El cese al fuego entre Irán y Estados Unidos: los beneficios de evitar una guerra mayor y qué esperar en la evolución de los precios del petróleo

El memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán no es estrictamente un acuerdo de paz, ni siquiera un acuerdo político definitivo entre dos países que refleje una forma estable de convivencia, sino algo bastante más limitado y, por eso mismo, inestable aunque revelador: una pausa negociada entre adversarios históricos que, por razones distintas, llegan a la conclusión de que seguir escalando el conflicto tenía costos superiores a los beneficios que podían obtener de una victoria militar que ninguno estaba en condiciones de asegurar plenamente.

Ese es, probablemente, el primer punto que conviene despejar, porque no estamos ante una reconciliación estratégica entre Washington y Teherán, ni ante una normalización regional en Medio Oriente, y mucho menos frente a un nuevo equilibrio aceptado por Israel, los países del Golfo, Hezbollah y las distintas fuerzas que operan alrededor de Irán. Estamos frente a un acuerdo de sesenta días que busca detener las operaciones militares, reabrir el Estrecho de Ormuz, permitir una negociación sobre los temas nucleares, habilitar alivios parciales a las sanciones impuestas y poner sobre la mesa un paquete económico muy significativo para Irán, antes de que la guerra se transforme en un problema económico global más grave y políticamente más difícil de administrar, sobre todo dentro de Estados Unidos.

La diferencia no resulta menor, porque la paz se sostiene sobre una modificación profunda de los incentivos de las partes, mientras que un cese al fuego se sostiene, al menos inicialmente, sobre una evaluación inmediata de los costos que implica la continuidad de la guerra. Estados Unidos no parece haber concluido que Irán dejó de ser su enemigo; más bien parece haber entendido que una guerra abierta con Irán, con Ormuz cerrado o restringido, precios de energía al alza, presión sobre la inflación, conflictividad política creciente dentro de Estados Unidos, una instancia electoral por delante y bajos niveles de popularidad de la actual administración, además de Israel empujando por preservar su margen de acción militar, podía convertirse en una crisis demasiado amplia y riesgosa frente a los beneficios esperados. Irán, por su lado, no acepta una rendición ni abandona su papel regional, y obtiene además algo que durante años buscó por distintos caminos: alivio económico, reconocimiento de hecho como interlocutor indispensable y una promesa de reconstrucción que le permite presentar la tregua no como una derrota, sino como una salida con beneficios tangibles.

El contenido conocido del memorando apunta en esa dirección. Hay un cese de operaciones por sesenta días mientras se negocia un acuerdo final, una reapertura gradual del Estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo naval.

Se establecen exenciones para exportaciones iraníes de petróleo y derivados, así como la disponibilidad o liberación progresiva de activos congelados. Se hace referencia al tratamiento del uranio enriquecido, con supervisión internacional y alternativas como la dilución dentro del propio Irán. Y, sobre todo, se fija un compromiso económico de enorme peso político para Estados Unidos, que implica un plan de reconstrucción y desarrollo de Irán por al menos 300.000 millones de dólares.

Esa cifra comprometida es, tal vez, el elemento políticamente más delicado del acuerdo y el que está teniendo mayor repercusión dentro de Estados Unidos. No porque deba interpretarse necesariamente como una transferencia directa del Tesoro estadounidense a Irán, que sería una lectura simplificada y probablemente incorrecta de esas transferencias comprometidas, sino porque el monto cumple una función política que va bastante más allá de la ingeniería financiera concreta que se utilice para instrumentarlo. Los 300.000 millones son la señal que Irán necesita para decir que no está simplemente aceptando una pausa militar a cambio de promesas, sino entrando en un proceso que puede modificar las condiciones materiales de su economía. Y son, al mismo tiempo, el instrumento que Estados Unidos necesita para transformar una desescalada militar en un mecanismo con incentivos suficientes para que Teherán no tenga razones inmediatas para romperlo. Esa es la lógica económica detrás de la negociación. Opera como una póliza que garantiza el cese al fuego y que condiciona, por lo tanto, el accionar de los jugadores principales, reduciendo los incentivos a salirse del acuerdo.

La fórmula, aunque resulte políticamente incómoda para Estados Unidos, es bastante clara: se compra tiempo con recursos, creando una expectativa suficientemente grande como para que el costo de volver a la confrontación sea mayor que el beneficio político de hacerlo. El memorando no resuelve la rivalidad estratégica entre Estados Unidos e Irán; la administra mediante una combinación de alivio económico, control parcial del riesgo nuclear, normalización energética y compromisos regionales que todavía son profundamente frágiles, porque el acuerdo no trabaja, o trabaja muy poco, sobre la desconfianza que persiste entre los jugadores involucrados.

