Hacer negocios y generar impacto social y medioambiental, el modelo de empresas BIC crece en Uruguay

El 14 de julio de 2021, el Parlamento uruguayo aprobó por unanimidad la Ley 19.969 de Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC), que establece un marco jurídico para las empresas de triple impacto. Con ello, Uruguay se convirtió en el octavo país del mundo y el cuarto de América Latina en adoptar este régimen. Además, fue el primero en incorporar los fideicomisos a este régimen. La norma fue reglamentada en 2022.

Desde entonces, las empresas locales que se amparan en este marco crece constantemente. En 2025, el estudio Relevamiento y Caracterización del Ecosistema de Innovación Económica de Triple Impacto en Uruguay, elaborado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y el Nodo de Innovación Económica de Triple Impacto de Uruguay, reveló que había 29 empresas registradas. Hoy, el número ronda las 40, según un análisis no oficial al que accedió El Empresario.

«Y esto sin que cuenten con ningún beneficio fiscal o de otra índole», destacó Natalia Hughes, fundadora del Grupo Jurídico B y de Capibara -empresa que invierte en compañías de impacto-, además de una de las impulsoras de la ley. Para Hughes, que Uruguay cuente con esta normativa «no es un gesto simbólico, ni una moda», sino que «redefine el sentido del éxito en la economía». «Busca que la economía sea parte de la solución a problemas climáticos y sociales. Que el éxito se mida por el bienestar de las personas, la sociedad y la naturaleza», explicó.

La experta aclaró que esto no implica desplazar el foco del lucro en las empresas, sino ampliarlo. «Permite que (la empresa) persiga ganancias y, al mismo tiempo, genere impacto positivo, medible y verificable sobre la sociedad y el ambiente. En términos jurídicos, incorpora al corazón del negocio finalidades sociales y ambientales que estaban por fuera».

Para ser una sociedad BIC, la norma exige que las empresas incorporen en sus estatutos la obligación de generar impacto positivo; que los administradores asuman deberes ampliados y consideren los efectos de sus decisiones sobre grupos de interés, y que elaboren cada año un reporte de impacto social y ambiental, acompañado de una declaración jurada, ante la Auditoría Interna de la Nación (AIN).

Según Hughes, uno de los principales efectos que este régimen genera es que, al incorporar los nuevos objetivos a los estatutos, las decisiones empresariales dejan de basarse solo en criterios económicos. Esto «permite justificar acciones que tal vez no sean las más económicas, pero generan impacto. Además, mantiene los propósitos frente a cambios de liderazgo y presiones del mercado», destacó.

Pero ese no es el único efecto. Al obligar a presentar un reporte y una declaración jurada anual, el accionar de estas compañías es «más transparente», afirmó. Incluso, como el objetivo es generar un impacto social y medioambiental, «las BIC pueden ser aliadas del Estado para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible», agregó.

Esta lógica gana adeptos. Según datos publicados en 2025 por La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), desde 2018 se registra un crecimiento sostenido de empresas BIC en la región, especialmente a partir de 2021. Un artículo del Observatorio Iberoamericano del Empleo y la Economía Social y Cooperativa reveló que, para entonces, existían más de 5.000 sociedades BIC, de las cuales más del 95% eran micro y pequeñas empresas.

«Uruguay BIC»

Altavista es la última empresa en Uruguay en ingresar al régimen BIC. La firma, con 34 años en el mercado y especializada en la industria óptica corporativa, dio el paso luego de varios años desarrollando iniciativas de impacto, aseguró su director, Juan Monetti.

«Durante años realizamos acciones de impacto de manera dispersa, hasta que en 2019 logramos construir una estrategia de sustentabilidad. A partir de ese momento se desplegaron proyectos de impacto social y ambiental liderados por nuestro comité circular. Decidimos adherir al Pacto Global de Naciones Unidas, a los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres (WEPs) de ONU Mujeres y a Sistema B. También nos presentamos a la certificación B Lab. Para generar un marco, decidimos dar una cobertura legal coherente a nuestra misión y visión de triple impacto cambiando nuestros estatutos ante la Auditoria Interna de la Nación y ser una empresa BIC», dijo.

