Impagos en autopistas

Las concesionarias de autopistas interurbanas alertan sobre un aumento importante en la morosidad de los usuarios. Las cifras han subido rápidamente en los últimos meses, lo cual amenaza a la industria de las concesiones y a la posibilidad de nuevas inversiones en el sector. Ante este problema, que pone en riesgo los numerosos proyectos de infraestructura concesionada que desea desarrollar el Gobierno, el Ministerio de Obras Públicas busca acordar una fórmula que implicaría reducir los peajes a cambio de aumentar el plazo de las concesiones, reduciendo así la presión política por no pagar, en un contexto de ingresos que no aumentan y de discursos populistas.
Ejemplo de esto último -y otro riesgo que perciben los concesionarios- es una propuesta de ley, promovida por diputados, que eliminaría la multa por circular sin tag. La consecuencia, naturalmente, es que los vehículos dejarían de portar el dispositivo y el no pago sería aún mayor. De hecho, ya en la actualidad se observan muchos que circulan sin patente (o con el número de esta oculto), pese a una reciente normativa que lo hace ilegal y lo castiga con multas, retiro de vehículos y suspensión de la licencia. Queda en evidencia así que el problema es la ausencia de una fiscalización efectiva.
Mientras, las propuestas populistas, así como el no pago de deudas, parecen transformarse en un fenómeno cada vez más común. Los deudores del CAE no desean pagar por los recursos con los que cursaron sus estudios y mejoraron sus ingresos, y en eso una parte del público incluso los apoya. A su vez, un diputado logró incluir en la "ley miscelánea" la prohibición del interés compuesto, volviendo a discusiones pretéritas y obsoletas. Lo único que consiguen dichas medidas es reducir la inversión, en el caso de concesiones, y restringir al acceso al crédito, si se elimina el interés compuesto. Porque, aunque a algunos les parezca injusto que las personas tengan que devolver el monto de sus créditos pagando aquel, la alternativa es no tener acceso al crédito formal y terminar acudiendo a prestamistas informales, que no solo cobran aun mayores intereses, sino que en algunos casos utilizan la extorsión y la violencia como métodos de cobranza.
El país, sin embargo, conoce ejemplos recientes de cómo actuar eficazmente para enfrentar esta displicencia en cumplir obligaciones. En el caso de las licencias médicas, bastó una fiscalización estricta impulsada por la Contraloría, junto con algunos castigos ejemplificadores, para reducir la emisión de licencias en un 12,9% este año. La consecuencia debería ser una menor alza de las isapres en el futuro, para beneficio de todos sus afiliados. En el Transantiago, una política sostenida de fiscalizaciones, zonas pagas y otras medidas ha permitido que la evasión haya caído desde 45,8% el primer semestre de 2023 a un 34,9% a fines de 2025. Una cifra aún muy elevada, pero que muestra un avance positivo.
La fiscalización de obligaciones es ineficaz cuando se anuncia y se realiza masivamente por un período corto para luego quedar olvidada por otras urgencias. Tal vez sea conveniente crear una unidad pequeña, permanente y bien equipada para aprehender a quienes circulan sin patente o con la patente oculta, y para verificar los permisos en forma aleatoria, multando y retirando los vehículos infractores. La ventaja de una unidad pequeña es que es más fácil de mantener en el tiempo, ya que no consume tantos recursos, pero el temor a su acción permanente puede ser un convincente disuasor.
El crecimiento del país depende de las inversiones en infraestructura, minería y otros sectores. Para eso es importante que los inversionistas tengan confianza en que no se cambiarán las reglas, ni siquiera de ese modo tácito que es no fiscalizar ni sancionar la violación de las normas, como parece estar ocurriendo con los peajes impagos.