Más que de Canadá, futuro de Canacol depende de Colombia

La decisión de la Corte de Alberta (Canadá), de autorizar a Canacol Energy a terminar varios contratos de suministro y transporte de gas natural, abrió un nuevo capítulo para la compañía, pero no definió su futuro en Colombia. Ese desenlace dependerá ahora de las autoridades colombianas, que deberán decidir si reconocen o no los efectos del fallo dentro del proceso de insolvencia transfronteriza que adelanta la empresa. Mientras tanto, el mercado comienza a evaluar las consecuencias de un escenario en el que el principal productor privado de gas del país reduzca o cese su operación, con implicaciones para la industria, las distribuidoras, el abastecimiento nacional y las reglas que han regido la comercialización del combustible. El fallo emitido el pasado 24 de junio por el juez Colin C.J. Feasby autorizó a Canacol a terminar contratos de suministro y transporte como parte del proceso de reorganización que adelanta bajo la Companies' Creditors Arrangement Act (CCAA) de Canadá. La decisión parte de la premisa de que la terminación de esos acuerdos facilitaría la reestructuración financiera de la compañía y permitiría construir nuevas relaciones comerciales bajo condiciones consideradas sostenibles. Sin embargo, esa autorización no tiene aplicación inmediata en Colombia. Antes de que produzca efectos, deberá ser reconocida por la Superintendencia de Sociedades, entidad que evaluará si la decisión resulta compatible con la Ley 1116 sobre insolvencia transfronteriza, el orden público económico y la protección de los acreedores y del interés general. Ese punto marca la diferencia entre lo ocurrido en Canadá y lo que podría suceder en el mercado colombiano. Hasta tanto no exista un pronunciamiento de la autoridad nacional, los contratos permanecen vigentes y las obligaciones derivadas de ellos continúan produciendo efectos, señalaron fuentes consultadas por este medio. Para Julio César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy y experto en hidrocarburos, la decisión de la Corte canadiense constituye apenas una etapa dentro del proceso jurídico. "A la luz de la Ley 1116 requiere una autorización de la Superintendencia de Sociedades sobre dicha decisión y esta última está facultada para negar medidas que vayan en contra del ordenamiento nacional, por lo cual dicha entidad tiene la última palabra", explicó. El experto añade que la actuación de la Superintendencia no excluye otras intervenciones institucionales. Según indicó, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Superintendencia de Servicios Públicos también podrían adoptar medidas dentro de sus competencias si encuentran incumplimientos operativos o contractuales. Mientras ese trámite avanza, varias de las empresas involucradas comenzaron a fijar su posición. Surtigas informó que la decisión emitida por la Corte canadiense comprende dos contratos de suministro de gas natural suscritos con Canacol en julio de 2022. No obstante, precisó que dichos acuerdos continúan vigentes porque la autorización judicial aún debe surtir el proceso de reconocimiento en Colombia. La distribuidora aseguró que continuará interviniendo tanto ante la justicia canadiense como ante la Superintendencia de Sociedades para defender sus intereses, los de los usuarios, los demás acreedores y el interés general. Además, indicó que seguirá prestando el servicio público de gas natural mediante los mecanismos previstos en la regulación colombiana para garantizar el suministro a hogares, comercios e industrias. Una posición similar adoptó Gases del Caribe. La compañía recordó que la decisión involucra dos contratos suscritos con empresas del grupo Canacol y reiteró que estos permanecen vigentes mientras no exista un pronunciamiento definitivo por parte de la Superintendencia. La empresa manifestó que continuará ejerciendo los recursos legales disponibles y desarrollando los acuerdos permitidos por la regulación para mantener la prestación del servicio y garantizar que la oferta de gas llegue a los usuarios. Las posiciones de ambas distribuidoras reflejan que el mercado se encuentra en una etapa de transición, en la que ninguna de las partes considera ejecutables las terminaciones contractuales hasta que las autoridades colombianas concluyan el análisis correspondiente. Los riesgos Más allá del proceso jurídico, la preocupación empieza a concentrarse en las consecuencias que tendría una eventual reducción de la operación de Canacol sobre el abastecimiento nacional. La empresa ha señalado que su intención es continuar produciendo y comercializando gas natural, siempre que exista disponibilidad y que las contrapartes acepten negociar contratos reestructurados. La propia Corte canadiense reconoció que la reorganización busca preservar e incluso aumentar la producción de gas en Colombia y sostuvo que un escenario sin reestructuración representaría un riesgo mayor para el suministro nacional. No obstante, algunos de sus principales clientes ya advierten los efectos. Uno de ellos es Cerro Matoso. La compañía informó que Canacol suministra aproximadamente el 82% del gas natural que utiliza en su operación de ferroníquel y aseguró que se han presentado reducciones en las entregas.