interesantes y no es mi propósito analizarlas aquí, pero sí plantear que suponen, en mayor o menor medida, una transformación importante de nuestro pacto social que no se ve fácil en el marco institucional, político y cultural del país. Y dejo expresamente los adjetivos económico y social fuera, porque no me parece que contribuyan a entender la naturaleza de nuestro acuerdo que, por cierto, no es formal, sino que implícito".
Para Beyer, "lo que está en el centro de la discusión es la posibilidad de que Chile siga, a medida que se vaya desarrollando, una senda similar a la de muchos de los países que son parte de la OCDE".
A modo de conclusión, sostuvo que "los contratos sociales requieren de una transformación continua. El que Chile ha venido impulsando tiene muchos defectos, pero dentro de su marco general ofrece muchas oportunidades de progreso. Pienso en educación (...), funcionamiento del mercado del trabajo, política social y tantos otros. Ello supone procesos de reforma continua. Sin embargo, a veces, queremos dar grandes saltos. Puede no ser una mala idea, pero siempre que las restricciones existentes no signifiquen un salto al vacío. Asegurar un mejor bienestar para los ciudadanos tiene mucho de ensayo y error y, por ello, los procesos de desarrollo no están automáticamente definidos. Un pequeño ejemplo a propósito del acalorado y, por tanto, inapropiado debate fiscal actual. Los ingresos tributarios netos crecieron a un 7,3 por ciento en el período 1990 a 2012. De ahí en adelante y hasta 2024 se incrementaron a un ritmo promedio de solo 3,3 por ciento. Es una situación que marca fuertemente la disponibilidad de recursos para financiar los gastos gubernamentales".
Acerca del debate fiscal, Beyer consideró que "el tono de la discusión no es compatible con la buena evaluación que tiene nuestra institucionalidad fiscal y que seguramente requiere de perfeccionamientos; y de eso, nos diría Fukuyama, se trata el contrato social. Desarrollar instituciones que estén a la altura de los tiempos".