El nuevo presidente y el cambio climático

El nuevo presidente, Abelardo de la Espriella, deberá hacer un examen y un replanteamiento a fondo de las políticas para la protección ambiental en Colombia, que continúan fracasando, si se toma en cuenta que las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), el declive de la biodiversidad y la contaminación química siguen incrementándose. Este análisis es necesario hacerlo en el marco de las tendencias globales. En esta primera columna me concentraré en el tema del cambio climático, y en la próxima, del tema de la biodiversidad, crucial para Colombia. Tras las Conferencias de las Partes (COP) de la Convención de Cambio Climático que tuvieron lugar en Bakú, Azerbaiyán, y en Belem do Pará, Brasil, en noviembre de 2024 y 2025, respectivamente, las emisiones de GEI siguen incrementándose a niveles récord y la brecha para cumplir las metas del Acuerdo de París, firmado en 2015, sigue siendo peligrosamente amplia. El texto final aprobado en la COP30 omitió cualquier directriz u hoja de ruta para la eliminación gradual de carbón, petróleo y gas, cediendo a las presiones de los países productores, no obstante que este proceso se inició con altas expectativas en la COP28 en 2023. Como reacción a este hecho, Colombia y los Países Bajos han liderado la organización de conferencias de seguimiento para forzar el abandono de los combustibles fósiles fuera de la vía oficial de la ONU, entre las cuales sobresale la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, realizada en Santa Marta, el pasado mes de abril. Pero el éxito de un acuerdo en esta dirección es inexistente, si se toma en cuenta que en la conferencia de Santa Marta estuvieron representados países que en total solamente emiten el 30 % de los GEI (situación que se explica por el hecho de que grandes potencias y emisores históricos como Estados Unidos, China, Rusia y Arabia Saudita estuvieron ausentes). En relación con la transición energética (la sustitución de combustibles fósiles por energías renovables: eólica, fotovoltaica e hidráulica), la política del gobierno Petro de frenar la exploración de nuevos yacimientos ha provocado un déficit interno de gas natural. Esta crisis ha obligado al país a importar gas, lo que ha generado un aumento de los costos energéticos y ha abierto un intenso debate político sobre la viabilidad de la transición energética actual frente a la soberanía del sector. Abelardo de la Espriella incluyó en su programa un cambio radical y necesario de política, que incluye la explotación mediante fracking, tecnología esta sobre cuya conveniencia los ambientalistas nos encontramos divididos (yo pienso que es necesario revivir los proyectos pilotos de explotación acordados durante el gobierno Duque). Necesario recordar que en el caso de Colombia el 59,2 % de las emisiones de GEI proceden del cambio del uso del suelo, en particular de la deforestación. La pérdida de bosques primarios en Colombia disminuyó 17 % de 2024 a 2025. Este fue el segundo año más bajo desde 2016, pero más alto que el registrado en 2023. Ante la ambiciosa meta de restaurar más de 750.000 hectáreas, establecida por el gobierno de Petro, las información sobre el avance realizado es muy incierta: aunque el Ministerio de Ambiente reporta avances cercanos al 93 % de su ambiciosa meta, académicos y expertos ambientales señalan una ausencia de datos verificables y metodologías claras para comprobar la amplitud y el impacto real de estas intervenciones sobre el terreno. La restauración y detener la deforestación hacen parte simultáneamente de la mitigación del cambio climático y de la lucha contra el declive de la biodiversidad, tema este último del cual me ocuparé en la próxima columna. Y también hacen parte de la adaptación al cambio climático que incluye disminuir el impacto de los eventos climáticos extremos, un problema que debe enfrentarse con alta prioridad: precisamente el próximo gobierno enfrentará desde el 7 de agosto el fenómeno de El Niño: se augura que generará el período de sequía de mayor intensidad en las últimas décadas. Enfrentarlo incluye incorporar todas las medidas que sea posible para asegurar la provisión de agua potable a toda la población.
Un examen de las políticas ambientales
Manuel Rodríguez Becerra