Imponiendo lenguajes

En la lista de renuncios y volteretas que jalonan la historia del Frente Amplio, uno de los más recientes pudo pasar desapercibido, pero no deja de ser relevante. Se trata de su repentina conversión a la libertad en el uso del lenguaje.
Ocurrió la semana pasada, en la Cámara, al votarse un proyecto de resolución promovido por el oficialismo en el que se le solicitaba al Presidente de la República que "deje sin efecto aquellos actos administrativos que impongan el uso del lenguaje inclusivo en los diferentes servicios", y que además "ordene por decreto el correcto uso del idioma castellano, prohibiendo cualquier distorsión gramatical en razón de género, etnia u otro tipo de clasificación identitaria".
La resolución fue aprobada con los votos de parlamentarios de gobierno más el Partido de la Gente, y el rechazo de la oposición. En un enfervorizado discurso, el diputado y expresidenciable frenteamplista Gonzalo Winter expuso los argumentos de su sector. Así, partió declarando con convicción: "El lenguaje es un cuerpo vivo, dinámico", por lo que debía rechazarse cualquier intento de imponer una determinada forma de utilizarlo. "La libertad hace que cada uno hable como quiera", siguió, para luego denunciar que el proyecto de resolución proponía instalar una verdadera "policía del lenguaje", muestra del "viejo autoritarismo de la derecha". El diputado terminó sus palabras lanzando una profecía contra sus colegas: "Van a fracasar, porque todos los que han intentado imponer un lenguaje en los últimos 1.700 años han fracasado".
Sería, en verdad, difícil cuestionar el alegato del parlamentario por la libertad en el uso del idioma... si no fuera porque justamente su partido y el gobierno que él apoyó -la administración del expresidente Boric- impulsaron hasta marzo recién pasado el que probablemente haya sido el mayor intento de este siglo por imponer en Chile una determinada forma de hablar y de escribir. En efecto, si bien puede parecer extrema la pretensión de prohibir por decreto las distorsiones gramaticales, ¿no fue aún más absurdo haber levantado durante cuatro años todo un aparataje destinado a instalar forzosamente el llamado "lenguaje inclusivo" en el funcionamiento diario del Estado? De hecho, una de las características de ese período fue la profusión de manuales e instructivos desarrollados por distintos ministerios con el exclusivo fin de adecuar el uso del idioma a los dictados de la corrección política en versión frenteamplista, aunque ello supusiera torcer artificiosamente el habla. Y junto con la elaboración y difusión de esas directivas, a falta de una "policía del idioma", sí hubo una pléyade de funcionarios que tenían entre sus tareas la de asegurar que todos los documentos de las diferentes reparticiones estuvieran redactados conforme a las reglas del "lenguaje inclusivo", ese que hablaba de "les niñes" y hasta de las "caletas con perspectiva de género".
Cabe valorar que hoy se admita que no es razonable hacer de la política una guerra cultural ni usar el poder del Estado para esos fines, pero si alguien carece de mínima credibilidad para enarbolar dicha crítica contra el resto es precisamente el Frente Amplio. Y es que el fracaso que les vaticina Winter a quienes pretendan imponer un cierto lenguaje es el mismo que ya sufrió su propio sector en ese empeño absurdo.