Sánchez se aferra al poder

El Presidente del Gobierno español debe dar pronto explicaciones a la ciudadanía sobre los casos que involucran a tantos personajes de su entorno, y no esperar hasta su comparecencia en el Congreso, que sería recién a fines de mes. Las diversas investigaciones que avanzan en la justicia, y en algunos casos ya en etapa procesal, son de tal complejidad y magnitud que no es creíble -y resulta más bien absurdo- su alegato de que solo obedecerían a maquinaciones de los opositores. A las acusaciones contra su hermano, David; su mujer, Begoña Gómez; su exministro y hombre de confianza José Luis Ábalos junto a otras figuras del PSOE, se ha sumado el caso que para muchos constituye un golpe letal: la imputación contra José Luis Rodríguez Zapatero, tanto por su carácter de exgobernante como por la influencia decisiva que ha tenido en el período de Sánchez y la naturaleza de los delitos que se le atribuyen, con aristas tan oscuras como las de sus vínculos con Venezuela.
Los primeros llamados a que diera un paso al costado, cuando se iniciaba el destape de la seguidilla de escándalos, venían de las filas opositoras, el Partido Popular y Vox, pero ya con las últimas informaciones judiciales se han sumado dos partidos que -a cambio de ingentes beneficios para sus comunidades autónomas- dieron en su momento el apoyo para la investidura de Sánchez. Hoy se han alejado. Junts ya había dejado de votar los proyectos del gobierno y ahora profundiza el distanciamiento, pidiendo convocar a las urnas. El PNV está en la misma línea. Sin embargo, ninguno de los dos se atreve a apoyar una moción de censura, como les piden los populares para destronar a Sánchez y a su "carrusel delictivo e indecente", como dijo el líder opositor, Alberto Núñez Feijóo, que sabe que solo lo puede conseguir con el voto de los independentistas. Lo nuevo son las críticas veladas del izquierdista Sumar -parte de la coalición oficialista- que ha pedido explicaciones a Sánchez, porque "la corrupción corroe las estructuras políticas del país". Así, como los nacionalistas, también están en un doble juego: denuncian la corrupción, pero en los hechos permiten que el gobierno continúe, para que no gane la derecha.
Ataques a la justiciaAunque desde la Moncloa levantan el discurso de ser víctimas de "métodos no democráticos", lo cierto es que en la medida en que avanzan las causas en la justicia, el PSOE y el Ejecutivo se ven más complicados. La semana pasada, un juez de la Audiencia Nacional imputó a varios personeros socialistas por lo que describió como una trama "para desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban al partido y al gobierno". Esta es una vertiente nueva de un caso conocido como el de la "fontanera del PSOE", Leire Díez, quien a petición de dirigentes habría intentado operaciones para desacreditar a miembros de la fiscalía y de la Guardia Civil que llevaban las investigaciones contra los socialistas.
Según el juez, el ex secretario general del partido Santos Cerdán, ya imputado en otro caso de corrupción, habría dirigido esta operación que pretendía ofrecer a funcionarios judiciales pagos por informaciones que ayudaran a cuestionar a los investigadores y "obstaculizar de forma sistemática" las actuaciones de la justicia. Esto habría sido organizado después de una reunión mantenida por Cerdán y otros dirigentes durante el "periodo de reflexión" que se tomó el Presidente Sánchez para supuestamente decidir si seguía en el cargo, luego de que su mujer, Begoña Gómez, fuera imputada de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida de una marca.
Las nuevas acusaciones encuentran a un PSOE profundamente golpeado por la imputación de Zapatero, y antes, por el mencionado caso de Begoña Gómez; el de David Sánchez (de quien se cuestiona que se le habría creado especialmente un cargo en Badajoz), y el de Ábalos y Cerdán, por supuestas comisiones cobradas en la adjudicación de obras públicas. Pero, además, Ábalos -para quien la fiscalía está pidiendo 24 años de prisión- sería el protagonista de otro esquema de corrupción ejecutado durante la pandemia, por la compra de mascarillas.
Ocho años después de haber promovido una moción de censura para derribar a Mariano Rajoy por los coletazos políticos de un juicio de corrupción contra integrantes del Partido Popular, Sánchez se encuentra en una situación similar, pero muchísimo más complicada, por cuanto el avance de los procesos toca a familiares y a su entorno político más próximo. Las acusaciones son graves, tienen al gobierno semiinmovilizado, sin presupuestos (recién envió proyecto) y sin mayoría segura en el Legislativo. La prensa habla de "legislatura agotada", "pérdida de confianza en las instituciones", "erosión de la imagen internacional de España" y de una falta de "autoridad política y moral de Sánchez" porque la "corrupción está desbordada".
A los llamados de Feijóo a renunciar y adelantar elecciones, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, agrega la necesidad de un "reseteo" de la política española para una "regeneración profunda" de las instituciones, que elimine la corrupción y restaure la confianza pública. Aunque la capacidad de sobrevivencia de Sánchez es proverbial, llegar al final de la legislatura, en 2027, parece hoy una apuesta en extremo difícil.