Valparaíso y el Tratado de Alta Mar

La postulación de Valparaíso a la sede del Tratado de Alta Mar, o más precisamente, Acuerdo sobre Biodiversidad Marina fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ, por su sigla en inglés), fue hecha por la Cancillería durante el mandato del Presidente Boric y recientemente ratificada por el canciller Pérez Mackenna representando a la actual administración. El Tratado aborda la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en los océanos más allá de los límites jurisdiccionales marítimos de cada país, para lo cual resulta esencial contar con el acuerdo generalizado de las naciones. Ello implica construir una evidencia robusta respecto de las características de esa biodiversidad, las condiciones bajo las cuales se desenvuelve y, a partir de esto, entender la manera de protegerla, pero también de aprovecharla sosteniblemente para beneficio de la humanidad. Claramente, eso involucra un esfuerzo científico de gran envergadura por parte de los países, y también el desarrollo de tecnologías que consigan que todo lo anterior se implemente adecuadamente.
Valparaíso compite por la sede con Bruselas, la capital de Bélgica y ciudad que alberga a varias instituciones y oficinas de la Unión Europea, y con Xiamen, ubicada en China, donde ese país ha ofrecido un edificio de última generación para instalar la sede. La postulación chilena se afirma en nuestro permanente protagonismo en estas materias, con históricas contribuciones al desarrollo del derecho del mar e hitos recientes como la conferencia "Nuestro Océano", de 2015, que convocó a decenas de países bajo el liderazgo del entonces canciller Heraldo Muñoz, en la que se trataron estos temas, además de la pesca ilegal, la contaminación con plásticos, la creación de áreas marinas protegidas y la acidificación de los océanos y su impacto en el cambio climático.
Hay un transversal interés de la población porteña por conseguir la sede, dado el impulso que podría darle a una ciudad que sigue sufriendo una paulatina decadencia, acentuada por autoridades municipales que han puesto todo tipo de problemas a los proyectos modernizadores. En caso de que Valparaíso resultara favorecido, enfrentará varios desafíos. Entre ellos, escoger de entre los edificios disponibles el apropiado para instalar la sede, invertir en su habilitación con estándares que estén a la altura de los requerimientos que un desafío de esta envergadura impone y, además, prepararse para la demanda administrativa que signifique. Con todo, aunque es cierto que eso puede colaborar a la recuperación de Valparaíso, esta solo se logrará en la medida en que incluya un plan urbanístico moderno, que aproveche el dinamismo del sector privado y no lo combata, y así permita dar inicio a una etapa distinta para la ciudad puerto.
Por otra parte, una eventual sede del Tratado del Mar debería ser aprovechada por toda la comunidad científica nacional, bajo el liderazgo de sus autoridades, para que el país se incorpore a las cadenas de investigación mundiales que trabajan con los océanos -la zona menos conocida del planeta desde el punto de vista científico- y de esa manera movilizar al ecosistema de investigación nacional en las direcciones que un esfuerzo de este tipo requiere. Ello cobra particular importancia por el carácter marcadamente marítimo que Chile posee, con miles de kilómetros de costas y un vasto océano por delante, que provee al Tratado del Mar de un "laboratorio natural" de primer nivel.
La obtención de dicha sede puede ser un importante impulso para el inicio de un renovado desarrollo urbanístico en Valparaíso, y para el desarrollo científico de Chile como un todo. Asimismo, lo anterior puede aprovecharse para impactar el turismo porteño de maneras que la ciudad no ha conocido hasta ahora. Pero todo eso requiere de voluntad, decisión y convicción de parte de sus autoridades, municipales y nacionales.