‘Suplantando’ a la diplomacia

Nicolás Potdevin Stein
Aunque aparentemente superada, la reciente tensión entre Colombia y Ecuador deja una señal preocupante para la integración regional: la creciente tentación de usar aranceles para resolver disputas políticas o de seguridad que deberían tramitarse vía canales institucionales. En enero, una controversia sobre seguridad fronteriza derivó en medidas comerciales. Ecuador impuso una "tasa de seguridad" del 30% a productos colombianos y Colombia respondió con medidas espejo. Sin embargo, la Comunidad Andina intervino para recordar un principio básico: dentro de un esquema regional de integración, los desacuerdos políticos no pueden resolverse mediante restricciones comerciales unilaterales. La influencia del escenario internacional es evidente. Bajo la actual administración estadounidense, los aranceles dejaron de presentarse exclusivamente como herramientas técnicas sujetas a reglas multilaterales y comenzaron a utilizarse explícitamente como instrumentos de negociación política. El mensaje implícito es problemático: si una economía poderosa puede apartarse de las reglas y aun así obtener concesiones, otros gobiernos pueden concluir que el costo institucional de incumplirlas es bajo. El riesgo es profundo. El comercio internacional deja entonces de operar como un sistema basado en reglas y previsibilidad y empieza a transformarse en una cadena de respuestas unilaterales y retaliaciones. Esa lógica no solo debilita a la OMC, erosiona acuerdos regionales como la Comunidad Andina. El caso entre Colombia y Ecuador deja una conclusión importante: las instituciones sí funcionan. La intervención de la Comunidad Andina mostró que los mecanismos jurídicos regionales siguen operando como límites frente a decisiones unilaterales de los gobiernos. Incluso en un contexto internacional donde aumenta la presión política sobre las reglas comerciales, las instituciones conservan capacidad para corregir excesos y preservar compromisos. Ese punto es crucial porque el debate actual suele asumir que las reglas internacionales son irrelevantes frente al poder político. El episodio demuestra lo contrario: las instituciones pueden actuar como contrapeso frente a las facultades de los presidentes y evitar que decisiones de corto plazo debiliten procesos de integración construidos durante décadas. Además, los costos de estas medidas rara vez recaen únicamente sobre el país al que se pretende presionar. Los aranceles encarecen insumos, afectan cadenas de abastecimiento, generan incertidumbre y terminan perjudicando a consumidores, empresas y exportadores nacionales. La verdadera pregunta no es qué hacer frente a Ecuador, EE. UU. o cualquier otro país, sino qué ocurre si esta lógica se normaliza. Si cada tensión diplomática termina convertida en una disputa comercial, el comercio dejará de funcionar como un sistema de reglas para convertirse en un instrumento permanente de presión política. Cuando los aranceles reemplazan a la diplomacia, no solo se deteriora el comercio: se debilita la credibilidad de las instituciones que sostienen la integración regional.
Socio de Pérez-Llorca, Gómez-Pinzón.