Colombia sin miedo

No puede dejar de pensarse esto ahora que terminó la contienda presidencial. No puede dejar uno de recordar a Miguel Uribe Turbay y preguntarnos qué hubiera sido de esa campaña con él adentro, qué hubiera sido de este país, qué hubiera sido la vida de una familia que hoy tiene que explicar por qué su padre no va a volver, si la violencia armada y la instrumentalización de un menor no le hubieran arrebatado todo eso de un disparo. También tenemos que recordar a Jean Claude Bossard, un amigo al que tampoco podré llamar ni disfrutar de su compañía, porque otro adolescente armado decidió, en un intento de hurto, que su vida valía menos que lo que llevaba encima. Pero este escrito no es un lamento, es un llamado a que los miles de casos similares no sigan siendo paisaje. Ambos casos comparten un patrón que el país no puede seguir tratando como anécdota: el arma ilegal y el menor instrumentalizado por estructuras criminales que saben lo que hacen. Miguel murió en agosto de 2025, dos meses después de recibir un disparo en un acto de campaña en Bogotá. Jean Claude murió en diciembre, a manos de un adolescente de 16 años que ya tenía antecedentes y cumplía libertad vigilada por otro robo. La cifra lo confirma. Según el Centro de Estudios de Justicia, 77,9% de los homicidios registrados en Colombia en el primer semestre de 2024 involucraron armas de fuego. En Inglaterra y Gales esa proporción es del 4%; en Australia, la tasa total de homicidios no llega a 1 por cada 100.000 habitantes. La diferencia no está en la cultura ni en la geografía: está en que esos países convirtieron el arma ilegal en una prioridad de Estado, y Colombia todavía no. A esto se suma una economía ilegal en expansión: la ONU reportó en 2024 un aumento del 53% en la producción de cocaína y 253.000 hectáreas de coca cultivada, cifras que explican por qué cada año hay más armas y más jóvenes reclutados. El problema no es la falta de normas. Colombia tiene Código Penal, sistema de responsabilidad penal para adolescentes y aparato judicial completo. Lo que falta es ejecución: que el porte ilegal y el delito armado tengan consecuencia cierta y rápida, no una probabilidad remota. Mientras esa ecuación no cambie, las estructuras criminales seguirán reclutando adolescentes. Esa lógica perversa es la que intenta romper un proyecto de ley que se gesta entre senadores, la sociedad civil y equipos técnicos, conocido como Colombia sin miedo. Plantea un procedimiento penal preferente para delitos armados, con fiscales y jueces de agenda dedicada; una presunción legal de peligrosidad para casos de riesgo objetivo; y una expansión penitenciaria austera pero real. Incluye un artículo, pedido por la familia de Bossard, para que el menor que cometa homicidio, extorsión o cualquier delito armado responda en el régimen penal de adultos. Es una medida dura, que deberá superar un juicio estricto de proporcionalidad frente al artículo 44 de la Constitución, pero que pone sobre la mesa una pregunta que el país ya no puede seguir evadiendo: qué pasa cuando proteger al niño en el papel termina, en la práctica, protegiendo al criminal adulto que lo usa como instrumento desechable. El gobierno que llega en agosto tiene la oportunidad de no dejar que esto se quede en duelo. Buena parte de esta agenda no requiere reforma constitucional ni nueva ley para arrancar: puede empezar por decreto desde el primer día, mientras el Congreso debate con calma lo que sí necesita trámite legislativo, incluida la ampliación sobre menores. A Miguel y a Jean Claude ya no los vamos a poder llamar. Lo menos que les debe este país es que su muerte, y la de tantos más, cambien algo.