La cultura de la trampa y sus costos ocultos

¿Qué pasa cuando una sociedad exige cada vez más derechos, pero cada vez menos personas están dispuestas a cumplir las obligaciones que los hacen posibles? La respuesta, los costos no son teóricos. La aceptación cultural del engaño siempre termina mal.
El sistema de transporte público de Santiago (RED) registra una evasión superior al 35%, muy por encima de Bogotá (15%), Londres (2%) o Berlín (1%). En las autopistas concesionadas, la morosidad en TAG casi se duplicó entre 2020 y 2025. En el Crédito con Aval del Estado, los beneficiarios al día en sus pagos vienen cayendo desde 2021, justo después de que se instalara la expectativa de una condonación general. Y en programas de becas, como Becas Chile o la Beca Vocación de Profesor, un porcentaje relevante de beneficiarios simplemente no cumple con la contrapartida comprometida: volver al país o trabajar en el sistema público. En el caso del Registro Social de Hogares, la principal fuente de información para la priorización en la entrega de subsidios y beneficios estatales, la cantidad total de familias registradas es un 35% más alto que las cifras que entrega el Censo poblacional. Esconder parte de la familia o bien dividirla en dos pareciera ser una estrategia habitual para maximizar los beneficios obtenidos desde el Estado. Aunque con características distintas, se acumula también evidencia anecdótica que indica que algo raro pasa con los bonos por cumplimiento de metas en el sector público chileno. Los PMG (Programa de Mejoramiento de la Gestión), las MEI (Metas de Eficiencia Institucional) y el Bono de Desempeño Institucional tienden a producir casi milagrosamente y casi sin excepciones rendimientos perfectos de 100%.
Son fenómenos distintos, pero comparten una misma lógica. Alguien recibe un beneficio financiado colectivamente y luego decide no asumir el costo que le correspondía o bien alterar la información que se entrega con el fin de obtener mayores apoyos. El beneficio queda en manos de esa persona; la pérdida se reparte entre millones de contribuyentes que sí pagaron su pasaje, sí pagaron el peaje, sí cumplieron su beca o no le mintieron al Estado.
En economía a ese comportamiento se denomina como el problema del "polizón": toda acción colectiva es vulnerable a quienes buscan beneficiarse sin aportar. Individualmente, esa conducta puede parecer racional. Pero cuando se generaliza, termina erosionando la viabilidad del sistema completo.
No es un detalle marginal: esa trampa es el mecanismo que explica por qué los sistemas de protección social se debilitan, aunque el gasto público siga aumentando.
Además del costo fiscal -los 200 millones de dólares anuales que se pierden por evasión en el transporte, o los cerca de 100 mil millones de pesos de deuda detectados en la reciente auditoría de Becas Chile-, lo grave es la señal que se envía cuando el incumplimiento queda sin consecuencias, o peor, cuando se le premia con condonaciones. En las licencias médicas, de casi 30 mil sumarios abiertos contra funcionarios públicos por irregularidades, menos del 2% terminó en destitución.
Aquí está el punto que suele omitirse en el debate público: todo derecho social tiene, al otro lado, una obligación que lo financia. Cuando esas obligaciones dejan de cumplirse, el costo no se evapora: se traslada a la próxima generación de contribuyentes o, directamente, a quienes hoy no pueden acceder al mismo beneficio porque el sistema ya no da abasto.
Este razonamiento no es una defensa de la mano dura por la mano dura. Es, más bien, un llamado a tomarse en serio la reciprocidad como condición de sostenibilidad. Las sociedades no funcionan solo con reglas punitivas; tenemos un desafío con una dimensión cultural evidente y no se puede pretender que una "doña Dorothy", real o metafórica, haga aquello respecto de lo que todo el resto hace la vista gorda.
El desafío, entonces, no es simplemente ampliar beneficios ni tampoco recortarlos indiscriminadamente. Es fortalecer, con la misma energía con que se diseñan nuevos derechos, los mecanismos de fiscalización, cobranza y sanción que permiten que esos derechos sean sostenibles en el tiempo.
"Todo derecho social tiene, al otro lado, una obligación que lo financia. Cuando esas obligaciones dejan de cumplirse, el costo no se evapora: se traslada a la próxima generación de contribuyentes o, directamente, a quienes hoy no pueden acceder al mismo beneficio".