"El aumento del gasto (en hospitales) no se ha traducido en la misma magnitud en un aumento de la producción"

Una funcionaria se acercó a May Chomali durante una visita a la red de salud en Valparaíso y le comentó algo que la ministra todavía recuerda. Le dijo que le daba vergüenza decir que trabajaba en ese hospital. Antes, cuenta Chomali, esa misma funcionaria sentía orgullo. Ahora no.
-¿Por qué? -le preguntó.
La respuesta, dice la ministra, resumía buena parte del problema que encontró al asumir en Salud: pacientes que esperan demasiado, funcionarios que no pueden responder, equipos tensionados, agresiones, restricciones para atender y un sistema que termina atrapado en un círculo vicioso.
"Si me demoro más, estoy más enojado; la gente está dando explicaciones de que no tiene los recursos, se produce este maltrato", dice Chomali. Uno de sus objetivos, agrega, es no volver a escuchar una frase como esa.
A tres meses de haber llegado al gabinete, la ministra de Salud habla desde esa escena para ordenar su diagnóstico. Dice que su meta es que las personas que se atienden en el sistema público -ya sea porque lo eligieron o porque no tienen otra opción- reciban una atención más oportuna y un mejor trato. Pero también plantea una tesis incómoda: el problema de la salud pública no se explica solo por falta de recursos.
"Siempre es necesaria más plata", afirma, pero advierte que el aumento del gasto en salud "no se ha traducido en la misma magnitud en un aumento de la producción". Desde ahí defiende una agenda de gestión, disciplina administrativa, mejores compras, uso más eficiente de pabellones, revisión de licencias médicas prolongadas y cambios en la forma de financiar prestaciones.
Antes de entrar en ese terreno sectorial, sin embargo, Chomali también aborda las tensiones políticas que ha enfrentado como ministra independiente: la controversia por la atención de migrantes irregulares, el nombramiento de Jeannette Vega en San Antonio, su relación con el oficialismo y el lugar que ocupa dentro de un gabinete al que llegó sin militar en los partidos de Gobierno.
-En estos tres meses, ministra, ¿ha sentido que ha debido defender una lógica sanitaria frente a impulsos más políticos?
Chomali escucha la pregunta y toma distancia. Dice que en ministerios como Salud, Educación o Desarrollo Social siempre conviven decisiones técnicas con definiciones políticas, pero asegura que, al menos hasta ahora, no se ha sentido forzada a actuar contra su criterio.
- "No me he sentido en ningún momento tensionada", afirma. "Me he sentido súper respetada en mis posiciones".
Desde que llegó al gabinete, la ministra -médica, independiente, sin militancia en los partidos oficialistas- ha debido enfrentar episodios que cruzan salud, política e identidad de gobierno. Uno de ellos fue la controversia por la atención de migrantes irregulares en la red pública, luego que se discutiera la posibilidad de que funcionarios públicos informaran a las autoridades casos de personas en situación migratoria irregular.
Chomali dice que ahí hubo un problema de interpretación entre ministerios, pero que la situación fue resuelta. Y plantea su posición desde una lógica sanitaria:
"Desde el punto de vista de la salud pública, pensando en ti, en tu familia, ¿qué prefieres tú? ¿Que ese migrante esté vacunado o que no esté vacunado?", dice. "Eso es salud pública. Las medidas de salud pública se tienen que llevar a toda la población, independiente de si son inmigrantes regulares, no regulares, hijos de delincuentes, delincuentes o lo que sea".
La ministra precisa que el sistema de salud seguirá respondiendo requerimientos de tribunales, fiscalías y policías cuando se trate de investigaciones asociadas a delitos. Pero distingue eso de convertir a la red asistencial en un espacio de denuncia migratoria.
"Si una persona llega con un balazo o una urgencia a un hospital, eso se informa, porque es un delito", explica. "Pero si llega un papá con un niño indocumentado a vacunarse, nosotros lo vamos a vacunar. No le vamos a preguntar si es delincuente, si no es delincuente, si es legal o ilegal".
Otro episodio fue el nombramiento de la exministra Jeannette Vega en la subdirección médica del Hospital de San Antonio, que generó críticas desde sectores oficialistas. Chomali evita entrar en la polémica partidaria y sostiene que los hospitales autogestionados deben resolver esos nombramientos según sus propias reglas.
"Si la directora del hospital considera que la doctora Vega está capacitada para hacer ese cargo, la puede contratar", dice. "No hay inconveniente".
