El Centro de Maquinistas Navales presentó denuncias al gobierno uruguayo, evalúa presentarlas ante la Unión Europea y aguarda reunión con Cancillería.
El acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE) despierta disconformidades en varios sectores de actividad que buscan el diálogo con el gobierno. Esta vez es el turno del Centro de Maquinistas Navales (CMN)que será recibido por el Ministerio de Relaciones Exteriores por posibles denuncias ante la UE debido a irregularidades en el otorgamiento de permisos a tripulantes extranjeros en barcos de bandera nacional. "(Es un) acuerdo beneficioso pero incumpliendo medidas no puede ser contraproducente", dijo a El País el secretario general del CMN, Facundo Montaña.
El sector marítimo ya había sido protagonista de denuncias por casos de "semiesclavitud" en el sector de marina mercante (flota no militar). Según explicó Montaña, el CMN puede realizar denuncias por cualquiera de las actividades vinculadas al sector.
En el caso de los posibles planteos ante la UE, el CMN tiene previsto denunciar irregularidades presentadas ante varias carteras y Prefectura Nacional Naval durante las últimas semanas. Las mismas incluyen "condiciones de semiesclavitud" e incumplimiento de acuerdos internacionales en los barcos de bandera nacional y un exceso de otorgamientos de waivers (permisos provisorios para tripulantes y barcos de bandera extranjera).
Según documentos presentados ante el Parlamento y a los que accedió El País, la Intergremial Marítima -que reúne al Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma), el Sindicato Único de Patrones de Pesca del Uruguay Tráfico y Cabotaje (Suddeppu) y el CMN- hace un resumen de la normativa del sector y de acuerdo a información de Prefectura, se otorgaron 231 autorizaciones entre enero de 2022 y agosto de 2024, lo que afectó a 4.060 trabajadores y un total de 4.891.680 horas de trabajo.
Los trabajadores involucrados son patrones de pesca (denominados capitanes, quienes no son dueños de los barcos) y marineros (aquellos que se encargan de las actividades dentro de los buques).
Tripulación
Las embarcaciones de matrícula nacional deben tener una tripulación compuesta por al menos un 90% de ciudadanos uruguayos aunque los waivers funcionan como excepciones para contratar tripulación extranjera, según indica la ley de Embarcaciones Pesqueras. De hecho, históricamente y por convenios sindicales, existe un reclamo constante para priorizar a los egresados de la Escuela Naval y la Escuela Técnica Superior Marítima.
Montaña relató que el pasado 17 de junio, la Intergremial fue recibida por el comandante en jefe de la Armada Nacional, José Elizondo, en una reunión donde presentó un documento donde denuncia el otorgamiento de habilitaciones a ciudadanos extranjeros para desempeñar funciones a bordo de buques de bandera uruguaya.
"Preocupa que las modificaciones introducidas por la Ley de Pesca respecto de la integración de tripulaciones estén siendo interpretadas como una habilitación para el ejercicio de funciones técnicas reguladas por el régimen nacional de titulaciones marítimas", indica el documento presentado a Elizondo por parte de la Intergremial al que accedió El País.
Las denuncias del CMN no quedaron aisladas ya que los trabajadores se presentaron ante otras autoridades del gobierno. "La Prefectura Nacional Naval viene reconociendo titulaciones extranjeras y autorizando el desempeño de funciones de oficialidad técnica por parte de ciudadanos extranjeros en embarcaciones nacionales, situación que genera profundas dudas jurídicas y administrativas", indica la denuncia presentada a la Comisión de Defensa Nacional.
Por otra parte, el CMN se dirigió a los ministros Sandra Lazo (Defensa) y Mario Lubetkin (Relaciones Exteriores) a través de documentos en los que solicitó claridad respecto a las autorizaciones, el ingreso al país y la categoría migratoria habilitante.
De acuerdo con lo que comentó el dirigente sindical, Elizondo se comprometió a analizar los reclamos de los trabajadores aunque agregó que ni la Intergremial ni el CMN recibieron respuesta de otros integrantes del gobierno.
Trabajo
El CMN presentó otra denuncia al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en la que sostiene irregularidades laborales vinculadas a la integración de tripulaciones en el buque pesquero Badaro, operado por la empresa Atlantic Phishing.
"La situación denunciada afecta directamente a trabajadores uruguayos debidamente habilitados, quienes se ven privados de acceder a puestos de trabajo que son ocupados por personal extranjero cuya documentación profesional no habría sido reconocida conforme a la normativa vigente", indica el documento presentado al MTSS al que accedió El País.
Además de Atlantic Phishing, el CMN denunció a la empresa Ondamares por las condiciones de trabajo de personal contratado de Indonesia en el buque pesquero Rio Solís. El gremio denunció el incumplimiento en el pago de salarios durante abril y mayo, salarios inferiores a los establecidos por laudo y convenio colectivo y ausencia de descansos adecuados.
"La situación denunciada reviste extrema gravedad por involucrar trabajadores extranjeros que podrían encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad, dependencia económica y dificultades para ejercer plenamente sus derechos laborales", indica el documento presentado ante el MTSS donde además el CMN solicita una inspección a bordo del buque, toma de declaraciones a los trabajadores y la verificación de las condiciones laborales.
"Las autorizaciones otorgadas por la Prefectura Nacional Naval han abierto 'de hecho' en nuestras aguas territoriales un registro de segundas banderas o de banderas de conveniencias, donde buques de cualquier país pueden venir a operar con sus propios tripulantes, quitando el fruto de trabajos los nacionales", indica el documento que la Intergremial presentó al Parlamento en abril de este año, donde solicito priorizar el ingreso de trabajadores uruguayos en los buques. Para evitar esta situación, los trabajadores del sector realizaron una propuesta al gobierno y al sector empresarial que pretende modificar la ley 12.091 aprobada en 1954.
Proyecto de ley
La Cámara de Representantes presentó el proyecto de ley "Defensa del trabajo y la soberanía nacional en el sector marítimo" al Parlamento en mayo de este año que tiene como objetivo fortalecer el empleo de trabajadores uruguayos en las embarcaciones extranjeras que operan en aguas nacionales a través de la modificación del artículo 1.º de la ley de Navegación y Comercio de Cabotaje Nacional.
La normativa actual establece que el Poder Ejecutivo puede autorizar el uso de embarcaciones de bandera extranjera cuando no existan embarcaciones nacionales disponibles. El proyecto mantiene esa posibilidad, pero incorpora la obligación de contratar trabajadores uruguayos. "El Poder Ejecutivo podrá autorizar con carácter de excepción (...) la utilización de embarcaciones, buques off shore, o plataformas de bandera extranjera cuando no existan disponibles similares de bandera nacional", indica el documento.
La principal modificación consiste en establecer un cronograma obligatorio de incorporación de trabajadores uruguayos de manera gradual. El cambio propuesto supone que al comienzo de las operaciones, un 33% de la oficialidad y subalternos esté integrada por ciudadanos naturales o legales uruguayos, a partir de los 180 días el porcentaje aumente a 66%, mientras que a partir de los 360 días pase a ser de 90%.
Los objetivos principales del proyecto de ley son evitar la pérdida de empleo uruguayo, aprovechar a trabajadores formados en el país y con ello, evitar que el valor económico salga de Uruguay.
La iniciativa considera que la nueva normativa contribuirá a "la generación de empleo de calidad en el sector marítimo, al fortalecimiento de la soberanía nacional sobre nuestras aguas territoriales y al desarrollo económico-social del país".
El País, Uruguay
21 de junio de 2026
