Amenazas de agitación callejera

El llamado de la Confech a un paro universitario para el miércoles se suma a un clima más amplio de convocatorias que han vuelto a encender alertas en materia de orden público. De hecho, y a propósito de la Cuenta Presidencial del lunes, redes sociales ya han difundido llamados a protestar también ese día en Santiago y Valparaíso, con referencias a la "zona cero", a la necesidad de "derrotar" los planes del Ejecutivo y a consignas que evocan el repertorio del estallido. Todo, mientras los liceos emblemáticos siguen siendo campo de cotidiana violencia. Se hacen así evidentes los intentos por reactivar una lógica de presión callejera tristemente conocida.
Los estudiantes tienen derecho a manifestarse y a expresar su rechazo frente a políticas públicas. Otra cosa, sin embargo, es presentar como defensa de la educación una estrategia que habla de "agitación y propaganda" y sostiene que la manifestación debe "ir en aumento junto con la presión". Ello no parece orientado a enriquecer la deliberación democrática, sino a reinstalar la idea de que las decisiones institucionales deben subordinarse a la capacidad de alterar la normalidad.
La experiencia reciente obliga a tomar estas señales con seriedad. Durante el estallido de 2019, grupos diversos lograron convertir demandas heterogéneas en una dinámica de confrontación que causó graves daños a la convivencia, a la infraestructura y a la legitimidad de la protesta. Hoy el contexto es distinto. Así lo sugieren comentarios ciudadanos recogidos en redes, donde junto con llamados extremos aparecen voces que piden no destruir, no afectar a vecinos y dejar vivir tranquila a la gente. Esa fatiga frente al desorden es un dato político relevante, que las dirigencias harían bien en reconocer.
Con todo, más allá de la convocatoria que logren estos llamados, inquieta la repetición de un viejo libreto. Primero se instala una consigna amplia contra el Gobierno; luego se invoca la defensa de derechos "ganados a punta de calle"; después se buscan alianzas con sindicatos, organizaciones medioambientales, disidencias y otros actores, transformando una discusión educacional en plataforma de articulación política general. Así, la deliberación sobre proyectos concretos -como Escuelas Protegidas o las prioridades presupuestarias- queda desplazada por una retórica de movilización permanente.
Ello resulta especialmente contradictorio cuando rectores han advertido que la gran mayoría de los estudiantes quiere estudiar y que son grupos minoritarios los que provocan desmanes. No hay defensa posible de la educación si en nombre de ella se termina lesionando el derecho de miles de jóvenes a asistir a clases, avanzar en sus carreras y construir un proyecto de vida.
El Gobierno y las autoridades universitarias deben actuar, pues, con prudencia, pero también con claridad. La protesta pacífica debe ser respetada; la coacción, la interrupción sistemática de actividades y toda acción de fuerza ilegítima deben ser enfrentadas sin ambigüedades.