Rendición de Cuentas 2026: la prueba de los supuestos

El 30 de junio el Poder Ejecutivo debe presentar ante el Parlamento la Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio 2025. Conviene detenerse en lo que significa esta instancia, porque suele asociarse con un trámite administrativo y es bastante más que eso.

La Rendición no se limita a informar cómo se ejecutó el presupuesto del año anterior. Es también el momento en que se reabre la Ley de Presupuesto y el Poder Ejecutivo puede proponer modificaciones a la senda de ingresos y gastos originalmente proyectada. En otras palabras, es la única ventana institucional del año para ajustar el rumbo fiscal sin necesidad de una ley específica. Por eso lo que se presente a fin de junio importa mucho más de lo que su nombre sugiere.

Esta Rendición llega además en un contexto particular. En marzo, desde estas columnas, advertimos que las cuentas públicas de 2026 descansaban sobre un supuesto decisivo: que la economía crecería al ritmo previsto por el MEF. Lo señalábamos como un riesgo. Dos meses después, ese riesgo se materializó y el propio MEF bajó la proyección de crecimiento para el 2026 de 2,2% a 1,6%.

El Informe del Comité de Expertos publicado en mayo, órgano técnico e independiente que provee insumos al Ministerio de Economía y Finanzas, ubicó la mediana de proyección de crecimiento del PIB para 2026 en 1,3%. La cifra no es menor por dos razones. Primero, porque implica una revisión muy fuerte respecto del informe anterior, de febrero, que ya proyectaba 1,8%. Segundo, porque la brecha con la proyección oficial del MEF se ubica en 0,3% del PIB.

La distinción entre PIB efectivo y PIB potencial también merece atención. El Comité revisó a la baja no solo la proyección del año en curso sino también la del PIB potencial, que pasó del 2,1% al 1,9%. Esto sugiere que la desaceleración no es enteramente coyuntural: parte de ella refleja una expectativa de menor capacidad de crecimiento de mediano plazo. La diferencia es relevante a la hora de pensar la política fiscal. Un menor crecimiento transitorio puede admitir respuestas también transitorias; un menor crecimiento estructural exige decisiones más permanentes.

Frente a este escenario, el Ministro de Economía expuso la semana pasada su estrategia. La definición central es clara: las metas fiscales se mantienen pese al menor crecimiento. La pregunta inmediata es cómo. La respuesta combina dos vías. Por un lado, los nuevos impuestos creados en la Ley de Presupuesto: el IRPF sobre ganancias de capital obtenidas en el exterior, un nuevo régimen para envíos postales y, a partir de 2027, el impuesto mínimo global. Por otro, una priorización del gasto orientada hacia infancia, situación de calle y seguridad.

La estrategia tiene una lógica defendible: sostener el ancla fiscal en un contexto de mayor incertidumbre. Pero también deja preguntas abiertas que la Rendición debería atender.

La primera es de composición. Si las metas se sostienen principalmente por mayor recaudación, la consolidación fiscal queda apoyada en una vía que tiene costos sobre la competitividad. Es la misma discusión que planteábamos hace algunas semanas: en un país donde abrir y mantener una empresa ya implica una carga regulatoria y burocrática significativa, la presión tributaria adicional opera en la dirección contraria a la que la propia agenda oficial de competitividad busca corregir. No se trata de objetar cada uno de los nuevos impuestos en su mérito, sino de notar que cuando el ajuste se inclina hacia el lado de los ingresos, la economía paga un costo que no aparece en la planilla fiscal.

La segunda es de transparencia presupuestal. La priorización del gasto hacia infancia, situación de calle y seguridad es una decisión que parece compartir amplio consenso. El punto es que priorizar significa, por definición, asignar más recursos a algunas áreas y contener otras. Al mismo tiempo, la historia muestra que la priorización presupuestal en determinadas áreas no siempre viene acompañada de buenos resultados. Esto sucede en educación, donde Uruguay destina una proporción mayor de su presupuesto que países de la OCDE o Chile, sin embargo, tenemos una de las peores tasas de egreso de secundaria de la región (en el entorno de 50% cuando en Chile es del 85%). La Rendición debería explicitar cuáles son esas otras áreas y bajo qué criterios se efectúan los ajustes.
Sin esa información, la discusión pública queda incompleta.

La tercera es de fondo. La pregunta que el contexto plantea no es solo cómo cumplir las metas de 2026, sino si el diseño del programa financiero resiste un escenario de menor crecimiento estructural. Y la respuesta a esa pregunta exige algo más que recaudación adicional y priorización: requiere una revisión del gasto público en su conjunto. Identificar dónde hay margen para eficiencia, dónde hay duplicación de funciones, qué programas se justifican por sus resultados y cuáles se sostienen por inercia. No es una tarea simple ni rápida.
Pero es justamente el tipo de discusión que una Rendición de Cuentas, en este momento del ciclo económico, debería habilitar.

La discusión de fondo, en todo caso, no pasa por la meta sino por su sostenibilidad. Cumplir el objetivo fiscal de 2026 con una combinación de aumentos puntuales de la recaudación y priorización o "manejo quirúrgico" del gasto es posible; la pregunta es si esa combinación reduce efectivamente las contingencias hacia adelante o simplemente las posterga. Una estrategia que se apoya en potenciales ingresos adicionales sin revisar la estructura del gasto tiende a generar alivios de corto plazo, pero deja intactos los factores que vuelven al equilibrio fiscal vulnerable cuando el ciclo se enfría.

La Rendición de Cuentas de fin de junio es, en este sentido, mucho más que un ejercicio de control. Es la oportunidad para que el Poder Ejecutivo presente al Parlamento y a la ciudadanía una estrategia fiscal calibrada al escenario que efectivamente enfrentamos, no al que se proyectó hace algunos meses. Adoptar supuestos macroeconómicos más conservadores, transparentar la composición de la priorización del gasto y abrir una discusión profunda sobre la estructura del gasto público no son demandas técnicas menores: son las condiciones que permiten que la regla fiscal funcione efectivamente como ancla.

Porque en materia fiscal, sostener una meta no es lo mismo que sostener un equilibrio. Lo primero se puede lograr con instrumentos; lo segundo exige convicción sobre la dirección.

-El autor, Ramiro Correa, es Economista Jefe del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED)