Pésima decisión

Avanza el plan gubernamental para expropiar las tierras pertenecientes a un centenar de familias de la zona de Casupá.

En varios casos significa una expulsión compulsiva, con pérdida del total de sus tierras, incluyendo la destrucción de sus viviendas.

Lo que indigna de esta situación no es la expulsión "a prepo" que implica el procedimiento expropiatorio, que tantas veces se ha operado en el país ante la realización de grandes obras de infraestructura de interés nacional, sino que en este caso es el resultado de un capricho político del gobierno, dirigido a deshacer todos los emprendimiento posibles, ejecutados por la administración anterior, sin importar el gran costo social que tendrá para las familias perjudicadas.

Queda claro que el proyecto Neptuno es mucho más ventajoso para el país que Casupá. ¿De qué manera se justifica el cambio realizado a la fuerza si el proyecto original iba a utilizar una fuente de agua cruda inagotable, sin sometimiento a los peligrosos vaivenes meteorológicos (secas e inundaciones), e independiente de la comprometida y fatigada cuenca del río Santa Lucía? Tampoco implicaba la expulsión de familias de productores rurales ni la destrucción de centenares de hectáreas de monte nativo -cuya protección es de interés nacional- como provocará la construcción del embalse del arroyo Casupá.

Hasta el proceder realizado por las actuales autoridades merece su rechazo. A poco de asumir el gobierno negoció con el consorcio -que por entonces ya comenzaba las obras en Arazatí-, y acordaron modificar de manera radical el proyecto, sin llamar a una nueva licitación. A tal punto fue así que debieron sacar del contrato la construcción de la represa del Casupá (respaldo hídrico para la usina de Aguas Corrientes) y llamar a licitación internacional para su adjudicación.

Pero allí no termina el accionar cuestionable de las actuales autoridades.

Las obras en el arroyo Casupá afectarán 3.400 hectáreas, inundando permanentemente unas 2.100. Los trámites expropiatorios ya comenzaron, aunque restan varios meses para que esté pronto el informe de impacto ambiental realizado por los técnicos del Ministerio de Ambiente. ¿Cómo se explica este proceder si de esa evaluación técnica depende la viabilidad del proyecto? ¿El Ministerio ya tiene decidida la autorización de las obras, aunque no obtengan el visto bueno de sus técnicos? ¿Nuevamente se impondrá lo político?

El sentido común marca el rumbo. El artículo 24 de la Ley Forestal Nº 15.939 prohibe la tala o cualquier operación que atente contra la supervivencia del monte nativo en todo el territorio nacional. En Casupá será el propio gobierno el que destruya más de 400 ha de bosque indígena de las márgenes del arroyo. Pero en este caso no resulta admisible la excepcionalidad prevista de sacrificar una importante superficie de monte nativo debido a la realización de obras de interés para el país, por la sencilla razón de que ya existía el proyecto Neptuno en ejecución, que no involucra tal pérdida.

Si se hicieran las cosas bien y tomando en cuenta todo lo señalado, el Ministerio de Ambiente debería oponerse el proyecto Casupá, y proponer que se vuelva a Neptuno -que fue debidamente aprobado-, algo que sabemos no ocurrirá tomando en cuenta cuál ha sido la postura del gobierno desde el primer día que asumió la conducción de los destinos del país.