Sala Cuna, flexibilidad y más crecimiento: la fórmula de la CPC contra la crisis laboral
Aunque se requieren cambios estructurales, combatir el desempleo "trasciende" el trabajo de esta mesa, cree la presidenta de la multigremial, Susana Jiménez.
El mercado laboral "pasó a ser, sin lugar a dudas, una gran prioridad", dice la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez. Los datos más recientes dan cuenta de un desempleo en su peor nivel desde la pandemia, con períodos de desocupación más extendidos y un avance de los puestos de trabajo informales, a tiempo parcial o subcalificados.
Por eso, la multigremial acudirá este jueves a la mesa de "reactivación" laboral que convocó el Ministerio del Trabajo, donde se reúne un amplio grupo de expertos para alcanzar conclusiones que reviertan este escenario. La dirigente argumenta la relevancia de cada uno de los siete puntos que pondrá sobre la mesa la CPC, pero hace un alcance relevante sobre la "fórmula" para enfrentar la crisis en curso: "La respuesta va mucho más por el tema de generar más crecimiento económico (...). Hay una batería de medidas que trascienden el tema laboral, que tienen que ver con competitividad tributaria, con facilitación regulatoria".
Sin ese tipo de certezas, que afectan a algunos sectores más que a otros, "es difícil pensar que va a haber una reversión en el mundo laboral", dice.
A la espera de datos sobre Sala Cuna
Entre las propuestas que expondrá la CPC hay una que ha sido ineludible en el debate reciente: una reforma al sistema que regula el derecho a sala cuna. El modelo actual exige este beneficio solo a las empresas con más de 20 trabajadoras mujeres, lo que en la práctica desincentiva su contratación.
Lo que sugiere el documento de la CPC en este sentido es avanzar con la medida que está en debate dentro del Congreso, siguiendo ciertos principios como libertad de elección y gradualidad. Sobre todo, remarcan que "la inclusión de hijos menores de dos años de trabajadores independientes podría abordarse en una segunda etapa".
Con todo, el aspecto más controversial de esta medida es su financiamiento. El Gobierno dice que está explorando una fórmula que aumenta la cotización de cargo del empleador en torno a 0,1% y 0,2% mensual, con una compensación que disminuye los aportes al Seguro de Cesantía. Una idea similar se discutió en torno a la propuesta de la administración anterior.
En este sentido, Jiménez cree que "aumentos de costos de contratación en la realidad que tenemos hoy día, la verdad es que se ven muy complejos. Pero también, y siendo realista, todavía no están a la vista los estudios prospectivos del fondo del Seguro de Cesantía. Necesitamos esa información para poder ver si lo que se puede destinar a Sala Cuna es el 0,1% del que se ha hablado, o puede ser eventualmente algo más", plantea.
Flexibilidad y otras adaptaciones
El documento expone otros seis temas que abordan distintas dimensiones de la regulación laboral. Uno de los más relevantes apunta a eliminar gradualmente el actual modelo de indemnización por años de servicio, para reemplazarlo por un beneficio a todo evento con cargo al Seguro de Cesantía. "Esta medida reemplaza el actual costo asociado al despido por una mejor condición para los trabajadores, consistente en una cobertura a todo evento", argumentan.
En aspectos relacionados con la adaptabilidad y flexibilidad, proponen que trabajadores y empleadores puedan pactar un cambio en las funciones de trabajo originalmente suscritas en un contrato. Esto responde, dicen, al impacto de las nuevas tecnologías -como la inteligencia artificial- sobre una "acelerada automatización de los trabajos, alterando los formatos rígidos de tareas asociadas a cada cargo".
En una línea similar sugieren avanzar en un formato de "bolsas de horas" para adaptar la jornada laboral. Esto se traduce en "distribuir la jornada de trabajo de forma flexible a lo largo de la semana, el mes, o incluso del año", sin superar el máximo legal de 40 horas y con un "descanso mínimo entre jornadas".
Los otros énfasis de la propuesta apuntan a la integración al empleo formal de migrantes, mayores esfuerzos en capacitación y una definición más precisa de los criterios que se utilizan en el marco de las denuncias por Ley Karin.