El problema es que ese diseño deja afuera, o al menos no incorpora plenamente, a Israel como uno de los actores centrales en este conflicto. Allí aparece una de las debilidades principales del memorando. Israel no fue parte formal del acuerdo, pero queda directamente afectado por algunas de sus disposiciones, especialmente si el cese de operaciones incluye el frente libanés y, por extensión, la dinámica con Hezbollah. Desde la perspectiva israelí, aceptar que Washington negocie con Irán una pausa que limite las operaciones en Líbano implica aceptar que su margen de acción militar pueda quedar condicionado por una negociación bilateral de la cual no forma parte. Para cualquier gobierno israelí eso sería complejo; para el gobierno de Netanyahu, con una coalición que depende de sectores duros y que se sostiene en una doctrina de seguridad que privilegia la libertad de acción preventiva, el tema se convierte directamente en un problema político interno.

Por eso la posición israelí difícilmente sea de adhesión plena. Israel puede valorar que Irán acepte límites o mecanismos de supervisión sobre su programa nuclear, y también puede beneficiarse de que una guerra abierta entre Estados Unidos e Irán no arrastre a toda la región a una escalada de consecuencias imprevisibles. Pero no va a aceptar fácilmente que el acuerdo sea utilizado para restringir operaciones contra Hezbollah o para consolidar a Irán como interlocutor regional legitimado por Washington. Allí radica una contradicción estructural: para Estados Unidos, el acuerdo necesita incluir de algún modo a los frentes regionales, ya que, en caso contrario, la tregua puede romperse por Líbano, Siria o el Golfo; para Israel, esa misma inclusión podría ser leída como una interferencia sobre su doctrina de seguridad.

El primer test para la continuidad de este cese al fuego, por tanto, no será una ceremonia diplomática ni una declaración de cumplimiento, sino lo que se observe en el terreno en el corto plazo. Si baja la actividad militar en el Líbano, si Hezbollah evita aparecer como responsable de una ruptura y si Israel contiene sus operaciones más allá de acciones puntuales, el acuerdo tendrá margen para permanecer. En cambio, si Israel decide preservar su libertad de acción sin reconocer restricciones derivadas del memorando, Irán tendrá una excusa política para denunciar incumplimientos y Washington quedará en una posición incómoda: presionar a su principal aliado regional o aceptar que el acuerdo ya nazca debilitado.

La otra prueba, y probablemente la de mayor impacto global, será la evolución de los mercados de petróleo. El cese al fuego tiene una dimensión energética tan importante como la militar. Como lo expuse en mi columna de hace dos meses, Ormuz no es solamente un punto de paso marítimo; es una forma concentrada de riesgo geopolítico incorporado al precio del crudo. Cuando el estrecho se cierra, se militariza o se vuelve incierto, el mercado no solo descuenta los barriles que no llegan, sino también seguros más caros, fletes más altos, desvíos logísticos, inventarios que se consumen, refinadores que compran con mayor prima y gobiernos que empiezan a mirar el precio de los combustibles como un problema político interno. Por eso la sola expectativa de reapertura debería generar una corrección inmediata en los precios, siempre que sea percibida por los agentes del mercado como una señal seria entre las partes y no como un nuevo acto fallido o declaraciones sin contenido de alguno de los involucrados en el conflicto.

En el corto plazo, el impacto esperable es una baja de la prima geopolítica que se había incorporado al Brent y al WTI desde el inicio de la guerra. Ese movimiento ya comenzó a verse en el mercado: los precios retrocedieron hacia niveles previos a la fase más aguda del conflicto y los activos financieros reaccionaron como reaccionan cuando se reduce un riesgo sistémico de suministro. Pero sería un error asumir que la firma del memorando devuelve automáticamente el mercado petrolero a la situación anterior. La reapertura efectiva de Ormuz toma tiempo, los embarques deben volver a operar con normalidad, las aseguradoras deben recalibrar riesgo, los compradores deben recuperar confianza y los inventarios estratégicos y comerciales deben recomponerse.

Por eso, el efecto más razonable es una baja inicial fuerte del precio del petróleo, seguida por una estabilización todavía por encima de lo que habría sido el precio sin guerra. El acuerdo saca del precio el peor escenario, que es un Ormuz cerrado durante un período prolongado o una interrupción severa de flujos, pero no devuelve al mercado, de un día para el otro, a una normalidad que todavía no existe. Tampoco elimina la incertidumbre sobre la implementación ni el riesgo de que Israel, Hezbollah, milicias alineadas con Irán o el propio Congreso estadounidense alteren la trayectoria del acuerdo. En el corto plazo puede esperarse una corrección del crudo y cierta reducción en precios de combustibles, especialmente en Estados Unidos. En el mediano plazo, el precio dependerá de tres variables: la normalización efectiva del tránsito por Ormuz, la velocidad de retorno de barriles iraníes y regionales al mercado, y la credibilidad de que el acuerdo final pueda alcanzarse dentro de los sesenta días.