La ministra agrega que lo que ocurrió después tuvo que ver con una pérdida de confianza entre la dirección del servicio y la directora del hospital, no con una instrucción política suya para intervenir.
Su llegada al gabinete también fue leída como una señal: una figura técnica, independiente, con una trayectoria propia en salud pública y gestión, entrando a un gobierno marcado por equilibrios partidarios. Chomali cuenta que incluso le han preguntado si se siente como "pollo en corral ajeno". Ella responde que no.
"A veces, efectivamente, uno se pregunta: a ver, ¿esto va en la línea que yo quiero o no quiero? Pero yo creo que siempre la diversidad es muy buena para los grupos", dice. "El Presidente sabía toda mi historia, lo conversamos muy largamente, y decidió pedirme que fuera ministra de Salud".
Y remata con una frase que resume su disposición frente al cargo: "Si por decir la verdad de lo que está ocurriendo me voy, me voy. Con toda libertad".
Superado el flanco político inicial, Chomali vuelve al terreno donde se siente más cómoda: la gestión. Dice que la crisis de la salud pública no se explica solo por falta de recursos, sino por una suma de problemas administrativos, logísticos y de organización que terminan afectando directamente la atención de los pacientes.
"Siempre es necesaria más plata", afirma. "Uno quisiera cada vez tener un medicamento más sofisticado o un escenario mejor. Pero, efectivamente, el aumento del gasto no se ha traducido en la misma magnitud en un aumento de la producción".
Esa frase resume una de las tesis centrales de la ministra. A su juicio, el aparato administrativo, de compras, logística y procesos "no ha estado a la altura del accionar profesional" de los equipos clínicos. Y ahí, dice, hay espacio para corregir.
"Todavía se pierden pabellones, porque los pacientes no llegan o llegan mal preparados. Eso es organización, no es otra cosa que eso", sostiene.
Recorte contempla sobregasto
Por eso, más que hablar de recortes, Chomali prefiere hablar de convergencia: reducir gradualmente la brecha entre el presupuesto aprobado y el gasto efectivo del sistema. Dice que el objetivo del Ministerio de Hacienda y de Salud es avanzar en un plazo de tres años, para que hacia 2029 el presupuesto refleje de manera más realista el gasto. El año pasado terminó con un sobregasto en el sistema público de salud de poco más de 2 billones de pesos. Es decir, se gastó ese monto por sobre el presupuesto autorizado. Y el objetivo del recorte para este año es que la diferencia sea menos que eso, para que a fines del gobierno pueda haber un gasto más alineado con el presupuesto.
Las enseñanzas de la alerta oncológica
Una de las primeras pruebas de esa nueva forma de gestión, dice Chomali, fue la alerta oncológica, que logró atender a más de 33 mil pacientes con garantías GES retrasadas. Pero la ministra evita presentar el tema solo como cifras.
"En estos temas no se puede hablar de estadísticas. Hay que hablar de personas, de familias, de amigos", afirma.
Según Chomali, más del 80% de los casos quedó resuelto o en proceso de solución. Y solo 39 fueron cerrados por no contactabilidad, después de llamados, correos y cartas certificadas.
Pero la alerta también obligó a ampliar la relación con prestadores privados. Cerca del 10% de los casos debió salir de la red pública, pero la ministra destaca que la nueva red permitió evitar traslados masivos a Santiago.
"Lo notable fue que hubo posibilidad de tener representación (de prestadores) en casi todas las regiones, cosa que no existía antes", dice.
Según las cifras que entrega, la red pasó de 22 a 74 oferentes privados y de siete a 15 regiones representadas. También aumentaron los cupos disponibles, de 1.893 a 6.826. Solo una fracción de los pacientes derivados tuvo que salir de su región.
Para Chomali, el aprendizaje más importante no fue solo la compra de prestaciones, sino el cambio de método. Antes, explica, Fonasa tomaba listas de pacientes retrasados y los distribuía a segundos prestadores, muchas veces sin que el hospital de origen tuviera información o control del proceso. Esta vez, dice, fue el propio hospital el que informó qué casos podía resolver y cuáles necesitaban un segundo prestador.
"Eso genera en los pacientes mucha mayor confianza", sostiene. "¿A quién le hago caso? ¿A mi hospital que me está llamando o a Fonasa que me está mandando a no sé dónde operarme?".
La ministra quiere llevar esa lógica a otras listas de espera: pagar por caso resuelto, ordenar la derivación y reducir los retrasos antes de que se acumulen.
