Apoyó programa piloto que, luego, se aprobó en la comisión de adicciones de la Cámara de Representantes; solicitó ampliar a más personas, sumar un psiquiatra y otros prestadores de salud.
La comisión de adicciones de la Cámara de Representantes aprobó el miércoles el proyecto de ley que crea el Programa Piloto de Justicia Terapéutica, impulsado por el diputado colorado Rodrigo Martínez Ruiz. Lo hizo luego de que la Junta Nacional de Drogas (JND), ese mismo día, solicitara algunos cambios, de los cuales se tomaron algunos.
El miércoles, una delegación de la JND, liderada por su secretario general, Gabriel Rossi, compareció ante la comisión especial de adicciones de la Cámara de Representantes. En esa instancia, el jerarca dijo que comparte el "espíritu" del proyecto "casi en su totalidad", lo calificó como "muy bueno" e "incluso excelente" en "su intención" porque atiende el uso problemático de drogas, delito y cárcel.
La iniciativa, que funcionaría en la órbita del Poder judicial y se llevaría a cabo en coordinación con la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y la JND, apunta a que, personas imputadas por delitos leves, con consumo problemático de drogas y sin antecedentes penales, accedan a un tratamiento supervisado por un equipo técnico y un juez, como alternativa al proceso judicial.
Rossi aprovechó la oportunidad para solicitar que se tomen en cuenta seis consideraciones.
La primera refiere a que se amplíe el programa, en un futuro, a aquellos casos complejos, es decir, a quienes ya reincidieron.
En segundo lugar hizo acotaciones sobre las conformaciones de los equipos y solicitó sumar un psiquiatra. "En el proyecto se plantea un equipo técnico integrado por un psicólogo y un trabajador social. Es un buen equipo; nosotros trabajamos en estas líneas en forma cotidiana. Pero consideramos que, dado que se trata de un proyecto de justicia terapéutica, falta un integrante. Hay competencias, y un tema de garantías, que debería aportar un psiquiatra", argumentó.
Rossi justificó esta incorporación en que, cuando una persona con consumo problemático de drogas llega a delinquir, es porque existe algún otro trastorno asociado.
El tercer punto apuntó a la modalidad de internación y comentó que no todos deben ser aislados 24 horas en el lugar sino que, según el caso, puede ser positivo que la persona mantenga contacto con su contexto. "Un tratamiento de drogas debe adecuarse a la situación de cada uno de los individuos. A veces es muy necesario lograr que la persona no se desinserte, que mantenga un tratamiento pero sin salirse de su contexto, y en otras ocasiones hay que sacar a la persona de su contexto porque este es nocivo". Sobre este punto, subrayó el impacto financiero de la medida al ser "más rentable" al no ser necesario contar con hotelería para todos.
También pidió, para una segunda etapa, que se amplíe el número de prestadores de salud que brindan servicios a este proyecto. Además de ASSE, que es el único en esta primera etapa, apeló a sumar a las instituciones de asistencia médica colectiva que forman parte del Sistema Nacional Integrado de Salud para que sea "más equitativo".
En quinto lugar invitó a incluir a la "víctima" del condenado al proceso. Por ejemplo, explicarle que el objetivo es que el "agresor no vuelva a delinquir".
Por último, solicitó sumar integrantes del Ministerio de Salud Pública para llevar un seguimiento y tener indicadores de los resultados del proceso, con datos de cómo egresan, cómo están al cierre y si existe baja en la reincidencia de estas personas.
Los diputados hicieron cambios al articulado después de que asistió la Junta Nacional de Drogas. Por la nueva redacción quedarían involucrados los prestadores de salud privados en el sistema de justiciaterapéutica con la participación en los equipos multidisciplinarios.
Además, en vez de puntualizar que debe haber un psicólogo en estos equipos -como decía antes el proyecto-, se dejó la puerta abierta con el término "un técnico y/o profesional de salud mental" para poder incluir a los psiquiatras.
Por último, se dejó la posibilidad de que, mediante la reglamentación, el PoderEjecutivo pueda ampliar el máximo de 40 cupos que se definió para los primeros dos años.
El País, Uruguay
15 de junio de 2026
