Agenda de seguridad

Una agenda de 39 acciones operativas y 26 proyectos de ley priorizados, organizados en tres ejes y siete focos de gestión, con siete fuerzas de tarea solo para el combate del crimen organizado, más el reemplazo inmediato de quienes lideraban las subsecretarías de Prevención y Seguridad. Si se trataba de comunicar la voluntad del Gobierno de dar un nuevo impulso al Ministerio de Seguridad, sin duda que estas cifras e iniciativas, junto al inequívoco foco de la Cuenta Pública, lograron el objetivo.
Con todo, aparte de algunos titulares, aún es poco lo que se conoce sobre el detalle de estas medidas. Cierta perplejidad ha causado el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades, ya que no se sabe bien qué contará como incivilidad -lo cual pone en guardia, con razón, a cualquier persona de talante liberal-, como porque la idea de sancionar estos actos con la privación de beneficios sociales parece, al menos a primera vista, cuestionable. Más allá de esto solo han trascendido los objetivos de algunos de los proyectos de ley, varios de los cuales ya se encuentran en tramitación. Por ejemplo, se impulsará una reforma constitucional para reforzar los estados de excepción; se agravarán una vez más las penas para quienes cometan delitos contra funcionarios de las policías, de Gendarmería o de las Fuerzas Armadas; se propondrán penas de presidio o reclusión perpetuas para adolescentes que cometan delitos graves; se incrementarán las penas para los delitos cometidos en establecimientos educacionales; se tipificará como delito el reclutamiento de menores para delinquir y el ingreso al país por pasos no habilitados; se aumentarán las penas contra las organizaciones delictivas y criminales; se subirán las penas previstas para los turbazos; se castigará más intensamente el quebrantamiento de condena y se dificultará la prescripción.
Si este fuera el catálogo de las medidas, centrado una vez más en incrementar las penas, crear nuevos delitos e intensificar por distintas vías las restricciones a las libertades ciudadanas, resultaría cuando menos decepcionante. Para advertir la desconexión de tales medidas con los problemas reales basta observar cómo solo el hallazgo casual de un teléfono celular extraviado en el contexto de una balacera en Lampa permitió detectar una gigantesca operación de lavado de dinero, ejecutada al parecer por un solo ejecutivo que se desempeñaba en el banco comercial más grande del país e involucrando al menos a otras cuatro instituciones financieras. ¿Cómo ha sido posible tamaña brecha en un sistema cada vez más burocrático e invasivo de prevención del lavado de activos, en el cual la Unidad de Análisis Financiero y la misma banca cuentan por ley con facultades omnímodas para requerir, procesar y comunicar información de los particulares? Todo indica que la instrumentalización de la banca fue posible no por falta de regulación, sino porque la regulación existente no se aplica y, sobre todo, porque existen debilidades serias en las instituciones que deben fiscalizar su cumplimiento.
Dictar leyes puede ser popular y tener efectos simbólicos y comunicacionales inmediatos. En cambio, fortalecer las instituciones, reclutar y conservar en ellas al personal idóneo, perfeccionar el diseño de sus competencias e instrumentos, establecer cauces eficaces y permanentes -no solo para casos visibles o connotados- de cooperación interinstitucional, instaurar mecanismos avanzados de planificación y evaluación del cumplimiento de objetivos, son todas tareas menos vistosas, de largo aliento e intensivas en recursos. Sin embargo, no hay otra alternativa. El país no debe seguir por el camino de restringir las libertades ciudadanas, criminalizarlo todo y elevar las penas. El problema está en que las leyes que ya existen no se cumplen y en que los organismos encargados de su implementación son institucionalmente débiles.