‘He perdido subastas y no me he puesto a llorar’: Nencol 5

La adjudicación de la termoeléctrica TermoInduEnergy -Nencol 5 en la reciente subasta del cargo por confiabilidad del sector eléctrico abrió un intenso debate en el mercado energético. Los cambios regulatorios, las dudas sobre las garantías financieras, la viabilidad ambiental y la capacidad técnica del proyecto han puesto bajo escrutinio a Nencol 5, responsable de la iniciativa. George Castellanos, representante legal, habló con Portafolio. ¿Cuál ha sido su trayectoria en el sector y por qué decidió participar en una subasta? Yo empecé mi vida laboral en Colombia trabajando con Morrison Knudsen, Intercor y Occidental en proyectos como Cerrejón y el oleoducto trasandino. Después, en 1996, fui reclutado en EE. UU. para trabajar en el sector energético con compañías como Duke Energy, Kansas City Power & Light y Enron durante aproximadamente 15 años. La experiencia del apagón de 1992 en Colombia mostró las debilidades estructurales del sistema energético nacional, particularmente la alta dependencia de las hidroeléctricas y la falta de firmeza térmica. A partir de allí entendimos que el país necesitaba fortalecer su capacidad térmica. Nuestra empresa ha desarrollado proyectos en Afganistán, Irak y Chile. En Colombia también hemos participado en distintos proyectos y siempre hemos tenido interés en aportar al país. Desde 1999 adquirimos cerca de 100 hectáreas de tierra cercanas al puerto de Santa Marta, después de realizar estudios logísticos sobre la conveniencia de desarrollar una planta térmica. En Colombia los procesos de permisos ambientales y consultas previas son largos y complejos, por lo que es necesario trabajar con años de anticipación para llegar preparados a este tipo de subastas. Creemos que Colombia necesitará una subasta energética aproximadamente cada tres o cuatro años debido a las presiones derivadas del fenómeno de El Niño y de la dependencia hidroeléctrica. Por eso estructuramos un núcleo energético en el norte del país con todos los desarrollos regulatorios, ambientales y logísticos necesarios para participar periódicamente con proyectos de entre 300 y 400 megavatios, según las necesidades. Se criticó la ampliación de los plazos para entregar garantías. ¿Ustedes la solicitaron? Presentamos múltiples solicitudes de aclaración en el proceso, todas debidamente documentadas. Cuando se propuso el cambio regulatorio manifestamos que existía una falla en el cronograma original. La regulación establecía apenas dos semanas hábiles entre la adjudicación y la entrega de las garantías de entrada en operación comercial. Eso era materialmente imposible de cumplir para proyectos de esta magnitud. Nosotros ya habíamos pasado por el proceso de conseguir la garantía de participación. Se dice que el precio ofertado por ustedes es bajo y que no es viable financieramente. La explicación es sencilla: logramos estructurar un proyecto más competitivo. Tenemos experiencia en el desarrollo de plantas térmicas y relaciones directas con fabricantes, operadores y proveedores de combustible. Pedimos propuestas a Siemens, General Electric, Mitsubishi, Caterpillar, Hyundai y Wärtsilä, entre otras. Analizamos costos de equipos y curvas de instalación por megavatio para identificar cómo competir de manera más eficiente en términos de Capex. Nuestra oferta fue US$13,4 y la subasta cerró alrededor de US$16,4, lo cual nos favoreció. Tenemos equipos nuevos, alta eficiencia térmica y costos de instalación más bajos. Quienes cuestionan el proyecto deberían entender que en las subastas hay ganadores y perdedores. Yo también he perdido subastas y no me he puesto a llorar. Hay cuestionamientos ambientales por la ubicación del proyecto cerca de la Línea Negra en Santa Marta. El proyecto inicial contempla 282 megavatios, aunque el desarrollo total podría alcanzar 2.200 megavatios en varias fases futuras. En Colombia la Dirección Nacional de Consulta Previa define si un proyecto afecta o no territorios protegidos. Presentamos las coordenadas del proyecto hace varios años y los técnicos realizaron las evaluaciones correspondientes y la entidad concluyó que el proyecto cumple con todos los requisitos legales.