Comunidades socias: la apuesta por reconciliación económica en Colombia

Los grandes proyectos que se desarrollan en el país, muchos de ellos con retrasos significativos que comprometen su ejecución, no enfrentan únicamente retos de operativos, retraso en trámites gubernamentales, conflictividad social por causas ambientales o falta de comprensión local de los beneficios que reportan al interés nacional. En las conversaciones producto de la confianza construida en el trabajo comunitario, las comunidades refuerzan que su oposición a grandes proyectos se manifiesta, en el fondo porque el modelo no les incluye. Cambian los sectores y las narrativas, persiste el mismo relato: las inversiones llegan, la riqueza sale, mientras las oportunidades de crecimiento económico y social son temporales o limitadas. En Colombia, además de otras crisis apremiantes como la de seguridad territorial, enfrentamos una profunda crisis de inclusión económica y nuestra práctica institucional y jurídica contribuyó a esa dinámica al concentrar la participación comunitaria en proyectos de explotación de recursos naturales en la mitigación del daño y en la compensación de impactos, mientras algunos marcos normativos como el Convenio 169 de la OIT establecieron el derecho de las comunidades a "participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades". Por eso, si bien ha sido históricamente una necesidad la promulgación de una Ley de Consulta Previa, muchos sectores económicos suelen atribuirle a esa futura ley la capacidad de destrabar estructuralmente la conflictividad social alrededor de los proyectos estratégicos; sin embargo, el problema de fondo persistirá si no cambia el modelo conceptual. Este dilema no es exclusivo de Colombia. Canadá, hoy visto como referente de inclusión y estabilidad institucional, enfrentó fracturas profundas originadas en políticas sistemáticas de asimilación contra pueblos indígenas. La reconciliación comenzó con un proceso de verdad y reparación y con una conclusión pragmática: no puede existir reconciliación real sin reconciliación económica. Un primer paso, fueron los Acuerdos de Impacto y Beneficio- IBA, suscritos entre empresas y comunidades indígenas para regular la relación alrededor de grandes proyectos. Con el tiempo, se fue abriendo paso, a modelos de copropiedad y participación accionaria indígena en cientos de proyectos en los sectores de energía, minería, infraestructura y gas natural. En energías renovables, entre 2012 y 2026 se han invertido más de CAD 8.000 millones por comunidades indígenas en 197 proyectos que hoy representan el 20% de la infraestructura energética del país. Experiencias similares existen en Nepal, Sudáfrica y Nueva Zelanda. En nuestro continente, en Argentina, la comunidad indígena Mapuche de Millaqueo en Neuquén, vecina del yacimiento Vaca Muerta, participa accionariamente del proyecto solar de 18 MW ANTU-1, en alianza con Meliquina y Sustentar Energía. Colombia puede acelerar la incorporación de energías renovables a la matriz energética nacional con un potencial estimado de US$14.000 millones y ante el retraso que presentan los proyectos del sector, si considera la implementación de este modelo, que, sin ser una solución absoluta ni aplicable a todos los contextos, requerirá un relacionamiento diferencial y un marco de incentivos que beneficien su inserción gradual en la forma de hacer proyectos. En nuestro país hay cada vez más comunidades convencidas de la necesidad de salir de una economía de subsistencia, respetando sus costumbres y formas organizativas. Del otro lado, se requiere empresas innovadoras, como las que ya avanzan en el diseño de modelos diferenciales de relacionamiento y contribución al desarrollo, dispuestas a invertir tiempo para construir alianzas de largo plazo, acompañar a la comunidad en su fortalecimiento y en la obtención del capital que asegure su participación. Desde el punto de vista financiero, supone la valoración equitativa de los aportes que puede hacer una comunidad por el uso de la tierra, gestión y participación en la operación y mantenimiento; la participación accionaria es real, no una donación ni concesiones económicas que sacrifiquen la tasa de retorno de los proyectos a cambio de obtener la paz territorial o el beneplácito de las comunidades. Requiere también acceso a capital e instrumentos financieros adaptados para acceso a crédito, en Canadá se han impulsado programas públicos de garantías para facilitar la compra de participación accionaria indígena en proyectos estratégicos. Finalmente, son necesarios mecanismos para fortalecer capacidades en administración, finanzas, negociación, gestión empresarial y herramientas reales de gobernanza territorial. En Colombia, esto empieza a ser realidad. La FIP, Meliquina y Connect EP con el apoyo del Reino Unido, desde 2025 han motivado el conocimiento de las experiencias internacionales, el diálogo con diversos actores y se encuentran codesarrollando proyectos de energía renovable con comunidades étnicas del Caribe colombiano. Quizás allí se empieza a gestar una de las conversaciones más importantes para el futuro del país: cómo transformar el crecimiento económico en una oportunidad real para la reconciliación entre colombianos y evitar que las nuevas economías reproduzcan las mismas desigualdades del pasado.
Juanita De la Hoz Herrera
Directora Empresas Fundación Ideas para la Paz FIP.