Si esas tres variables se alinean, el precio del crudo debería tender a un rango más bajo que el observado durante la guerra, con una reducción progresiva de la prima geopolítica y un alivio sobre inflación, transporte y costos industriales. Si alguna falla, el mercado puede quedar en una zona intermedia: menos tensión que durante el pico bélico, pero con precios todavía sostenidos por la posibilidad de ruptura.

Para Estados Unidos, el precio de los combustibles es un tema políticamente central en la actual coyuntura. Sigue siendo una variable doméstica de enorme sensibilidad. Una administración puede hablar de estrategia, seguridad y equilibrios regionales, pero el votante ve el precio de los combustibles como una variable que influye fuertemente en la percepción sobre la gestión de gobierno. Si el acuerdo baja el precio del crudo y luego eso se transmite, aunque sea parcialmente, a los combustibles, Trump puede abrazar el relato del memorando como una decisión pragmática que evitó una guerra larga, reabrió Ormuz y alivió el bolsillo de los consumidores. Esa narrativa tiene un valor electoral inmediato para el próximo recambio de medio término en Estados Unidos.

Pero allí también aparece el costo interno, porque ese relato puede ser bien recibido por el electorado más cercano a Trump, pero no necesariamente permear en el electorado menos partidarizado. Además, parte del propio Partido Republicano y del ecosistema conservador puede leer el memorando como una concesión excesiva a Irán, especialmente por el tamaño del paquete económico, por la supervivencia de capacidades nucleares y armamentísticas, y por la posibilidad de que el alivio de sanciones fortalezca a un régimen que Washington lleva décadas intentando contener. La crítica opositora será previsible: se dirá que el país atacó, elevó el costo militar, pero terminó financiando o habilitando la recuperación económica de su adversario; y la defensa de la administración será que no se financió a Irán, sino que se ordenó una salida regional con aportes y mecanismos internacionales, evitando un shock petrolero que habría golpeado a los propios estadounidenses.

El debate, en el fondo, será político, porque las exenciones y licencias financieras pueden ser presentadas como herramientas ejecutivas, pero un levantamiento amplio y durable de sanciones necesita respaldo institucional. Y si el acuerdo final requiere pasos más profundos, el Congreso puede transformarse en un espacio de enfrentamiento. Eso introduce una fragilidad adicional, porque Irán necesita garantías de que los beneficios económicos no serán reversibles en el corto plazo, y el sistema político estadounidense hace difícil que se puedan ofrecer esas garantías permanentes cuando hay sanciones, mayoría legislativa, elecciones y presión de diferentes frentes.

La pregunta de fondo es si sesenta días alcanzan para transformar una pausa militar en un acuerdo políticamente sostenible, y la respuesta, por ahora, es incierta, porque el memorando crea una oportunidad, pero también acumula ambigüedades: no queda claro qué significa exactamente el cese de operaciones en todos los frentes, hasta dónde llega la supervisión nuclear, quién financia y bajo qué condiciones los 300.000 millones, qué margen mantiene Israel en Líbano, qué sanciones puede levantar realmente Washington y qué ocurrirá si una de las partes cumple parcialmente, pero no en la forma esperada por la otra.

Más que una paz, el acuerdo debería entenderse como una apuesta. Una apuesta a que la economía puede ordenar la geopolítica durante un período suficiente para evitar una guerra mayor. Una apuesta a que el alivio petrolero puede darle a Trump el espacio político interno que necesita. Una apuesta a que Irán preferirá la reconstrucción a la escalada. Una apuesta a que Israel aceptará, al menos temporalmente, no poner a prueba los límites del memorando. Y una apuesta a que los actores regionales, incluidos aquellos que no firmaron nada, actuarán como si el costo de romper el acuerdo fuera mayor que el beneficio de sabotearlo.

Si funciona, el acuerdo reducirá el riesgo de guerra regional, moderará el precio del crudo, aliviará presiones inflacionarias y abrirá una negociación nuclear que parecía políticamente bloqueada. Si fracasa, puede dejar a todos los actores en una posición más peligrosa: Irán con más incentivos para acelerar capacidades, Israel con menos confianza en Washington, Estados Unidos con menor credibilidad negociadora y los mercados nuevamente expuestos a una prima de riesgo que volvería con rapidez.

El memorando no vale porque haya resuelto el conflicto, sino porque reconoce que la continuidad de la guerra tenía un costo demasiado alto.
En la complejidad de la conflictividad histórica en Medio Oriente, a veces eso es lo máximo que puede producir la diplomacia: no llegar a una solución final, sino encontrar una forma de impedir que el siguiente paso sea peor.

-El autor, Alfonso Blanco, Ex Director Ejecutivo de OLADE.