Editorial: El costo de patear la basura hacia adelante

Costa Rica se acostumbró a vender al mundo la imagen de un país verde, pero su huella de basura cuenta otra historia.

Mientras la marca país se apoya en parques nacionales y energías limpias, el sistema de gestión de residuos se acerca a un punto de quiebre: los principales rellenos del Gran Área Metropolitana están a meses de colapsar y la capacidad de reciclar no mejora, retrocede. Esa brecha entre el relato y la realidad ya no es solo un detalle incómodo; es un riesgo económico, sanitario y reputacional.

El país genera más basura de la que puede procesar y, en lugar de reducir la presión, la agrava. La valorización de residuos cayó de manera significativa en los últimos años y apenas una fracción de lo que se desecha vuelve a la cadena productiva. El resultado es predecible: miles de toneladas terminan en rellenos cada día, acelerando su saturación, encareciendo el transporte y acortando la vida útil de una infraestructura que nadie quiere ampliar porque es políticamente costosa. Costa Rica, que aspira a liderar agendas verdes, no logra resolver el problema más básico de cualquier política ambiental: qué hacer con su basura.

Detrás de esta crisis hay un patrón claro: durante años, la clase política ha preferido "patear la basura hacia adelante" antes que asumir decisiones estructurales. Nuevos rellenos, plantas de valorización, tarifas ajustadas a costos reales, cambios normativos y esquemas regionales de gestión han sido postergados una y otra vez. Nadie quiere cargar con la foto del aumento de tarifas ni con los conflictos territoriales que provoca cualquier proyecto de disposición final. La respuesta ha sido una sucesión de soluciones temporales: trasladar residuos a otros cantones, forzar al límite los sitios existentes y confiar en que algún proyecto tecnológico o legal llegue a tiempo.

Pero la factura ya empezó a llegar. Varias municipalidades se han visto obligadas a aplicar incrementos tarifarios fuertes para sostener la operación, en algunos casos de hasta varios cientos por ciento. Cuando los rellenos de la GAM cierren, el traslado de residuos a distancias mayores encarecerá aún más el servicio, presionará las finanzas municipales y, en última instancia, el bolsillo de hogares y empresas. Reciclar poco no sale gratis: se traduce en más camiones, más kilómetros, más tarifas y más riesgo de que, ante la falta de recursos, la recolección se resienta y proliferen focos de contaminación.

La paradoja es que buena parte de esa basura podría tener valor económico. Más de la mitad de los residuos del país son orgánicos y podrían aprovecharse para generar energía o producir fertilizantes. Plásticos, metales y papel son insumos industriales que hoy se entierran sin procesar. En un país que habla de economía verde, esa ineficiencia es difícil de justificar. En vez de consolidar cadenas de valor alrededor del reciclaje y la valorización energética, se insiste en un modelo lineal que transforma materiales potencialmente útiles en un costo creciente para el sistema público.

Este descalce entre discurso y práctica también tiene implicaciones competitivas. Costa Rica atrae inversión y turismo apoyada en su reputación ambiental. Sin embargo, una crisis visible de residuos, con rellenos saturados, alzas tarifarias bruscas y conflictos territoriales, erosiona esa credibilidad. Las empresas que buscan destinos alineados con criterios ESG miran más allá de los eslóganes y examinan la consistencia de las políticas públicas. Un país que no puede garantizar un manejo moderno de sus residuos corre el riesgo de pasar de ejemplo a advertencia.

Salir de esta trampa exige algo más que campañas de separación en origen o llamados a "concientizar". Implica reconocer que el modelo actual está agotado y que la basura es, ante todo, un problema de diseño institucional y de economía política. Se requiere planificación nacional y regional -no solo cantonal-, reglas claras y estables para proyectos de valorización con la escala necesaria, y un esquema tarifario que refleje los costos reales, acompañado de mecanismos focalizados para proteger a los más vulnerables. Y, sobre todo, demanda liderazgo político dispuesto a asumir el costo de decirle al país una verdad incómoda: si queremos sostener la narrativa de nación verde, tendremos que pagar, organizar y cambiar mucho más de lo que hemos estado dispuestos hasta ahora.