La Nación, Costa Rica
22 de junio de 2026
El lavado de dinero altera la economía de Costa Rica. El crimen organizado infiltra sectores clave y genera riesgos financieros internacionales.
El crimen organizado ha logrado infiltrar capitales ilícitos en la economía formal costarricense, creando focos de distorsión en sectores expuestos y elevando dudas sobre la solidez de los controles del país ante el sistema financiero internacional. La pregunta ya no es únicamente cuántos millones se decomisan al año, sino hasta qué punto el dinamismo aparente de ciertos mercados se ve alimentado por recursos cuyo origen las autoridades no pueden explicar con claridad.
Los datos recientes de la Sección de Legitimación de Capitales del OIJ muestran que el fenómeno dejó de ser marginal: durante todo el 2024 se decomisaron ¢3.354 millones vinculados a investigaciones por lavado de dinero y, antes de concluir el primer semestre de 2026, las autoridades ya contabilizaban más de ¢6.500 millones. A esto se suman incautaciones por ¢9.108 millones en 2025, lo que confirma que las estructuras criminales movilizan recursos millonarios dentro de la economía nacional, mientras el sistema apenas captura una fracción de esos flujos.
Esa capacidad se apoya en estructuras empresariales que operan como verdaderos "grupos económicos" criminales. Casos como Fénix ilustran cómo redes vinculadas al narcotráfico utilizan haciendas, comercios y servicios intensivos en efectivo para reciclar recursos ilícitos. Estas redes se comportan como un actor más de inversión, con la diferencia de que su objetivo no es la productividad, sino la conversión de dinero ilegal en activos con apariencia de legalidad.
El resultado es una economía con segmentos "dopados". Como advierte Rodrigo Monge, jefe a.i. de la Sección de Legitimación de Capitales del OIJ, estas organizaciones utilizan negocios que manejan grandes cantidades de efectivo para mezclar ingresos ilícitos con recursos legítimos, operando incluso con márgenes artificialmente bajos o pérdidas sostenidas. Para el empresariado formal, competir contra un actor que no depende de su flujo de caja, sino de un flujo criminal, es una batalla desigual y erosiona la competencia leal en sectores como bienes raíces, ganadería, comercio de vehículos o determinados servicios.
Al mismo tiempo, el país enfrenta vulnerabilidades señaladas por la Evaluación Nacional de Riesgos contratada por la Sugef, que advierte sobre flujos de dinero desde el exterior cuyo origen resulta difícil de determinar. Costa Rica recibe casi cuatro veces más dinero mediante remesas y transferencias de lo que envía al extranjero, lo que complica la trazabilidad y convierte a las empresas de remesas y a la alta circulación de efectivo en moneda extranjera en puntos críticos de exposición.
En este contexto, la presión de estándares internacionales como los del GAFI deja de ser un asunto técnico para convertirse en un factor de riesgo macroeconómico. Las evaluaciones ya no se limitan a revisar el texto de las leyes; valoran la efectividad real del sistema: la calidad de la identificación de riesgos, la supervisión de los sectores vulnerables y los resultados concretos en investigaciones, sanciones y condenas. Un país que exhibe montos crecientes decomisados y vulnerabilidades persistentes envía señales mixtas y se expone a mayor escrutinio, listas grises y encarecimiento de las relaciones financieras internacionales.
Si el crimen organizado consolida su rol como "socio silencioso" de segmentos de la economía, Costa Rica corre el riesgo de normalizar una dependencia de capitales que no resisten un examen de origen. Esa dependencia es peligrosa porque castiga a quienes cumplen la ley y porque puede cerrar puertas en el sistema financiero global justo cuando el país necesita apertura y financiamiento. La legitimación de capitales deja de ser entonces un asunto exclusivo de fiscales y policías para convertirse en un debate sobre el modelo de desarrollo que Costa Rica está dispuesta a aceptar.
La respuesta no puede ser puramente formalista ni limitarse a aumentar multas o checklist de cumplimiento. Se requiere una política pública que alinee incentivos para el sector financiero y no financiero, fortalezca la inteligencia financiera, reduzca el uso intensivo de efectivo e incorpore de manera efectiva a notarios, empresas de remesas, intermediarios de bienes de alto valor y proveedores de servicios digitales. Sobre todo, se necesita una decisión política clara: Costa Rica no puede permitir que su narrativa de país estable, institucional y confiable quede condicionada por la tolerancia a un modelo de acumulación paralelo financiado por el crimen.
