Abren causa penal por ingreso irregular de niños haitianos, tras denuncia de Migraciones por eventual "tráfico de menores"

En un mismo vuelo, un hombre adulto viajó desde Haití a Chile a cargo de 34 menores de edad el 17 de noviembre pasado. Aquella es una de las 12 personas extranjeras o nacionales que entre 2024 y 2025 llegaron al país con varios menores de edad a su cargo. El hecho consta en un preinforme de Contraloría, que advierte irregularidades en el ingreso de haitianos a Chile. En particular, de niños y jóvenes.
Entre otros hallazgos, de la auditoría realizada tras el oficio del entonces diputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI), está la aprobación de permiso de reunificación familiar a niños cuyos padres estaban fallecidos; la desaparición de 64 menores que intentaron ser fiscalizados en terreno; la autorización de 94 residencias a mayores de 14 años sin la revisión de antecedentes penales; siete casos en que la solicitud de reunificación fue concedida a extranjeros residentes en Chile que contaban con residencias vencidas o inexistentes, entre otros. En total, se establece que son 1.476 haitianos que arribaron al país en vuelos no regulares o "chárter". El órgano contralor fiscalizó el caso de 333 menores de edad.
Tras un reportaje de radio Bío Bío, el Servicio Nacional de Migraciones presentó una denuncia "por eventual delito de tráfico de menores haitianos", y su director, Frank Sauerbaum, sostuvo que "la eventualidad de delitos graves que pudieran involucrar a menores de edad es suficiente justificación como para que el Ministerio Público y nuestra Policía de Investigaciones se aboquen preferentemente, sobre todo, a determinar la ubicación de estos menores de edad y, en definitiva, la existencia o no de un delito de mayor gravedad y complejidad para nuestro país".
Por su parte, el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, explicó que se abrió una causa de oficio, porque podría "estar involucrado un funcionario público, sea por infracciones a los deberes propios de su cargo, por haber omitido cuestiones propias de su cargo" o por "la omisión de hechos que revisten carácter de delito".
A su vez, el Presidente José Antonio Kast calificó en X los hechos de "gravísimos" y afirmó que se colaborará para que "se haga justicia y se exijan las responsabilidades que correspondan".
Consultada, Pía Greene, directora ejecutiva de Fundación Amparo y Justicia, plantea que el hecho de que "el Estado no pueda decir dónde están los niños y niñas que él mismo autorizó a ingresar es de la máxima gravedad. La descoordinación entre las instituciones, los problemas de interoperabilidad y la falta de fiscalización dejan a la niñez, una vez más, expuesta a los delitos más graves".
La exdirectora del Sename, Rosario Martínez, en tanto, recuerda que son niños y adolescentes "no de formularios ni de pasajeros anónimos en una planilla. Si el Estado permitió el ingreso de estos menores sin contar con mecanismos robustos para verificar quiénes eran, quién los recibía y dónde quedarían bajo cuidado, entonces estamos frente a una falla institucional de enorme gravedad".