Actores del sector aduanero discutieron los principales lineamientos del proyecto de ley de Competitividad y el posible impacto del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.
"Fortalecer la independencia técnica de la DNA (Dirección Nacional de Aduanas) para hacer gestión de riesgo va a quedar por ley y la Aduana determinará qué inspecciona", explicó el director de la Asesoría de Política Comercial del MEF, Juan Labraga en un evento en la Cámara de Comercio y Servicios.
En el acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE) uno de los cambios más significativos para la DNA es el de certificado de origen. Para exportar bajo el acuerdo, el régimen permite la autocertificación de origen, donde el exportador emite una "Declaración de Origen" en la factura u otro documento comercial, sin necesidad de tramitar un certificado físico.
"Siempre tenés que poder confiar en tu proveedor para que te entregue lo que te vendió", dijo el director académico del Centro de Estudios Aduaneros de la Asociación de Despachantes de Aduanas (ADAU), Raúl González Berro y agregó: "En este caso no alcanza con que sea un papelito espectacularmente bien redactado y que se ajuste a todos los parámetros formales".
Por su parte, el gerente del Área de Gestión de Comercio Exterior de la DNA, Álvaro Palmigiani, sostuvo que el acuerdo entre el Mercosur y la UE "requiere una mirada cuidadosa sobre los detalles de formalización".
En ese sentido, mencionó uno de los aspectos más flexibles del acuerdo: la incorporación de la autocertificación a través del sistemaREX. El mismo es una plataforma europea donde cada empresa exportadora emite su autocertificado de origen. "Es extremadamente flexible, pero tiene unas formalidades expresas con las que hay que tener cuidado", señaló Palmigiani y explicó que la cautela se explica porque en Uruguay la certificación se genera a través de entidades habilitadas.
La autocertificación en Aduanas supone que el despachante adopte un nuevo rol. En ese sentido, González Berro explicó que "algunos lo ven como un mero tramitador o gestor con responsabilidad" aunque sostuvo que su actividad es el asesoramiento. "Ese es el mayor valor agregado de los despachantes", sostuvo.
Labraga resaltó algunas medidas adoptadas por el MEF para abordar la gestión de trámites previo al proyecto de ley de Competitividad. Señaló que en 2025, se pagaron por tributos aduaneros US$ 4.200 millones. "Si se hubiesen podido diferir a una tasa media de mercado de la que está vigente hoy (8,3% sobre el valor CIF), es un poco más de un millón de dólares por día de costo financiero que soportan los importadores", explicó y sostuvo que luego del cambio introducido por la cartera los importadores van a disponer de las mercaderías y van a poder pagar luego del libramiento.
El jerarca del MEF defendió que el proyecto de ley se basa en buenas prácticas internacionales y los marcos regulatorios de acuerdos con Estados Unidos, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Acuerdo Transpacífico (Cptpp por sus siglas en inglés). "Se le llama coherencia regulatoria", agregó.
Palmigiani también destacó la eliminación de la intervención previa al despacho de la Dirección General Impositiva (DGI), lo que significa que las exoneraciones a las operaciones de importación se van a ejecutar dentro de la Aduana en base a la declaración jurada e información de la declaración.
El País, Uruguay
19 de junio de 2026
