Para el Partido Nacional, "la ministra no ha estado a la altura de la responsabilidad que exige su cargo en este asunto", dijo el senador Lema; en el oficialismo algunos legisladores han dejado entrever que comparten que son necesarias más explicaciones.
El ya denominado
caso Soledad Barrera, una tragedia que durante los últimos tres años se había mantenido en las páginas policiales de El País, fue de a poco adquiriendo un cariz político al inicio de este 2026, hasta que terminó convirtiéndose en lo que es hoy: un dolor de cabeza para la ministra de Salud Pública,
Cristina Lustemberg, que tiene varios frentes abiertos con la oposición, pero ninguno en el que, como en este, sus adversarios en el Parlamento le hayan solicitado la renuncia.
El diputado nacionalista
Federico Casaretto es uno de los que está, ya, pidiendo la salida de la secretaria de Estado, responsable de que la anestesista
Inés Miralles condenada por la Justicia en diciembre del año pasado a 24 meses de prisión domiciliaria, por un delito de
homicidio culposo que ella misma confesó en el marco de un acuerdo abreviado recibiera una rebaja de la pena administrativa de cinco a tres años de inhabilitación para el ejercicio médico.
Esa resolución de Lustemberg, tomada en octubre de 2025, a su vez, desencadenó dos olas de indignación paralelas en la órbita civil: por un lado, implicó la renuncia de 11 de los 13 integrantes de la
Comisión de Salud Pública que investigó el caso y llegó a la conclusión de que correspondía la pena de media década; y, por el otro,
el de la familia en concreto, la madre de la paciente,
Rosario Barrera, que convocó a una marcha en Montevideo el viernes pasado y promovió la difusión de una carta abierta al presidente
Yamandú Orsi en la que se reclama justicia y que se revierta la decisión política reclamo que también comparten más de 2.000 personas, entre ellos varios médicos, que firmaron por su parte
una petición digital semanas atrás.
"Es muy cínico lo de la ministra,
debería renunciar", reiteró Casaretto este lunes en diálogo con Radio Universal. "En un país con un gobierno serio, si el presidente no le pide la renuncia antes,
la ministra debería ir al Parlamento a despedirse con la carta de renuncia a su cargo", había escrito en su cuenta de X la semana pasada.
La ministra tiene cita para hoy a las 13.30 en la comisión de Salud Pública del Senado a donde compareció a principios de mayo y ya habló de este tema y, según indicaron a El País fuentes parlamentarias, la postura de que Lustemberg no ha dado aún todas las explicaciones necesarias es compartida por algunos legisladores del oficialismo, según quedó evidenciado en intercambios mantenidos entre las bancadas en estos días.
Pero más allá de algunas dudas e incluso matices en filas del Frente Amplio, quienes llevan la voz cantante son los opositores, especialmente los nacionalistas y, en la cámara alta, los senadores blancos
Martín Lema y
Carlos Camy, que son los legisladores convocantes.
"Volvimos a convocar a la ministra al Senado porque estamos ante
una situación de enorme gravedad", dijo a El País Lema, quien recordó que en el caso de mala praxis en cuestión murió una mujer
Soledad Barrera tenía 41 años y ninguna patología previa cuando se sometió a una operación de rutina el 23 de octubre de 2023 , y que la responsable está condenada por la Justicia.
"A esto agregó Lema se suma un hecho particularmente preocupante: el Ministerio de Salud Pública no presentó en tiempo y forma su defensa frente al recurso interpuesto por la anestesista", en referencia a que la cartera de Lustemberg
dejó vencer el plazo para responder la demanda que Miralles planteó ante el Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 1° Turno, solicitando la anulación total de la pena administrativa, hecho sobre el cual la ministra no hizo referencia hasta ahora en ninguna de sus comparecencias ante el Parlamento sobre este tema cuando el incidente ocurrió el 10 de diciembre pasado.
"Entendemos que la ministra no ha estado a la altura de la responsabilidad que exige su cargo en este asunto", concluyó Lema.
Antecedentes de fentanilo
La adicción al fentanilo, además de ser un tema de general preocupación creciente entre médicos de todo el mundo, ha sido una sospecha que persiguió puntualmente a la anestesista Miralles durante las diversas investigaciones que se llevaron a cabo luego de esta tragedia, y que la marginaron primero del SMI donde ocurrió el fallecimiento y luego de toda actividad profesional médica incluyendo su cargo que tenía en el
Hospital Militar.
La Justicia Penal no le probó ese extremo, pero sí era aludido como un problema por parte de los profesionales que la rodeaban, tal como quedó de manifiesto en una carta que el doctor
Fausto Madrid, jefe del block quirúrgico del
Hospital Italiano, envió a la dirección técnica de la Sociedad Médica Universal el 24 de marzo de 2024 es decir, cinco meses después de la fallida operación a Barrera, y a la que accedió El País.
Allí, según ya informó el programa de YouTube Todo se sabe el 11 de junio, Madrid escribió que "desde que la Dra. Miralles comenzó a concurrir a block se habría detectado
un consumo de fentanilo por encima del promedio de los demás colegas anestesistas".
Esa y otras irregularidades obligó a una vigilancia activa y a una disposición por la cual no se permitía que Miralles quedara sola en la sala de operaciones o que trasladara ella las drogas de uso hospitalario. Así y todo, "en varias ocasiones la doctora se ha 'adelantado' al procedimiento cargando ella misma las drogas e incluso guardándolas en el bolsillo de la sobre túnica".
"Todo lo relatado nos permite afirmar que se ha generado un mal ambiente de trabajo y la pérdida de confianza por parte del personal del BQ que manifiesta no desarrollar su tarea con la tranquilidad necesaria escribió Madrid sobre el final, ya que está en permanente alerta por las
conductas que sugieren un muy probable abuso de sustancias por parte de la Dra. Miralles, por lo que sugerimos no se la siga convocando.
El País, Uruguay
16 de junio de 2026
