Delitos contra el ambiente

El Ministerio de Ambiente realiza un nuevo intento de incorporar delitos contra el ambiente en el Código Penal uruguayo.

En la administración anterior se presentó un buen proyecto de ley que fue aprobado por la cámara de Senadores pero no superó la de Diputados. Quizás ahora prospere el intento.

Se trata de aggiornar nuestra legislación a la realidad de estos tiempos, haciéndola más severa para las personas físicas y jurídicas que incurran en acciones deliberadas, que comprometen severamente la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas.

A diferencia de muchos países de vanguardia en materia de salud ambiental -que incide directamente en la calidad de vida de la gente-, el nuestro está atrasado.

De aprobarse la norma se tratará de una ley fundamentalmente disuasiva, lo que hasta ahora no ocurría con las sanciones administrativas vigentes para esta clase de conductas violatorias del marco legal. Una cosa es recibir una multa o una suspensión temporal, y otra muy distinta es ir a prisión.

Otra diferencia sustancial que ocurrirá si se aprueba la ley es que provocará un aumento exponencial de los recursos estatales para fiscalizar ataques importantes contra el ambiente nacional. Hasta ahora es el reducido cuerpo de inspectores del Ministerio de Ambiente que realiza las tareas de control. Si se aprueba la ley se incorporará toda la estructura punitiva del estado o sea la policía, la fiscalía y los jueces para perseguir las malas conductas.

Lo relevante en esta propuesta es que con la creación de delitos penales ambientales se llenará un vacío pernicioso. Nos referimos a que hasta el presente una empresa, organismo público o persona que viola las normas protectoras del aire, del agua, del suelo, de la fauna y flora, que combaten la contaminación con residuos, el tráfico de basura, etc. puede salir del paso pagando multas -que muchas veces no lo desalientan porque el negocio es muy lucrativo, o el beneficio de su inconducta es elevado-. Pero con la amenaza de ir a prisión la ecuación cambia de manera evidente.

La norma penalizará también el aportar información falsa incorporada a proyectos presentados al Ministerio con la intención de facilitar su aprobación.

Será un avance cualitativo en la protección ambiental que demandará capacitación especial para el cuerpo policial, los fiscales y jueces. Y desde luego requerirá más presupuesto que posibilite el éxito de las nuevas tareas.

Cualquier ciudadano podrá realizar una denuncia ante fiscalía sin necesidad de ser directamente perjudicado por esa situación.

En cuanto a cuándo estaríamos frente a un delito ambiental, esa situación se podría constituir cuando la acción supere los parámetros establecidos por las normas vigentes en materia de contaminación del agua, aire, etc.

Lo paradojal de este proyecto de ley anunciado el "Día Mundial del Medio Ambiente" por el titular del Ministerio de Ambiente, es que de aprobarse podría generarle problemas al jerarca si su cartera aprueba el proyecto de represamiento del arroyo Casupá, que implica la destrucción de más de 400 hectáreas de monte indígena, violando la protección total que le brinda la ley forestal vigente, que declara de interés nacional la conservación y defensa de los recursos forestales, protegiendo tanto los bosques nativos como la diversidad biológica asociada a ellos.