Tendencia de envejecimiento de la población elevaría costo de exención de contribuciones a primera vivienda

Las contribuciones de bienes raíces han sido centrales en el debate público, especialmente en las últimas semanas por su discusión en el proyecto de ley de Reconstrucción o "ley miscelánea" del Gobierno.
En esa iniciativa, el Ejecutivo propone la exención -para la primera vivienda- a todos los adultos mayores que hoy pagan contribuciones. Actualmente, son más de 300 mil las personas mayores que están en esa condición, según cifras del Servicio de Impuestos Internos (SII).
Un estudio del investigador de la Fundación Piensa y experto en economía urbana, Ignacio Aravena, analizó el impacto que tendría de aprobarse esta propuesta -que hoy se discute en el Senado- en el Fondo Común Municipal (FCM), que se financia principalmente con lo recaudado por los cobros del impuesto territorial.
También advierte de la mayor presión sobre las arcas públicas que se generaría con el crecimiento de la población de edad más avanzada en el país.
Costos al alza
La tendencia demográfica de envejecimiento de la población es un fenómeno que no solo está afectando al sistema de salud y al previsional. También tendría impactos en el costo de posibles beneficios por el pago de contribuciones a adultos mayores.
Según el análisis de Ignacio Aravena, el universo de adultos mayores que hoy paga el impuesto pasaría de representar cerca de 396 mil (2025) a 478 mil en 2030.
En esa línea, se advierte que las tasas de propiedad de viviendas se concentran en rangos etarios altos, con una masa significativa de personas entre 50 y 64 años que ingresará a la categoría de adultos mayores en los próximos años (ver gráfico).
Esto llevaría a que el costo de la exención que se plantea en el proyecto de Reconstrucción subiría de $229.200 a unos $276.300 millones.
El experto calcula que la propuesta que también viene en el proyecto de extensión del DFL2 a terceras viviendas económicas de hasta 90 metros cuadrados, con un impuesto único sobre arriendo, alcanza a compensar el crecimiento del costo de $47.100 millones, pero no su nivel base. Esto llevaría a que el mayor desembolso neto sea de unos $9.400 millones cada año.
Aravena comenta que las exenciones "son solo una de las respuestas posibles, y la más cara" para el Fondo Común Municipal. "Existen alternativas -postergar el pago (no eximir), focalizar por capacidad de pago, o ampliar la base con una tasa menor- que pueden ayudar a los adultos mayores, sin erosionar el financiamiento municipal", planteó.
En la presentación que realizó en mayo en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, la presidenta del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), Paula Benavides, alertó que la presión de gasto por la compensación permanente del fisco al sistema municipal vía el FCM, podría ser mayor si la pérdida de ingresos producto de la exención de contribuciones es superior a la estimada en el tiempo, por el envejecimiento de la población "y/o un cambio en el comportamiento (mayor inscripción de viviendas a nombre de mayores de 65 años)".
Efecto comunal
Aravena calcula que en Las Condes el costo total asciende a $36.200 millones bajo la exención que está en la iniciativa de Reconstrucción. De ese monto, el municipio perdería hasta $12.600 millones de ingreso propio, mientras que entre $4.600 y $23.500 millones corresponden a recursos que dejarían de aportarse al FCM. En Peñalolén, el costo se ubica en $7.000 millones, de los cuales unos $2.800 millones son pérdida local.
En las comunas de menores ingresos que dependen del Fondo Común Municipal para funcionar, la pérdida no ocurre en la recaudación local sino en la menor redistribución que reciben desde el fondo.
A nivel nacional, el FCM se reduciría en hasta $144.200 millones bajo la exención planteada por el Ejecutivo. El Ministerio de Hacienda contempla compensar parte de esa merma de recursos vía Ley de Presupuesto.
Gestión de municipios
Sebastián Hudson, gerente general de Póliza Gestión, explica que la recaudación del impuesto territorial ha crecido "de manera sostenida y significativa" durante la última década, pasando de $1,4 billones en 2019 a más de $2,5 billones en 2024, lo que significa un incremento superior al 75% en cinco años. Recuerda que entre 2014 y 2018, el crecimiento promedio anual fue cercano al 10%.
"La pregunta legítima que nadie está haciendo es qué se hizo con ese crecimiento. ¿Mejoraron en igual proporción los servicios comunales -áreas verdes, seguridad, alumbrado, mantención de vías-? ¿Hay municipios que pueden acreditar que cada peso adicional recaudado se tradujo en mejor calidad de vida para sus vecinos? Hasta ahora, esa rendición de cuentas no existe de forma sistemática ni exigible", señala Hudson.
El especialista agrega: "Apoyar o rechazar la exención para adultos mayores es una decisión política legítima. Pero los municipios no pueden invocar sus necesidades de financiamiento sin antes comprometerse con garantías reales de uso eficiente de los recursos que ya reciben".
ImpactoEl fondo común municipal se reduciría en hasta $144.200 millones bajo la exención planteada.sigue en b 2