A su juicio, además del cambio cultural interno y el impacto en la sociedad, ser una empresa BIC beneficiará a su negocio.

«Este tipo de empresas son las más modernas y avanzadas que el consumidor actual -y sobre todo el del futuro- tomará como primera opción en sus decisiones inteligentes de consumo», opinó.

Para Soledad Chiarino, cofundadora y directora de Abito, ser empresa BIC les permite «blindar el corazón» de la empresa. «Éramos una SRL y al sumar accionistas cambiamos a SAS. Es una forma prolija y formal de presentar información y, al momento de presentarnos ante nuevos socios, permite que parte de la conversación esté hecha», destacó.

Entre sus objetivos, Abito apunta a ampliar la circularidad de los residuos para reducir desechos y aumentar su reciclaje o compostaje. Según su último informe, en 2024 la compañía recicló 1.064.258 kg de residuos (plástico, papel, cartón, metal y otros insumos), gestionó el reciclaje 8.600 kg de residuos electrónicos y compostó 446.834 kg de desechos orgánicos. Esto preservó 16.218 árboles - un 20% de los que existen e n parques y plazas de Montevideo-, permitió ahorrar más de 25 millones de litros de agua y evitó emitir 433 toneladas de CO?. En el plano social, capacitaron 10.166 personas en sostenibilidad y gestión de residuos y promovió la inclusión de 14 clasificadores en empleos formales.

Para el shopping y terminal Tres Cruces, convertirse en sociedad BIC fue «un paso más» en su camino de triple impacto.

«Es el reconocimiento externo de algo que ya hacíamos, ser una empresa sostenible que cuida muy bien cada aspecto de la gestión medioambiental, social y de gobernanza. En Tres Cruces, la sostenibilidad no es una iniciativa nueva, es la forma en que entendemos nuestro rol como puerta de entrada al país, con 24,5 millones de visitas al año», indicó el gerente general Marcelo Lombardi.

Su acción más reciente es la inauguración de una planta fotovoltaica propia, con 2.415 paneles que cubren 7.000 metros cuadrados de azotea. La instalación genera 1.800 MWh al año y reduce 920 toneladas anuales de CO?.

«A esto se suma la gestión integral del agua, la medición de la huella de carbono y la gestión de residuos bajo norma UNIT 1239:2017. En gobernanza, contamos con un sistema de gobierno corporativo que combina auditorías externa y interna, supervisión de la AIN, un síndico y un comité de auditoría y vigilancia. También desarrollamos programas de apoyo comunitario con foco en educación junto a Ánima y promovemos el voluntariado corporativo. Además, trabajamos en favor de la accesibilidad plena en nuestro complejo», relató el ejecutivo.

En 2024, Paullier, firma de corredores de bolsa, decidió modificar sus estatutos para ser una Sociedad BIC. «El objetivo es sentar bases sólidas para las generaciones futuras. Comenzamos a evaluar la adhesión a estándares de sostenibilidad, entre ellos la certificación Empresa B», comentó Verónica Vázquez, integrante del equipo de sostenibilidad de la empresa. La firma apoya proyectos educativos y desarrolla indicadores de consumo de energía y de clima laboral.

A la hora de sumar más jugadores a este movimiento, los empresarios reconocen que los desafíos pasan por dar a conocer más el modelo, porque «el proceso de registrarse como BIC es sencillo», comentó Chiarino.

Monetti alertó que los organismos internacionales que operan en Uruguay «han sido ineficientes en la promoción del modelo a nivel político y educativo».

Para Lombardi, se necesita pasar del compromiso individual de algunas empresas a un estándar más extendido, donde ser BIC «sea una práctica habitual y no una excepción».

Vázquez señaló que adoptar este modelo implica «asumir costos y compromisos que otras empresas no tienen». En ese sentido, «en un mercado donde ser BIC no genera incentivos económicos ni beneficios estatales, la competencia no se da en igualdad de condiciones», sostuvo.

Finalmente, Hughes remarcó la oportunidad que esta figura podría significar para el país. «Cada empresa o fideicomiso BIC genera datos públicos y verificables, refuerza una cultura de rendición de cuentas y aporta a soluciones concretas frente al cambio climático y la inequidad», concluyó.