El SII y el juego en línea

Una delicada señal es la que ha dado el Servicio de Impuestos Internos (SII) al habilitar el pago de impuestos por parte de las plataformas de apuestas en línea, en lo que la opinión pública ha entendido como una suerte de legalización de facto de esa actividad, por más que el propio organismo haya negado que sea así.
El SII ha fundado la decisión en sus deberes recaudatorios y en el hecho de carecer de competencias para calificar la licitud o no de una determinada actividad económica. Ello es efectivo, pero de allí no se deriva -y así lo hacía notar la jurisprudencia previa del mismo organismo- que el Servicio esté facultado para inscribir como contribuyentes a quienes realicen actividades cuya ilegalidad sí ha sido expresamente declarada por órganos del Estado competentes.
En este caso, en efecto, tanto la Contraloría como la Corte Suprema han emitido resoluciones en las que han calificado el funcionamiento de estos sistemas de apuestas en línea como contrario al ordenamiento vigente, e incluso, en el caso del máximo tribunal, ha ordenado bloquear los sitios web en que esas plataformas operan. Tal orden ha sido burlada por las casas de apuestas mediante el expediente de cambiar levemente sus direcciones en la red, pero esa astucia no altera el punto de fondo, cual es la ilegalidad en que hoy se desarrolla este rubro, ni ello puede ser ignorado por las autoridades del Servicio. Al respecto, especialistas en derecho administrativo han advertido que, dados los antecedentes que maneja esa entidad, su responsabilidad sería más bien la de denunciar a quienes están quebrantando la ley.
Pero junto con la discusión jurídica sobre el paso dado por el SII, no puede obviarse la desconcertante señal que se entrega al país: resulta inentendible para la ciudadanía observar cómo el mismo Estado que declara ilegal una actividad, luego llama a sus actores a inscribirse como contribuyentes. Y es que al hacerlo, inevitablemente, los legitima y los deja en una mejor posición para defender sus particulares intereses, por ejemplo, en la discusión del proyecto que pretende regularizar esta actividad. No es casual que ser reconocidos por el SII haya sido un antiguo anhelo de estas plataformas, las que de este modo pueden ahora anotar un nuevo hito en su proceso de instalación de facto en Chile. Este las ha llevado, en pocos años, a transformarse en el principal auspiciador de nuestro fútbol profesional, en un importante actor del mercado publicitario y en un negocio que, según ciertas estimaciones, mueve recursos por más de US$ 3 mil millones al año. Es difícil no advertir en todo esto un grave desafío al Estado de Derecho, lo cual debiera interpelar de modo particular al actual gobierno, que hizo de su plena vigencia uno de los temas centrales de la última campaña.
No sin algo de razón, se ha sostenido que, si hemos llegado a situaciones como esta en el tema de las apuestas en línea, ha sido por la lentitud de los poderes colegisladores para sacar adelante la referida normativa para regularlas. Este sería así otro ejemplo de cómo la realidad se ha adelantado a la ley y a la capacidad del mundo político para ofrecer respuestas oportunas. Pero ni ello ni la alicaída situación de las arcas fiscales justifican medidas que pongan en duda el compromiso de todas las autoridades con la plena vigencia de la legalidad en el país.