¿Transición energética estancada?

En el último informe del Foro Económico Mundial, Chile se ubica en el lugar 20 del ranking de la transición energética, subiendo un puesto, pero su puntaje apenas cambia en un 1,3% respecto de la medición anterior. Así, pese a la enorme inversión en el sector eléctrico y a la rápida transformación de la matriz, el informe critica falta de avances en sostenibilidad, seguridad y equidad. Este casi estancamiento del indicador no es una noticia positiva, aunque es probable que hacia adelante mejore, porque ya se han tomado acciones respecto de algunos de los problemas advertidos, si bien falta avanzar en otras dimensiones.
La situación básica no es mala: disponemos de energía limpia, segura y, en principio, de bajo costo, gracias a la inversión en baterías y energías renovables. De hecho, en abril pasado, el 46% de la electricidad producida fue con energías renovables no convencionales. Y si se agrega la hidroelectricidad, un 64% provino de fuentes renovables. Otro aspecto positivo es que, en particular, la minería (incluidos sus procesos de desalación de aguas) utiliza cada vez más este tipo de energías en sus procesos.
No obstante, los especialistas advierten una menor confianza de los inversionistas en el sector eléctrico. Uno de los obstáculos es una legislación anticuada y que no se adapta fácilmente a las nuevas tecnologías, lo que se suma a las muchas dificultades para desarrollar inversiones en transmisión y distribución. Otros problemas han sido el escaso crecimiento económico y los altos precios actuales de la electricidad, debido a la necesidad de repagar deudas con las empresas y a algunas distorsiones en el sistema tarifario. Por último, salvo la señalada excepción minera, no se ha avanzado en electrificar el sistema productivo, el transporte y los consumos energéticos de los hogares.
Con todo, ha habido recientemente avances importantes. Entre ellos, cabe reconocer que el gobierno pasado tuvo el mérito de finalmente transparentar los costos de los años de congelamiento de tarifas, resolviendo una fuente de incertidumbre. La actual administración, a su vez, ha enviado al Congreso una propuesta legal que resuelve otros problemas pendientes. Así, salda las obligaciones con las empresas de distribución y adecua los períodos de fijación tarifaria para evitar la repetición de los retrasos que dieron origen a esta deuda. El inconveniente es que repagar eleva el costo actual de la electricidad, y aunque este bajará algo en 2028, mantendrá recargos por sobre su costo efectivo hasta 2035. El proyecto de ley, por otra parte, permite que las empresas de distribución propongan planes de inversiones que mejoren la calidad del servicio (actualmente muy deficiente). Esto permitiría avanzar en la electrificación de los consumos energéticos, porque una red más resiliente da más confianza a los clientes.
Lo que falta es realizar reformas más profundas a la legislación, para adaptarla a la transición energética. Es también necesario promover la electrificación de los consumos de los hogares, el transporte y la industria. En muchos sectores, la electrificación será natural cuando los precios caigan y su suministro sea más estable. Esto significa que el Gobierno debe ser proactivo en garantizar que las inversiones en redes respondan rápidamente a ese proceso. También es posible intervenir mediante impuestos a las emisiones de gases de efecto invernadero, porque esto corrige la externalidad asociada al cambio climático. Pero estos impuestos deben ser moderados (al menos en el futuro cercano) y no tener un propósito recaudatorio. Su objetivo debe ser incentivar la transición energética, evitando que sus impactos económicos produzcan un efecto boomerang , con un rechazo generalizado a las políticas verdes, como ha ocurrido en otros países.