¿Discutimos lo equivocado?

En temporada electoral se ven promesas imposibles, cifras acomodadas, candidatos convertidos en expertos instantáneos en cualquier tema y análisis donde la realidad suele ser la primera víctima. Pero hace unos días me encontré con algo que no esperaba. Un académico con doctorado publicó una columna cuyo título sugería que los servidores públicos estaban a punto de quedarse sin empleo. Como una persona que ha dedicado buena parte de su vida profesional al servicio público, mi reacción fue inmediata: ¿qué está pasando?, ¿van a acabar la carrera administrativa? Comencé a leer con genuino interés, tratando de entender la gravedad del asunto y, por qué no, identificar cómo podría contribuir a que semejante problema no ocurriera. Mi sorpresa fue mayúscula. La discusión no era sobre empleo público, ni sobre carrera administrativa, ni sobre la protección del mérito en el acceso al Estado. A medida que avanzaba en la lectura tuve la sensación de que el título anunciaba una cosa y el texto hablaba de otra. Lo que encontré fue un sofisma de distracción: una argumentación construida para generar preocupación alrededor de un tema sensible mientras el autor evitaba entrar en una conversación mucho más profunda y, sobre todo, mucho más incómoda. Porque la discusión de fondo no es si el Estado debe gastar más o menos. Tampoco es si debe tener más o menos funcionarios. Esa es una simplificación atractiva en campaña porque obliga a escoger bando rápidamente, pero no ayuda a resolver los problemas reales del país. La discusión que deberíamos estar dando es cómo construimos un Estado más meritocrático, más transparente, más eficiente y con mejores resultados para los ciudadanos. Deberíamos hablar de la calidad del gasto público. Existe una tendencia a asumir que cualquier reducción del gasto es necesariamente perjudicial y que cualquier aumento es, por definición, positivo. Sin embargo, los ciudadanos no viven mejor porque una entidad ejecute el cien por ciento de su presupuesto. Los ciudadanos viven mejor cuando hay soluciones concretas a los problemas que enfrentan todos los días. La pregunta relevante no es cuánto se gasta, sino qué se logra con lo que se gasta. Un sistema educativo puede consumir enormes cantidades de recursos y seguir produciendo bajos niveles de aprendizaje. Una entidad puede ampliar su planta de personal sin mejorar la calidad de los servicios que presta. Defender el gasto público sin hablar de eficiencia es tan simplista como pedir recortes sin analizar sus consecuencias. También deberíamos hablar de cómo mejorar el control en lo público. Colombia ha construido una compleja arquitectura institucional para vigilar el uso de los recursos públicos. Tenemos organismos de control, auditorías, sistemas de gestión y múltiples instrumentos diseñados para prevenir irregularidades. Sin embargo, la percepción de corrupción continúa siendo una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. Eso debería llevarnos a una reflexión crítica. Si después de décadas fortaleciendo mecanismos de control la ciudadanía sigue percibiendo altos niveles de corrupción, es evidente que algo no está funcionando como debería. No se trata de eliminar controles ni de desconocer su importancia. Se trata de preguntarnos si estamos controlando aquello que realmente importa. Quizás hemos dedicado demasiada energía a verificar procedimientos y muy poca a evaluar resultados, confundiendo cumplimiento formal con integridad pública. Y quizás llegó el momento de reconocer que un sistema de control efectivo no es el que produce más informes, sino el que logra prevenir, detectar y corregir oportunamente las irregularidades.
El control del gasto público
Patricia Rincón
La discusión que deberíamos estar dando es cómo construimos un Estado más meritocrático, más transparente, más eficiente y con mejores resultados para los ciudadanos.