Almacenamiento, más que estratégico

David Jiménez Mejía
Colombia no cuenta hoy con almacenamiento estratégico de combustibles líquidos. Así lo confirma el Plan Indicativo de Abastecimiento (PIACL 2025-2040) de la Upme que mide el riesgo con el VEDNA, indicador de demanda no abastecida. En 2031 ese indicador alcanzaría su pico: hasta el 1,8% de la demanda nacional quedaría sin atender ante la falla de un solo elemento del sistema. El 80% del transporte de carga y el 90% del de pasajeros en el país depende de los combustibles fósiles: esa cifra equivale a una crisis. Este es el país del Sagrado Corazón de Jesús. Confiamos en la providencia lo que debería sostenerse con debida planeación. Sin almacenamiento estratégico, el país no tiene, en sentido estricto, un plan de contingencia para su abastecimiento de combustibles. Tiene la expectativa de que nada falle. Cualquier interrupción en la cadena -un cuello de botella en un poliducto, una falla puntual, un evento que hoy no podemos prever- se propaga sin nada que la frene, hasta golpear al eslabón que menos puede absorberla: las estaciones de servicio. Estos establecimientos de comercio son hoy en día la última milla del suministro de combustibles líquidos: es el punto donde el ciudadano puede terminar percibiendo el fallo ocurrido kilómetros atrás, sin reservas propias para sostenerlo. Lo bueno del PIACL es que no se limita a diagnosticar. Recomienda 18 puntos de almacenamiento estratégico distribuidos en todo el territorio nacional, con capacidades de almacenamiento que van desde los 4 a 30 días de firmeza. Gracias al trabajo técnico de la UPME, hoy entendemos que un bloqueo de vías, una parada no programada en una refinería, una contingencia climática en un tramo crítico del sistema de transporte puede resultar catastrófico ante la fragilidad de la red actual. La inversión, según el plan, asciende a 1.027 millones de dólares, frente a 1.854 millones si se cubrieran todos los puntos del país. Esta discusión importa especialmente para todos los colombianos y de manera específica, a las estaciones de servicio, toda vez que la distribución de combustibles fue declarada como un servicio público desde el Código de Petróleos de 1953 y ha sido reafirmada por la Corte Constitucional en diferentes sentencias: su suspensión pone en riesgo derechos fundamentales de todos los colombianos. El almacenamiento estratégico convierte entonces esa obligación del Estado en infraestructura real, justo cuando la demanda está creciendo hasta 2040 y la dependencia de importaciones (hoy más del 40% en gasolina corriente) aumenta el riesgo logístico. Finalmente, advierte la Upme en su informe, que el costo del desabastecimiento en nuestro país resultaría incalculablemente alto: paralizaría actividades esenciales, dispararía costos logísticos y comprometería la respuesta de servicios esenciales. Frente a ese riesgo, urge invertir en almacenamiento en nuestro país. Esta inversión no es un gasto, es la garantía que evita que la próxima contingencia la termine pagando, una vez más, la estación de servicio que atiende al cliente final y, con ello, todos los colombianos.
Vocero Gremial Nacional de Somos Uno, administrador del Fondo Soldicom.