Dónde "apretar" el gasto
La ministra dice que el principal indicador que mirará será la brecha entre el presupuesto aprobado y el gasto efectivo. No promete cerrarla de inmediato. Pero afirma que la meta es reducir gradualmente esa diferencia.
"Esta brecha desgraciadamente se transforma en deuda y la deuda es muy cara", dice . La razón, explica, es simple: si un proveedor sabe que le pagarán tarde, cobra más caro. Por eso, el objetivo conversado con Hacienda es una convergencia en tres años: una brecha menor en 2027, otra más baja en 2028 y "ojalá el 2029 tener un presupuesto realmente acorde al gasto".
Para lograrlo, Chomali apunta a espacios concretos de gestión. Uno de ellos son las compras. Dice que el ministerio acaba de cerrar una licitación de alimentos con un costo 10% menor y que están revisando contratos que se han ido prorrogando sin abrir nuevas licitaciones, pese a que en el mercado han aparecido otros prestadores.
"Eso necesita orden y disciplina", afirma.
Otro frente son las prestaciones que los hospitales compran afuera, aunque podrían resolver dentro de la red. La ministra cuenta que en un servicio detectaron compras privadas que podrían realizarse internamente con un costo 40% menor. La instrucción, dice, es reorganizar la producción para dejar de comprar aquello que puede hacerse en el propio hospital.
También menciona los 5 mil funcionarios con licencias médicas de más de 180 días. No los presenta automáticamente como abuso, pero sí como un problema administrativo que los servicios deben revisar caso a caso. Cuando alguien supera ese umbral, explica, debe pasar por una comisión evaluadora que determine si su salud es recuperable o incompatible con el cargo.
"El problema que tenemos en nuestros hospitales es que estas alertas no son tan rápidas", dice. "Tenemos personas que llevan un año con licencia (...). Entonces no es tan automática" la activación de dichas comisiones.
El impacto, agrega, no es menor: esos funcionarios salen de los equipos, muchas veces deben ser reemplazados y el sistema termina pagando la licencia y el reemplazo. En paralelo, advierte que el abuso de licencias médicas también daña a quienes realmente las necesitan, porque instala sospecha y retrasa pagos legítimos.
Un tercer punto son las sociedades médicas contratadas por hospitales para resolver prestaciones. Chomali reconoce que nacieron como una solución práctica cuando no había cargos disponibles ni espacio presupuestario para contratar especialistas. Pero admite que el mecanismo se ha desvirtuado.
"El problema es que esto ha crecido", afirma. "Se han creado empresas que contratan clínicos y se llevan un porcentaje importante de lo que cobran".
La ministra sostiene que no tiene objeción a pagar más cuando se produce más, pero advierte que debe existir información suficiente para distinguir si un médico está cumpliendo su jornada hospitalaria o si está trasladando producción al horario pagado por fuera.
"Yo no puedo contratar a un mismo médico del hospital en la medida que ese médico en su jornada laboral no haya trabajado lo que le corresponde", señala.
A eso suma la utilización de pabellones. Cuenta que todavía se pierden cirugías porque los pacientes no llegan, llegan mal preparados o faltan insumos y coordinación. Para ella, no se trata solo de infraestructura.
"Aunque haya un gran plan de infraestructura, hay que usar bien la infraestructura que tenemos", afirma.
La lógica, insiste, es la misma: menos compras mal planificadas, más producción interna, mejor uso de pabellones, revisión de licencias prolongadas y control sobre mecanismos que pudieron ser útiles en su origen, pero que hoy amenazan la eficiencia del sistema.
Chomali dice que, al final, esa agenda de gestión debe sentirse en la experiencia concreta de quienes llegan a un consultorio, a un hospital o a una lista de espera.
"Lo que me gustaría instalar es que la gente que se atienda con nosotros, ya sea porque eligió que su 7% viniera al fondo público o porque no tiene otra opción, reciba una atención más oportuna de la que existe hoy", asevera.
La ministra habla de brechas, compras, licencias, sociedades médicas y pabellones, pero vuelve al punto inicial: el trato. A que la demora, la falta de respuesta y la frustración terminan alimentando un circuito de maltrato entre pacientes y funcionarios. Por eso recuerda a la funcionaria que le dijo que le daba vergüenza trabajar en salud.
"Me encantaría no volver a escuchar eso", sentencia.
"Se han creado empresas que contratan (médicos) clínicos y se llevan un porcentaje importante de lo que cobran", sostiene sobre las sociedades médicas.
Sobre sus diferencias al interior del Gobierno y con el oficialismo: "Si por decir la verdad de lo que está ocurriendo me voy, me voy".