La Nación, Costa Rica
15 de junio de 2026
Los proyectos impulsados por el Gobierno contemplan reformas para ampliar la legítima defensa policial, endurecer condenas y limitar beneficios a delincuentes reincidentes.
La presidenta de la República, Laura Fernández, anunció este lunes ante la Asamblea Legislativa un paquete de seis proyectos de ley con los que pretende recuperar "la justicia y la seguridad" del país.
Las iniciativas fueron elaboradas con la colaboración de los ministros Gerald Campos, de Seguridad; Gabriel Aguilar, de Justicia y Paz; y Rodrigo Chaves, jerarca de la Presidencia y Hacienda. Entre las propuestas destacan medidas para reforzar la protección a las víctimas y a los cuerpos policiales, así como reformas para endurecer la prisión preventiva en casos de reincidencia delictiva.
"Muchos de estos proyectos de ley surgieron de las diferentes sesiones de trabajo (con Fuerza Élite) que hemos tenido con los especialistas", indicó Fernández.
Ley Gerson Rosales
La iniciativa busca fortalecer la protección de los cuerpos policiales mediante el endurecimiento de penas contra quienes obstaculicen su labor o los ataquen directamente.
Además, el texto presume que la respuesta armada de un oficial constituye legítima defensa y amplía ese criterio para incluir la protección de terceros y familiares.
De acuerdo con la mandataria, "la respuesta armada de un oficial de los diferentes cuerpos de policía de nuestro país debe presumirse como legítima defensa". Asimismo, señaló que la propuesta regula el uso de la fuerza y establece que esta se considera justificada cuando los oficiales actúan en cumplimiento de su deber de proteger a las familias costarricenses.
Las principales reformas que propone este proyecto son:
La iniciativa también autoriza la prisión preventiva en casos de resistencia o agresión durante una detención. Además, agrava las penas cuando se intente desarmar a un oficial y amplía de seis a 12 horas el plazo para que el OIJ pueda interrogar a estos sospechosos.
Asimismo, contempla sanciones por el uso de armas permitidas o prohibidas contra oficiales de policía.
Ley para combatir las asociaciones criminales
El proyecto busca castigar a miembros de organizaciones criminales con cárcel de entre 1 y 6 años. Esa pena se agrava entre 6 y 20 años en los siguientes casos:
"Requerimos penas de tres a ocho años para quienes se unan para delinquir", afirmó Fernández.
Ley de mano firme contra la reincidencia
La tercera iniciativa plantea endurecer las medidas contra personas reincidentes, imponiendo prisión preventiva y limitando la posibilidad de que los jueces otorguen beneficios por arraigo familiar o laboral.
La restricción aplicaría en casos donde existan condenas previas, se trate de delincuentes habituales, haya incumplimiento de medidas cautelares —como firmar periódicamente o no acercarse a testigos— o existan dos o más causas penales en trámite.
"El juez impondrá la condena más alta cuando el reincidente ejecute nuevos delitos en un lapso de 15 años. Entre más delitos, más dura la pena", enfatizó la Presidenta.
Las categorías para castigar la reincidencia, y que no tendrían beneficios como salidas anticipadas, son:
El Gobierno también presentó una propuesta para obligar a las personas privadas de libertad a participar en actividades productivas dentro del sistema penitenciario.
Según el proyecto, el dinero generado por esas labores se distribuiría de la siguiente manera:
Otra de las iniciativas busca dotar al Estado de herramientas para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, no solo mediante la destrucción de pistas clandestinas, sino también permitiendo el decomiso de maquinaria, vehículos, aeronaves y equipos utilizados para su operación.
El proyecto además endurece las penas contra quienes construyan o habiliten este tipo de estructuras para actividades de narcotráfico y faculta al Registro Nacional para inmovilizar las propiedades involucradas, de manera que no puedan ser vendidas, arrendadas ni traspasadas.
Finalmente, el Gobierno propuso modificaciones relacionadas con los antecedentes judiciales. El proyecto establece que, para efectos laborales, el Registro Judicial conservará los antecedentes durante 15 años después de cumplida la condena.
Sin embargo, para fines policiales, investigativos, de otorgamiento de beneficios penitenciarios o de fijación de nuevas condenas, esos registros no serían eliminados nunca.
