El Comercio, Perú
2 de julio de 2026
El Perú podría enfrentar en los próximos meses uno de los mayores desafíos para la gestión pública de los últimos años
El Perú podría enfrentar en los próximos meses uno de los mayores desafíos para la gestión pública de los últimos años. Las proyecciones sobre un posible Fenómeno de El Niño de fuerte intensidad coinciden con el inicio de un nuevo gobierno nacional y, pocos meses después, con la renovación de autoridades regionales y municipales. Sin embargo, la verdadera pregunta es: ¿está preparado el Estado para proteger el logro de los objetivos públicos frente a los riesgos derivados de los eventos que este fenómeno podría desencadenar? Con frecuencia, el debate se concentra en las lluvias intensas, los huaicos, las inundaciones o los desbordes de ríos. No obstante, esos eventos corresponden a las manifestaciones de una amenaza natural. El riesgo es distinto. Surge cuando esos eventos pueden comprometer el logro de los objetivos públicos: garantizar la continuidad de los servicios de salud, mantener operativas las vías de comunicación, asegurar el abastecimiento de alimentos, preservar la infraestructura crítica o brindar la atención oportuna a la población. La diferencia puede parecer únicamente conceptual, pero tiene profundas implicancias para la gestión pública. Si entendemos que el problema son únicamente las lluvias, actuaremos cuando estas ya hayan ocurrido. En cambio, si comprendemos que el verdadero desafío consiste en proteger los objetivos públicos frente a los riesgos que esas lluvias pueden generar, la respuesta cambia: anticipamos escenarios, fortalecemos capacidades, coordinamos instituciones y tomamos decisiones antes de que la emergencia se materialice. Esa es la esencia de la capacidad preventiva del Estado. No consiste en evitar que ocurra el Fenómeno de El Niño, porque ninguna institución puede impedirlo. Consiste en reducir la probabilidad de que sus efectos comprometan el bienestar de la población y el funcionamiento de los servicios públicos mediante la identificación, evaluación y tratamiento de los riesgos que podrían afectar el logro de los objetivos públicos. Además, El Niño no genera un único riesgo. Produce una cadena de impactos que puede propagarse rápidamente. Una inundación puede inutilizar una carretera; ello puede interrumpir el transporte de alimentos y medicinas; posteriormente pueden incrementarse los precios, afectarse la actividad económica y generarse mayores demandas sobre los servicios públicos. De igual manera, la necesidad de ejecutar contrataciones de emergencia en plazos reducidos puede incrementar la exposición a riesgos de corrupción, conflictos de interés o decisiones apresuradas. Lo que comienza como un fenómeno climático puede terminar comprometiendo el funcionamiento de múltiples instituciones. Cuando los riesgos de distintos sectores se potencian entre sí y generan efectos en cascada, dejan de ser riesgos aislados para convertirse en un riesgo sistémico para el Estado. Por ello, el verdadero desafío no será únicamente enfrentar lluvias intensas, sino gestionar un riesgo sistémico que afecta la infraestructura, la salud, la educación, la agricultura, el transporte, el abastecimiento de agua, la economía y la gobernanza. Ninguna entidad podrá resolver este problema de manera aislada. La coordinación entre los distintos niveles de gobierno y entre las instituciones públicas será determinante para reducir sus impactos. Este escenario adquiere una importancia aún mayor debido al proceso de transición política. Las nuevas autoridades nacionales asumirán funciones cuando las acciones preventivas ya deberían estar en marcha, mientras que los nuevos gobiernos regionales y locales podrían iniciar su gestión cuando el fenómeno alcance su mayor intensidad. Ello exige asegurar la continuidad de las acciones emprendidas, evitar interrupciones en la toma de decisiones y fortalecer los mecanismos de coordinación institucional. La prevención debe ser una política permanente del Estado. La gestión de riesgos deja de ser un procedimiento técnico para convertirse en una herramienta de gobierno. Su propósito no es producir matrices ni cumplir formalidades administrativas, sino proporcionar información para anticipar escenarios, priorizar decisiones y proteger el logro de los objetivos públicos. La naturaleza seguirá poniendo al Perú frente a grandes desafíos. La diferencia no la marcará únicamente la intensidad del Fenómeno de El Niño, sino la capacidad del Estado para anticipar sus riesgos, proteger el logro de los objetivos públicos y preservar la continuidad de los servicios que sostienen la vida de millones de peruanos. Esa es, en esencia, la verdadera capacidad preventiva del Estado.