Consejo consultivo de Hacienda revisará norma de fraudes

Solo en 2025, el monto de las transacciones no reconocidas por los tarjetahabientes sumó unos US$ 200 millones y afectó a unas 500.000 personas. De mantenerse la tendencia observada en los primeros meses del año, en 2026 podrían sumar US$ 230 millones, según estimaciones de la Asociación del Retail Financiero (ARF).
El gremio propone una serie de reformas a la Ley de Fraudes vigente, que pondrá en revisión del Consejo Consultivo del Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda.
Un foco de estas medidas apunta al "autofraude", un mecanismo a través del cual los usuarios advertirían falsamente sobre operaciones desconocidas en su cuenta, para obtener una restitución de parte de las instituciones financieras. En esta línea, por ejemplo, esta propuesta sugiere reforzar la relevancia de la evidencia tecnológica (geolocalización, biometría, tokenización, etc.) en el estándar probatorio de la ley. Postula incorporar la hipótesis de "negligencia grave" respecto de la responsabilidad de los usuarios, cuando faciliten "de manera determinante la ocurrencia del fraude". La idea, dicen, es "actualizar" el alcance de la ley frente a nuevas modalidades de fraude.
También proponen modificaciones a los plazos y procedimientos que se establecen hoy para la restitución de fondos cuando se denuncia un fraude, con el fin de agilizar el proceso y no frenar la posibilidad de investigaciones "más profundas" cuando existan antecedentes. También solicitan que el contenido de las denuncias sea más completo, un mecanismo que disminuya la judicialización, incorporar figuras penales orientadas a combatir el abuso de la ley y términos unilaterales de contrato, en casos graves y reiterados.